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José Antonio Rojas Nieto: Mercado eléctrico en México: la segunda

Written By Unknown on Senin, 26 Mei 2014 | 14.11

I

niciemos esta nota con un comentario reciente de Perogrullo: no es de fácil lectura el proyecto de Ley de la Industria Eléctrica enviado al Congreso por el Ejecutivo federal. Para nada. Y sin embargo, es urgente entenderlo bien. Todavía más cuando –como es mi caso– no se está de acuerdo con el marco en que se sustenta. Orientar toda la organización de la economía a lograr que coincida la plena satisfacción de los consumidores y de los productores no es sino una desiderata que nunca se ha podido demostrar. La famosa teoría del equilibrio general no ha logrado autojustificarse. El mercado y la competencia perfecta siguen siendo míticos. Y hay enormes dificultades para explicar en esa perspectiva, no sólo los sesgos especulativos crónicos y permanentes de la economía actual, sino, incluso, su orientación hacia lo que muchos teóricos llaman financiarización.

Por eso debemos estar atentos para advertir los efectos que pudiera tener –en lo que es y será siempre– el derecho a un suministro eléctrico seguro, confiable, de calidad, limpio y al menor costo posible. Servicio Público es la síntesis. Hoy lo des-dibujan con eso del acceso universal. Y, vaya novedad, con eso de un fondo para llevar a zonas rurales y urbanas marginadas el fluido eléctrico. Así, el nuevo modelo gubernamental de la industria eléctrica preparado por los asesores del gobierno se presenta en seis grandes apartados legales, con 151 artículos básicos y 20 transitorios: 1. Disposiciones generales, que en 12 artículos exponen objeto y finalidad de la ley en la materia y señalan autoridades y funciones; 2. De la industria eléctrica, cuatro capítulos y 46 artículos con las características de la nueva industria mexicana, en sus seis fases fundamentales (planeación y control, generación, transmisión, distribución y comercialización), y otros cuatro capítulos con 23 artículos con los elementos complementarios: usuarios calificados, pequeños sistemas, condiciones para usar y ocupar superficies para la industria y para fomentar la industria nacional; 3. Del mercado eléctrico mayorista, dos capítulos y 19 artículos con la joya de la corona, es decir, el funcionamiento básico del Mercado Eléctrico Mayorista y su coordinación con el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), organismo que se desprenderá de la Comisión Federal de Electricidad a más tardar nueve meses después de aprobadas las leyes; 4. Disposiciones aplicables a los integrantes de la industria eléctrica, 10 capítulos y 43 artículos con lo que, pudiéramos decir, son las reglas de comportamiento de los integrantes de la nueva industria y algunos de los elementos claves en su funcionamiento, como el del llamado servicio universal, el de las obligaciones sociales y ambientales de la nueva industria, incluido el delicadísimo asunto de las tarifas; 5. De las infracciones, con dos capítulos y apenas ocho artículos con esbozo inicial de infracciones posibles de los participantes de la nueva industria eléctrica sometida a leyes del mercado, sin incluir todas aquellas contra la competitividad económica que ya –y de suyo– debe regular la famosa Comisión Federal de Competencia.

Finalmente, una veintena de transitorios con algunos aspectos a considerar en un proceso de transición hacia este nuevo modelo que, en principio –pero sólo en principio–, no debiera tomar más de dos años para adquirir ese perfil inicial. Así, en 171 artículos está la visión oficialista sobre cómo debe funcionar esta industria tradicional y que, en principio, considera que la competencia debe ser un elemento fundamental en donde sea posible, a saber, en la generación y en la comercialización del fluido eléctrico. En los modelos extranjeros esta idea se plasma en dos conceptos clave formulados en inglés: Wholesale Power Market and Retail Choice, Competencia en generación y competencia en comercialización. No todos los que han asumido el modelo de mercado han asumido estos dos ámbitos. Basta analizar el mapa estadunidense para ver cómo nuestros vecinos han buscado opciones que van desde el rechazo al mercado y la continuación de un entorno con empresas y tasas de reguladas, hasta la cuidadosa complejidad de un sistema como el famoso PJM (Pennsylvania, New Jersey, Maryland, Michigan y 10 estados de la Unión más) o el continuamente experimental ERCOT en Texas, hoy con una aguda discusión sobre los mecanismos que garanticen capacidad suficiente para atender nivel, servicios conexos y respaldo de una demanda volátil, con una oferta importante de renovables intermitentes.

Si se desea ver al Sur, urge analizar Uruguay y Chile, al menos. Pasan por interesantes y autocríticas revisiones. El diseño mexicano no tuvo el cuidado de analizar los elementos críticos de estas y otras evaluaciones. Ya lo veremos. Hoy sólo empecemos a ver algunos de sus elementos centrales. La clave –borrador dixit– es el funcionamiento de la competencia en generación y comercialización de electricidad. Por eso en dos o tres años de compleja y difícil transición, tendremos un Mercado Eléctrico Mayorista. Podrán concurrir todos los generadores, aunque –se cree– sólo se negocie un mínimo del fluido eléctrico, el remanente entre toda la producción y la parte destinada a usuarios calificados. Sí. Aquellos que concurren al Mercado Mayorista a comprar directamente, muy probablemente con contratos de cobertura. Pero a diferencia de los comercializadores, para su consumo, y no para su venta a usuarios finales (cuando sean suministradores) o, incluso, a otros comercializadores. Este mercado será un elemento clave. Si consideramos –como resulta ser– que el proceso de generación determina el componente principal del precio final y que los demás componentes del costo permanecieran fijos, es claro que si el costo de generación baja, el precio baja. Dependerá de la capacidad instalada y del combustible que proporcione el famoso marginal. En cada nodo del sistema. Este es uno de los principios que guía la reforma actual. Otro que con el esquema de la empresa estatal integrada ese costo no puede bajar. Simplistamente, como de hecho se plantean las cosas en la publicidad, ambos principios resultan ser cuestionables. Incluso falsos. En las empresas estatales hay manejo político. En los mercados especulación, acuerdos de dominantes, control oligopólico. De veras.

