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Sergio Rodríguez Gelfenstein: Venezuela, una nueva batalla

Written By Unknown on Kamis, 27 Maret 2014 | 14.11

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Centenares de personas abarrotaron desde temprano las principales avenidas del centro y norte de Caracas, que amanecieron colapsadas por un apagón que se extendió más de diez horas. En las entradas de algunos edificios de oficinas públicas y privadas se observaron decenas de empleados esperando el regreso del servicio eléctrico para iniciar operaciones, mientras numerosos comercios permanecían cerrados. La falla ocurrió debido a un incendio en el Parque Nacional Waraira Repano; las autoridades no descartan que haya sido intencionalFoto Ap

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Guardias nacionales inspeccionan las oficinas centrales electorales después de un incendio provocado por manifestantes opositores, de acuerdo con funcionarios del gobierno en Maracaibo, capital de Zulia. Según cifras oficiales, ya son 36 los muertos por las protestas violentas que estallaron hace mes y medio en el estado de Táchira y se extendieron por el paísFoto Reuters

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as variables políticas que caracterizan la situación en Venezuela han tenido continuidad en marzo respecto de lo ocurrido desde el comienzo de la ofensiva violentista de la derecha iniciada el 12 de febrero, aunque se pusieron en juego nuevos componentes que establecieron una dimensión que cada vez marca el sello externo y mediático del problema.

En cuanto a la situación política, la misma pareciera estabilizarse con una clara victoria del gobierno ante la intentona de la derecha por derrocarlo. Permanecen remanentes de violencia que en el caso de Caracas obedecen más a la necesidad mediática internacional de sostener el conflicto que al poder real de convocatoria de los partidos políticos. En la práctica, los manifestantes violentos no responden a los lineamientos del liderazgo político tradicional de los partidos de la derecha encarnados en Henrique Capriles, sino a uno emergente construido en torno a las figuras de María Machado y Leopoldo López. A ellos se les suma Antonio Ledezma, oscuro personaje de pasado adeco que ha reconstituido sus prácticas represivas.

El cansancio de ciertos sectores de la clase media que habita en las urbanizaciones del este de la capital y en general, de fracciones de la derecha que se ven asediados por la actuación vandálica de los manifestantes violentos se ve reflejada en las declaraciones que a comienzos de mes hizo el opositor y presidente de la empresa encuestadora Datanalisis, Luis Vicente León, quien manifestó que "esas personas quieren canalizar su energía en la búsqueda de una solución, pero no han encontrado nada ni a nadie que se las ofrezca de manera racional y estructurada. Y entonces explotan. Pero lo hacen sin tener ni un plan u objetivo concreto, ni una articulación formal. Y eso se traduce en una especie de estallido de acciones y emociones incontroladas. Y no es su culpa no saber cómo expresarse eficazmente.

La culpa, o al menos buena parte de ella, es de un liderazgo perdido, dividido, desarticulado y pobre que no es capaz de conducirla ni de conectarla por rutas creativas, articuladas y más sofisticadas que tirar piedras o quemar basura en una calle que, además, es su propia calle y no la del destinatario de su protesta.

En el mismo sentido, vale destacar la demanda interpuesta por el conocido abogado derechista Juan Ernesto Garantón, ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra los alcaldes de los municipios Baruta y El Hatillo por incumplir con sus funciones y colaborar contra la tranca de las calles. Garantón manifestó: "soy vecino y necesito transitar por las vías del municipio… esto lleva días en un caos total".

El gobierno, por su parte, ha actuado con suma paciencia para evitar la violencia innecesaria de las fuerzas de seguridad por un lado, y por otra, el desborde del pueblo chavista, molesto con la actuación de la derecha violenta. La mesura en la actuación de las fuerzas de seguridad contrasta con el pasado cuando las mismas instituciones desprovistas de mandos que sirvieran al pueblo volcaban todo su odio en la represión indiscriminada que provocaba cientos y miles de ciudadanos muertos, heridos y desaparecidos.

La mayor intensidad en las acciones violentistas se sigue manifestando en los estados Táchira y Mérida, donde la dinámica del conflicto sigue derroteros propios que tampoco tienen su conducción en los partidos de la derecha. En Táchira, las fuerzas paramilitares colombianas que tienen trascendental influencia en los destinos de ese estado han aprovechado el conflicto que vive el país a fin de hacer una práctica para medir las fuerzas que han logrado consolidar. Las formas violentas de actuar que han introducido desde hace algunos años en la práctica de la delincuencia común han comenzado a ser trasladadas al quehacer político con el objetivo de ampliar su base de apoyo y crear condiciones que permitan una virtual intervención de fuerzas militares extranjeras en el país. Los paramilitares colombianos