antoniorn@economia.unam.mx


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Rolando Cordera Campos: Entre la inercia y la ilusión

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e llegó la hora señalada por ella misma y la Secretaría de Hacienda hubo de reducir su proyección de crecimiento del PIB para el año. De 3.9 por ciento previsto a fin del año pasado, a 2.7 por ciento estimado este viernes, median 1.2 puntos porcentuales que significan más de 200 mil empleos formales que no se crearán en 2014. No podemos todavía hablar del desempleo que este desempeño puede acarrear, pero esperemos que los empresarios decidan no cerrar ni disminuir sus ritmos de actividad y que el gasto público encuentre pronto su destino y tenga el efecto esperado y deseado sobre la actividad del conjunto económico. Entonces, de ocurrir todo esto en tiempo y forma, podríamos hasta esperar que la cifra de crecimiento en el año sea incluso superior a la anunciada antier y que en efecto, como lo propone el secretario de Hacienda, entremos más pronto que tarde en una nueva onda de recuperación y crecimiento alto y sostenido.

Por lo pronto, como él mismo dijo, lo que podemos esperar es que la ya larga trayectoria de crecimiento lento se prolongue a lo largo de estos meses, con sus consecuencias inevitables sobre la ocupación, las decisiones de inversión y la subsistencia y reproducción de las personas y las familias. Algo debería intentar el Estado, en especial el gobierno federal y el Congreso de la Unión, para paliar los impactos más agresivos de esta circunstancia, pero no parece haber mucha gana de hacerlo si, como tendría que ser, ello implica revisar el presupuesto y su financiamiento, las prácticas, rutinas e inercias que dominan el ejercicio del gasto y los propios montos que la Cámara de Diputados le aprobó al gobierno en noviembre pasado.

El cerrojo, como cinturón de castidad, que priístas y panistas por igual se impusieron hace años, dizque para cerrar el paso al populismo de todos tan temido, muestra ahora su naturaleza perniciosa, pero hasta el momento hay poca o ninguna probabilidad de que tal aberración económica y hasta jurídica se corrija. Todavía andan por ahí los fantasmas del reclamo popular, aunque algunos de sus abanderados insistan en vestirse de bien portados conservadores fiscales.

Con anterioridad al anuncio de Hacienda, vivimos una especie de " rififí entre expertos", con inescapable tufo de política del poder tal y como la imaginan los mandarines de los medios de información y se vive con fruición en los mentideros de la política formal. Los analistas privados pusieron en duda la estimación hacendaria, algunos con el fin de abundar en su embestida contra la reforma fiscal aprobada el año pasado. La duda ganó momentum, pero, por otro lado, gracias a los pronósticos desalentados de los consultores, pudimos enterarnos de que el factor inseguridad había ganado terreno en la definición de las malas expectativas de los negocios. Esto no impidió que los escuderos de la cúpula empresarial dejaran por un momento de insistir en el impacto negativo que, según ellos, ha tenido y tendrá la mencionada reforma del fisco.

Por su parte, el Inegi, en cumplimiento de sus deberes por lo demás, advirtió sobre la pervivencia de fuertes tendencias recesivas, mientras el Banco de México (BdeM) se unía, discretamente, sibilinamente pensaron algunos, al tumulto antihacendario. La expectativa sobre las proyecciones oficiales devino especulación, nada ilustrada por cierto, y por momentos parecía que la lucha por la sucesión había empezado.

La secretaria de resguarda las sombras de Limantour, inopinadamente en mi opinión, rompió lanzas contra Inegi y puso en entredicho sus cálculos sobre el reloj de los ciclos y otros indicadores dirigidos a adelantar las perspectivas económicas del país. Banxico no hizo nada por darle consistencia a su intervención en este juego de espejos y así llegamos a la cita del viernes, cuando Hacienda asume las cifras trimestrales del instituto y decide no sólo revisar sus proyecciones sino de plano echarse al piso y rebajarlas de manera inusitada. Y aquí estamos.

El juego especulativo a que se dieron algunos comunicadores llegó a niveles chuscos, dando cuenta de lo lejos que está nuestro sistema de comunicación e información social de las realidades más elementales a la vez que decisivas de la vida nacional. No parece haber habido la menor intención de explicar, documentar y dar contexto a la diversidad de las expectativas generadas por los negocios privados, el Banco de México, el Inegi y la propia secretaría que, con sus intempestivas correcciones, no contribuía a esclarecer el panorama y atemperar los ánimos.

Al involucrarse como lo han hecho, los órganos estatales directamente responsables de la conducción económica nacional no han auspiciado un mejor entendimiento público de los asuntos económicos. Lo que puede ocurrir, por el contrario, es que la opinión pública opte por dar a los empresarios, la banca y los consultores privados, una credibilidad que, por lo menos, habría que tomar como un grano de sal.

Por lo pronto, para no abrumarnos por la mala expectativa anunciada, habría que exigirle a Hacienda, BdeM y el Congreso que, con sus grupos de estudio y análisis, se pongan a trabajar en el verano y nos brinden diagnósticos robustos y plataformas de política viables. Esto es lo mínimo necesario para encarar posibles emergencias derivadas de una agravamiento de la situación y construir estrategias para ir más allá de una recuperación que, hasta ahora, no va a ser sino apenas rutinaria e inercial.

Ir más allá de la inercia implica, sin embargo, dejar atrás la ilusión de que las reformas nos llevarán, pronto, al país de nunca jamás.


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Editorial: Agresiones contra activistas e impunidad

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l asesinato del dirigente ejidal Ramón Corrales Vega, quien desde hace dos años encabezó actos de protesta contra la empresa minera Paradox Global Resources en Sinaloa, es el eslabón más reciente de una cadena de agresiones en contra de activistas sociales, ambientalistas y ciudadanos que han dedicado sus vidas a la defensa de las comunidades en contra de la depredación de las empresas extractoras y de la protección gubernamental con que suelen verse beneficiadas. Por citar algunos ejemplos relevantes, debe recordarse el asesinato de Mariano Abarca Roblero, dirigente opositor a la explotación minera en Chiapas, ocurrido el 27 de noviembre de 2009; a principios de 2012, en el municipio oaxaqueño de San José del Progreso, fueron asesinados los integrantes de la Coordinadora de Pueblos del Valle de Ocotlán, Bernardo Vázquez Sánchez y Bernardo Méndez Vázquez, quienes habían participado en movilizaciones en contra de la empresa minera Cuzcatlán-Fortuna Silver Mines. En octubre de ese mismo año se registró el homicidio de los activistas Ismael Solorio Urrutia y su esposa Manuela Solís, que se oponían a los trabajos de exploración de la minera canadiense Mag Silver y su filial mexicana Minera Cascabel en tierras del ejido Benito Juárez, en el municipio de Buenaventura, Chihuahua.

La lista, sin embargo, no se limita al asesinato de activistas. En Zacatecas, durante este mismo año, se han registrado desalojos violentos y secuestros de ejidatarios involucrados en las acciones de protesta contra consorcios mineros; y otro tanto ha ocurrido en San Luis Potosí, donde la industria extractiva arrastra un historial de abusos y devastación ambiental y social.

Este cúmulo de asesinatos y ataques, en conjunto con la falta de capacidad de las autoridades para esclarecerlos y sancionarlos, hace inevitable sospechar que, con el telón de fondo de la impunidad proverbial que prevalece para los consorcios mineros nacionales y extranjeros que operan en el país –en cuyos socavones ocurren derrumbes y explosiones mortales en forma sistemática, sin que las autoridades hayan podido hacer nada para evitarlos–, desde hace años ha venido registrándose una cacería de activistas sociales, ambientalistas y defensores de los derechos humanos que han alzado la voz para denunciar los abusos y delitos cometidos al amparo de esa industria. Es difícil concebir que todas las agresiones referidas sean producto del azar; por el contrario, pareciera que conllevan un mensaje ominoso dirigido a los sectores de la sociedad que se han movilizado en contra de las mineras, que han criticado la política entreguista de las autoridades hacia esas compañías y que han incomodado al poder fáctico e indebido que ejercen esas compañías.

Diversas zonas del país enfrentan una disolución del estado de derecho en la que convergen las actividades abiertamente ilícitas de la delincuencia organizada con las de sectores pretendidamente legales, como la minería. Ante lo que parece ser una campaña de eliminación de activistas, los gobiernos de los distintos niveles, empezando por el federal, no pueden mantenerse en la misma postura impávida con que han reaccionado hasta ahora.

En lo inmediato, es responsabilidad insoslayable de los gobiernos estatales y federal investigar muertes y agresiones como la ocurrida este fin de semana en el municipio de Choix, Sinaloa. En caso contrario, cobrará fuerza la percepción pública de que dos de los saldos nefastos de la política económica vigente –al amparo de la cual han proliferado las concesiones extractivas en el territorio– son la debacle económica y social derivada de la apertura de la economía y las privatizaciones y el otorgamiento de un margen de maniobra para que el capital privado opere en la ilegalidad.


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El Buscón: Telescopio

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a noticia ausente: Este domingo votarán en Colombia para decidir si religen a Juan Manuel Santos o si nombran presidente al hombre de Álvaro Uribe, Óscar Iván Zuloaga. Por supuesto, la veda electoral obliga a la prensa a hablar de otras cosas. Pero todos los demás medios sudamericanos dan tan seguro el triunfo de Santos, que esperan más bien los resultados para ver qué decir. Por ejemplo, los periódicos cubanos (Granma, Juventud Rebelde) o el venezolano chavista Ciudad de Caracas no arriesgan opinión, pero tampoco lo hace la furibunda prensa antichavista venezolana (como El Universal, El Nacional o Tal Cual) que, en caso de victoria de Santos, teme que el ex presidente de los paramilitares colombianos pueda ser procesado al perder su inmunidad.

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La noticia inventada: El papa Francisco envió a la presidenta Cristina Fernández y al pueblo argentino una carta de felicitación con motivo del aniversario de la revolución de 1810. Estaba dirigida a Cristina, tuteaba a la destinataria y formulaba votos por su salud para continuar en un tono formal y administrativo. La Nación y Clarín dedujeron que la carta era falsa y publicaron una declaración de un monseñor del protocolo vaticano, quien así la consideró y dijo que mostraba mala leche (se supone que por su cordialidad inusitada). Durante un par de días ambos diarios llenaban sus primeras páginas con este supuesto escándalo hasta que el propio Francisco declaró que le había dado personalmente su carta al embajador argentino en el Vaticano y criticó a quienes fabricaban intrigas y daban falsas informaciones. La Nación y Clarín, tranquilamente, pasaron a hablar de otra cosa.

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Varias: El diario paulista O Estado de Sao Paulo informa que por decimosegunda vez consecutiva el índice de robos en Sao Paulo aumentó 29.7 por ciento. La Nación, de Buenos Aires, titula su edición informando que el gobierno cortó el gas a las empresas para garantizar el consumo domiliciario, y Clarín anuncia una disminución de la producción industrial de 4 por ciento, después de nueve meses de caída. El Comercio, de Quito, reporta que el presidente ecuatoriano rendirá el primer informe oficial de este segundo mandato que tendrá como centro la formación de élite en nuevas universidades, el pleito con la Chevron por la contaminación en Ecuador y la controversial producción petrolera en la reserva de Yasuní. El paraguayo La Nación sostiene que el PIB de Paraguay crecerá este año 5.3 por ciento. El Comercio, de Lima, comunica la continuación de la huelga de médicos. Últimas Noticias, venezolano, reporta que el gobierno aumentó 100 por ciento las becas universitarias.


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Eric Nepomuceno: Brasil, un país confuso

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as manifestaciones en contra de la realización de la copa del mundo en Brasil no tendrán las dimensiones de las que sacudieron al país hace un año, cuando se llevó a cabo esa especie de previa del mundial, que es la Copa Confederaciones.

En aquella ocasión, todos en Brasil –gobierno y oposición– se sorprendieron con las dimensiones y el grado de violencia de manifestaciones que llevaron a centenares de miles de brasileños a las calles de algunas ciudades del país.

Además, el gobierno logró ahora organizar un esquema de seguridad apto para garantizar el orden y aislar eventuales brotes puntuales de violencia. Los responsables de la realización del evento pueden tranquilizarse, al menos en lo que se refiere al orden público.

Esa conclusión y ese anuncio partieron, por supuesto, del gobierno. Porque nadie más se animaría, en el actual panorama, a decir lo mismo. Faltando menos de veinte días para que empiece el torneo, la contabilidad de las dos últimas semanas registra un número creciente de huelgas que, pese a ser convocadas por disidencias francamente minoritarias de sindicatos, logran paralizar las principales ciudades brasileñas. En al menos un caso –Recife, capital de Pernambuco– una huelga policial produjo un escenario de guerra, con saqueos, asaltos por todas partes, comercios cerrados, clases ­suspendidas.

Es verdad que las marchas y manifestaciones convocadas específicamente para protestar contra la copa y los gastos abusivos vienen mostrando, al menos hasta ahora, un poder de movilización bastante reducido. Pero es igualmente verdad que huelgas inesperadas y que tienen por bandera temas tan vagos como mejores condiciones de trabajo se multiplican, y con fuertes consecuencias sobre la vida cotidiana de la gente. Algunas, como la de los transportes públicos de Río y de Sao Paulo, sorprenden por su capacidad de literalmente paralizar las dos mayores ciudades sudamericanas. Y están los maestros de escuelas públicas, y los guardias privados de seguridad de los bancos, y un etcétera largo y en permanente ebullición.

No hay un solo indicio creíble y palpable de que ese panorama mejore de aquí al jueves, 12 de junio, cuando Brasil y Croacia disputarán el partido inaugural (a propósito: al día siguiente, México se estrena contra Camerún).

En ese intervalo seguirán las denuncias, muy bien respaldadas por datos concretos, indicando que hubo robo explícito en la construcción y reforma de estadios, cuyos valores han sido francamente manipulados. Seguirán las quejas de que la fortuna invertida en el mundial de futbol debía haber sido destinada a sanar problemas crónicos en la salud pública, en la educación, en el transporte.

Por más que el gobierno muestre, y con razón, que los recursos invertidos en la copa son ínfimos en comparación con el PIB nacional, esa crítica persistirá. Es que los brasileños tienen toda la razón del mundo para protestar contra la pésima calidad de esos y otros servicios públicos.

Cuando se tiene, por un lado, a un gobierno que, pese a sus buenas acciones, no logra establecer un canal de diálogo con la opinión pública, y por otro, a un conglomerado de medios de comunicación que se esmeran para ocultar lo bueno y reforzar lo malo de ese mismo gobierno (y, a falta de errores concretos, inventa otros, abstractos), se llega a la receta casi perfecta para establecer un clima generalizado de confusión. Y si se agrega a ese cuadro un sistema político basado en el trueque de intereses mezquinos, y no en convergencia de propuestas, se alcanza la perfección.

De aquí a mediados de julio habrá copa y tensiones, desde las habituales en esa disputa que involucra al futbol, pasión nacional absoluta, hasta las otras, las tensiones causadas por esa rara expectativa de que algo serio y grave podrá ocurrir en las calles de cualquier ciudad del país más futbolero del mundo.

Luego vendrá la campaña electoral y después las elecciones, y sabremos quién habrá de gobernar los estados, quiénes serán los señores legisladores y quién presidirá a los brasileños hasta 2019.

Todo eso parece muy lógico, muy bien programado.

Pero hay una pregunta que nadie contesta: ¿dónde está la alegría de la víspera, que siempre fue característica de los brasileños a cada mundial? ¿Dónde las calles coloridas para esperar a la fiesta? ¿Dónde aquella esperanza casi infantil de que otra vez dejaremos bien clarito que cuando se trata de futbol somos los mejores no del mundo, sino de todas las galaxias?

Durante décadas y décadas, el país vivió el sueño de volver a ser escenario de un mundial.

Bueno, el torneo empieza dentro de 18 escasos días. Es, o debería ser, la mayor fiesta del planeta, esperada desde hace al menos 64 años.

¿Habrá fiesta?


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Enrique Galván Ochoa: Dinero

Written By Unknown on Minggu, 25 Mei 2014 | 14.11

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l Congreso aprobó que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reciban una pensión –o haber de retiro– millonaria. Ante las críticas, los magistrados terminaron por rechazarla, aunque justificaron su existencia. Esta semana preguntamos: ¿Por qué los contribuyentes no estamos de acuerdo? Respondieron 959 encuestados: Por corruptos; 592 dijeron: Deben recibir la pensión universal de mil pesos mensuales; 501, que sería un despilfarro, y 204 opinaron: Ya son muy ricos.

Metodología

Enviamos esta encuesta a los buzones de correo electrónico de los miembros de El Foro México y también a través de las redes sociales Twitter y Facebook, a partir del domingo y hasta el viernes de la semana que termina. Participaron 2 mil 256 personas, de las cuales mil 230 corresponden a el foro y mil 26 a Twitter y Facebook. A continuación reproducimos algunos de los comentarios que nos hicieron llegar.

Opiniones de El Foro México

Yo les daría la pensión que me están dando a mi después de tantos años de trabajo en el IMSS. Me dan dos sueldos mínimos. A ver si con eso viven.

Jesús Eduardo Mendoza/ciudad de México

Es un despilfarro, igual que el sueldo y prestaciones de los legisladores, jueces, secretarios de Estado, directores de departamentos, líderes sindicales y el mismo presidente de la República.

Santiago González Velázquez/Monterrey

El país no está para seguir con esos gastos injustos, mientras la gran mayoría de la población padece de pobreza; por el contrario, hay que bajar sueldos y eliminar pensiones vitalicias.

Rosario Barragán Reyes/Tepic

Es insultante lo que ganan estas personas, tomando en cuenta que sólo trabajan en tiempos electorales. Argumentan que cuando dejen de prestar sus servicios en la dependencia, no podrán ejercer en 2 años.

Laura Romero Sandoval/ciudad de México

Mientras a los magistrados les dan su haber de retiro a nosotros nos dan nuestro A ver, se los retiro. Nos han retirado el poder adquisitivo, la tranquilidad, los aumentos de sueldo, el petróleo, etcétera.

Leonardo Delgado Castillo/Xalapa

El partido en el poder está pagando los favores recibidos y anticipadamente los favores futuros.

Xavier García/Toluca

Que mejor que reciban su pensión por mil pesos, esto sería ajustarlos a aquella consigna que se gritaba en las marchas de los setenta y ochenta, "Salario mínimo al Presidente, pa'que vea lo que se siente".

Luis Alberto Muñoz/ciudad de México

El PRI está pagando, con dinero del erario, los favores que el tribunal electoral les ha hecho y los que está por hacer, para que digan Sí hubo tarjetas de Soriana y Somex, pero apenas unas cuantas, no tantas como para haber repercutido en el conteo final y, además, sí se pasaron con los gastos de la campaña de EPN, pero todos los demás partidos también.

José David Flores Botello/Iguala

Opiniones de Twitter y Facebook

Ya son insultantemente ricos, no es posible tanta desigualdad en el país.

Gilberto Amaro/ciudad de México

Eso es un soborno por sus tranzas anteriores y las que le siguen.

Sandra A. Serrano/Tlalnepantla

La economía del país en recesión y los politicos asignando gastos millonarios que pagará el pueblo mediante impuestos, los políticos no trabajan para el beneficio del pueblo…

Armando Islas/ciudad de México

Como van a ser limpias las elecciones de 2015, cuando se coopta a los magistrados.

Sara Machado/ciudad de México

La pensión propuesta es un exceso. En un país con una recesión de tal magnitud es un insulto.

@midiosdado /ciudad de México

Son los que avalaron el fraude electoral de 2012, no merecen ni estar en su puesto, deberían renunciar YA.

José Alfredo Rangel/San Luis Potosí

Premios como este favorecen la corrupción y la impunidad.

@isabelmg2 /Puebla

Es el pago por sus corruptelas y están comprando la calificación de las elecciones intermedias y las de 2018. Por eso la agregaron en lo obscurito.

@RossC2013 /Aguascalientes

Twitter: @galvanochoa

FaceBook: galvanochoa

galvanochoa@gmail.com • Foro: http://elforomexico.com/encuestas/


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Editorial: Desaparecidos: entre descrédito y desinterés

E

n el contexto de una comparecencia en la Cámara de Senadores, el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó que la cifra oficial de personas no localizables en el país –eufemismo para referirse a los desaparecidos– se redujo en 70 por ciento, al pasar de 27 mil a 8 mil individuos. El político hidalguense abundó que dicho descenso se debe a una depuración del banco de datos en poder del gobierno federal, elaborado a partir de la información de procuradurías estatales y la federal.

Los datos comentados contrastan con los que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó el pasado martes en el propio Senado: de acuerdo con el ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, dicho organismo público tiene en sus registros 24 mil 800 casos de desaparición de personas; en 612 de esos casos se tiene evidencia de la intervención de autoridades gubernamentales. Dicha cifra resulta muy similar a los 26 mil desaparecidos de los que se tenía registro al finalizar la administración de Felipe Calderón.

Más allá de la dificultad implícita de contar con una cifra exacta sobre el referido delito, dada su propia naturaleza, la fluctuación de los datos oficiales y las contradicciones observadas entre distintas instancias públicas hacen dudar de la disminución anunciada ayer por el titular de la Segob: en efecto, parece sumamente improbable que casi 20 mil registros de desapariciones hayan podido descartarse como resultado de la identificación de denuncias duplicadas y del hallazgo de las víctimas; en cambio, el desplome abrupto en las bases de datos gubernamentales da cuenta de un manejo descuidado, indolente y desinteresado de la información oficial relativa al tema, que refleja, guste o no, la conducta en general de las autoridades frente al referido flagelo y abona al descrédito de las autoridades.

La circunstancia se torna tanto más inaceptable si se toma en cuenta que, detrás de las estadísticas del gobierno federal, persisten historias de sufrimiento humano, personal, familiar y social, así como un fenómeno real que dista de haber desaparecido y que configura, como señaló Amnistía Internacional en un reporte reciente, una crisis de derechos humanos.

Ahora bien, con independencia de las fluctuaciones referidas, las cifras son de suyo alarmantes y dan cuenta de un incumplimiento del Estado mexicano en su labor más elemental, que es proteger la integridad y la vida de la población. Incluso si fuera cierta la versión oficial de que al día de hoy persisten solamente 8 mil casos de desaparición, ello sería motivo suficiente para ratificar la incompetencia de las dependencias encargadas de procurar justicia y brindar seguridad pública, y para insistir en la exigencia de que los distintos niveles de gobierno combatan eficazmente ese crimen y a sus autores, muchos de los cuales están situados en instituciones oficiales. Debe tenerse en cuenta, al respecto, que la desaparición forzada es un delito que no prescribe porque se sigue perpetrando cada día y cada hora que el ausente permanece desaparecido, por lo que todo afán triunfalista del gobierno federal en la materia resulta improcedente y ofensivo para las víctimas y sus familias.

El esclarecimiento de todas y cada una de las desapariciones es tarea obligada de las autoridades, y la administración federal en turno tiene la responsabilidad de resolver y sancionar no sólo los casos de desapariciones registrados durante el presente ciclo de gobierno, sino también los ocurridos durante las pasadas administraciones y, desde luego, aquellas que sucedieron durante las presidencias priístas del siglo pasado. El incumplimiento de esa responsabilidad abona a la percepción pública de una institucionalidad descompuesta e incapaz de garantizar seguridad y justicia y de combatir la impunidad.


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José M. Murià: Los niños robados por las dictaduras

José M. Murià

N

o cabe duda de que los infantes representan una mercancía muy apetecible. Sea para su explotación laboral o sexual, sea para ser vendidos por piezas, como si fueran automóviles, o incluso para ser incorporados amorosamente al seno de una familia decente y cristiana.

Todo depende de las circunstancias. Recientemente, tal vez porque cerca estuve de que fuera mi caso, me ha dado por leer algunos informes e interesarme por seguir noticias sobre los muchos niños robados por los regímenes dictatoriales y salvajes de la junta militar argentina, del gobierno de Augusto Pinochet –ambas respaldadas por los gringos en defensa de la libertad– y de la maestra de ambas: la longeva dictadura de Francisco Franco y Bahamonde, caudillo de España por la gracia de Dios, con la connivencia del Vaticano y de la jerarquía eclesiástica española, y hasta de las llamadas democracias occidentales.

En sus primeros momentos, tales dictaduras, seguramente con el valor de la omnipotencia y la sensación de que los vencidos no se recuperarían nunca, cometieron las peores atrocidades con quienes eran considerados enemigos del régimen o simples ciudadanos a quien alguno de los capos vencedores tenían interés personal en perjudicar. Entre ellas se incluyó, con la reserva del caso, la apropiación de niños y niñas cuyos progenitores, por una razón o por otra, no estaban en condiciones de defenderse.

Niños nacidos en prisión que fueron declarados oficialmente muertos, hijos de padres muertos a manos de sus vencedores, o simplemente encarcelados con la expectativa de permanecer mucho tiempo así. Los mecanismos y los recursos fueron diversos, pero coincide casi siempre el abuso oficial y la intervención eclesiástica –mediante una corta feria, claro está– para borrar huellas e impedir a los secuestrados saber con el tiempo su verdadero origen o el nombre de los padres y parientes que lograron sobrevivir a la barbarie, de manera que no pudieran dar con ellos cuando las circunstancias pasasen a ser menos adversas.

Pero aun en España, cuya dictadura batió récords de longevidad y crueldad –gracias a la idiosincrasia misma de los españoles, además de llegar al final, lo mismo que las otras dos, mediante una transición pacífica, que más bien fue una suerte de transacción o, por decirlo de manera más precisa, una gran transa–, se han dado casos de niños que han sido localizados por sus consanguíneos o que ellos mismos, con el tiempo, acumularon detalles que dieron pie a su sospecha y, preguntando y hurgando, lograron saber la verdad y hasta han llegado a dar con parientes. Incluso ha habido casos de reencuentros con alguno de sus progenitores o con su tumba.

Más casos se han sabido de éstos en Chile y Argentina, dado que las respectivas dictaduras duraron menos, aunque para matar también se vieron muy eficientes.

Dicho así, de manera rápida, tal vez parezca que no estoy plenamente imbuido de la magnitud de tales tragedias, pero lo cierto es que resultan ser de suma gravedad y no parecen ser crímenes que hayan merecido especial atención, ni para castigo de los culpables ni para coadyuvar al descubrimiento de los entuertos. Hay todavía quien dice que, también en este caso, conviene olvidar la historia…


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Juan Arturo Brennan: Un Foro más, el 36

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legó, de nuevo, el ritual sonoro de mayo, y en esta ocasión se inauguró con un plato fuerte: la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección de José Luis Castillo, experto conocedor, practicante y divulgador de los asuntos concernientes a la música de los siglos XX y XXI. Para tal ocasión inaugural del 36 Foro Internacional de Música Nueva, el Teatro de Bellas Artes recibió una entrada buena a secas, menor de la que pudiera haberse esperado dadas las circunstancias y, sobre todo, el repertorio, que fue ecléctico y variado sin llegar a la incoherencia. Si menciono esto último es por el recuerdo de que en ediciones anteriores del Foro se han presentado algunos programas en los que la mixtura de chile, dulce y manteca musical ha resultado un tanto indigesta.

Del estadunidense Charles Halka, la obra titulada Impact. En lo general, un empleo detallista y diferenciado de la percusión no como impulso motor sino como paleta de color. Aquí y allá, fugaces fantasmas sonoros de otros tiempos, bien integrados al total de la pieza. También, un buen manejo de los contrastes, tanto dinámicos como texturales y, por momentos, una distribución de materiales sonoros basada en un asomo de estructuralismo. Después, la obra fundamental del programa, de la pluma de la sobresaliente compositora finlandesa Kaija Saariaho. L'Aile du songe es un concierto para flauta (instrumento particularmente cercano al pensamiento sonoro de Saariaho), y el solista fue Alejandro Escuer, quien se mostró en dominio pleno tanto de la materia sonora de la obra como del amplio abanico de técnicas de ejecución requeridas por la compositora. Saariaho, con la sabiduría acústica que la caracteriza, propone una orquestación de cuerdas, arpa, celesta y percusión que permite que todo lo escrito para la flauta solista se proyecte con claridad y transparencia; mucho tienen que aprender de esto numerosos compositores actuales de estas y otras latitudes. L'Aile du songe es un fascinante entramado de tensiones sucesivas que nunca se resuelven, manifestadas a través de un sutil y eficaz manejo de la paleta tímbrica disponible y, a la vez, de un discurso muy expresivo.

Tres cantos a Edurne se inscribe en el ámbito de las composiciones religiosas (más de las que uno pudiera imaginarse) del notable catálogo de Mario Lavista, al grado de que esta partitura está emparentada de cerca con su Stabat Mater. Tanto los motivos melódicos como los ámbitos armónicos son plenamente reconocibles como pertenecientes al lenguaje maduro de Lavista, lo mismo que ciertos colores orquestales muy bien ensamblados. Hay aquí una orquesta más extrovertida, menos contemplativa que en otras obras sinfónicas de Lavista, y por momentos se percibe un cierto carácter procesional en el desarrollo de este atractivo tríptico sonoro. Sin duda, una adición importante al catálogo sinfónico de Mario Lavista. En la obra Inspiration I, del japonés Shigeru Kan-No se aprovechan bien ciertos recursos instrumentales ruidistas, por así decirlo, así como el uso de las familias instrumentales por bloques para conducir un discurso caracterizado por la potencia y por el contraste de timbres. Se trata de una obra densa, rica, ciertamente sabrosa para el oído.

Como conclusión, el Sonante No. 11 de Manuel de Elías, obra de cualidades introspectivas labrada a base de un meticuloso trabajo de diferenciación instrumental, contrastada con un enérgico episodio a toda orquesta que conduce a una sección casi puntillista previa al categórico final. Después de este sólido y bien ejecutado programa, José Luis Castillo homenajeó a Manuel Enríquez (1926-1994), creador y guía tutelar del Foro, dirigiendo una aguerrida sección aleatoria de Ritual, una de las obras orquestales fundamentales del trayecto creativo del compositor jalisciense.

Oigan, melómanos asiduos: todavía queda bastante Foro; en la capital hasta el primero de junio, en Morelia hasta el día 6. Búsquenle, infórmense, vayan, escuchen, asómbrense. La programación abunda en obras e intérpretes de atractivo singular. Y recuerden: si la música nueva es poca, en el Foro se toca.


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Miguel Concha: Negligencia medioambiental continua

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l reconocimiento del medio ambiente sano como derecho humano propone construir una relación armónica entre el desarrollo, el nivel de vida de las personas y la conservación de la naturaleza. Como partes de este derecho pueden considerarse el acceso al agua de calidad, el aire y el suelo limpios de contaminantes, el equilibrio ecológico, la protección de la diversidad biológica y la prevención y restauración de los daños al medio ambiente. Además, las conferencias de Naciones Unidas sobre medio ambiente han emitido diversos instrumentos que reconocen su importancia en relación con otros derechos, como la vida, la salud y el desarrollo, y como condición para la mejoría de la calidad de vida, aunque su establecimiento como derecho humano ocurrió hasta la década de los ochenta.

De entre los instrumentos que obligan al Estado mexicano a garantizar este derecho a un medio ambiente sano y protegido puede mencionarse el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc, 1966), que relaciona el entorno medioambiental con el derecho a la salud. Posteriormente, con el avance de las discusiones sobre el tema, se logró que el Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de DESC, el llamado Pacto de San Salvador (1988), enunció de manera expresa el reconocimiento de este derecho. En su artículo 11 señala que "Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios básicos…". Con la reforma constitucional del 28 de junio de 1999, se incluyó en el artículo cuarto de nuestra Carta Magna el párrafo que a la letra dice: Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Y con la reforma al artículo primero de la Constitución, de junio de 2011, todo el Estado mexicano, en sus distintos órdenes y niveles, está obligado también a respetar, proteger, promover y garantizar este derecho, favoreciendo siempre a las personas.

De acuerdo con la Observación General número 15 del Comité de DESC sobre el derecho al agua (E/C.12/2002/11), la higiene ambiental, como aspecto del derecho a la salud, amparado por el apartado b), del párrafo dos del artículo 12 del pacto, entraña la adopción de medidas no discriminatorias para evitar los riesgos para la salud que representa el agua insalubre y contaminada por sustancias tóxicas. Los estados parte, entonces, deben garantizar que los recursos hídricos naturales estén al abrigo de contaminación por sustancias nocivas y microbios patógenos. Deben supervisar y combatir igualmente situaciones en las que los ecosistemas acuáticos sirvan de hábitat para los vectores de enfermedades que puedan significar un riesgo para el entorno humano.

Sin embargo, como confirma Greenpeace-México, luego de analizar científicamente la contaminación de las cuencas de los ríos Lerma, en el estado de México, y Atoyac, en Puebla, en su publicación Ríos tóxicos: Lerma y Atoyac. La historia de negligencia continúa, en México la descarga de aguas residuales, tanto residenciales como industriales de los ríos, sin análisis ni tratamiento previo, es un problema histórico que se agrava por la permisividad gubernamental a escala federal, estatal y municipal, y por la falta de cumplimiento de la ya de por sí laxa normatividad en materia de agua. A lo que hay que agregar que la cobertura en el tratamiento de agua residual industrial es sólo de 19.3 por ciento, y que muy pocas de las plantas en las que se lleva a cabo esa operación cuentan con un proceso terciario de remoción de materiales disueltos, gases y sustancias orgánicas naturales y sintéticas. A los análisis de este estudio me refiero en la información que en seguida consigno. En el área de su influencia demográfica, la cuenca alta del río Lerma cuenta con más de 500 mil habitantes y más de 500 industrias de diversos giros (químico, metal-mecánico, curtiduría, textil, farmacéutico, plásticos, alimentario, automotriz) establecidas en el corredor Toluca-Lerma, la segunda zona industrial más importante del país. Todas ellas producen aguas residuales que contienen sustancias químicas. Algunas con propiedades nocivas para la salud y el ambiente. Entre los compuestos que se pueden encontrar hay metales pesados altamente tóxicos, como mercurio, plomo y cadmio, regulados por la NOM-001, y otros químicos dañinos, como el tolueno y el benceno, que no se incluyen en ninguna regulación nacional sobre descargas de agua.

Un estudio clasificó al río Atoyac, en 2008, desde su paso por San Martín Texmelucan, en Puebla, hasta su desembocadura a la presa Manuel Ávila Camacho, en el sur del estado, como contaminado ocho veces por arriba del límite de lo que la propia Comisión Nacional del Agua establece como aceptable. Entre los compuestos químicos que se encontraron en sus aguas y sedimentos hay metales pesados extremadamente tóxicos, como mercurio o plomo (uno de los neurotóxicos del desarrollo más potentes); solventes, como benceno o cloroformo; compuestos como cloruro de vinilo, y disruptores hormonales DEHP (bis-2-(etilhexil) ftalato), que tienen efectos directos sobre el sistema endocrino y la reproducción. Además de la intoxicación causada por el uso de esta agua para el riego de cultivos en la zona, este río suministra agua potable para la región, lo que aumenta el riesgo de afectaciones a la salud. Habitantes de la zona sufren en efecto de un elevado daño genotóxico, y con ello el riesgo de padecer cáncer. Se han reportado igualmente niveles elevados de leucemia o daño renal en las zonas fuertemente contaminadas. Otro hallazgo importante en las muestras de agua residual y los sedimentos de los dos ríos fue la detección de 51 compuestos orgánicos volátiles y semivolátiles, algunos potencialmente cancerígenos para vertebrados y probables cancerígenos para humanos. Para solucionar estos graves problemas Greenpeace exige, entre otras cosas, al gobierno establecer medidas precautorias eficaces para detener la descarga de todas las sustancias tóxicas a los cuerpos del agua. Lo que implica reforzar constantemente las normas y aplicarlas con transparencia, para que la ciudadanía pueda también ejercer con información sus derechos.


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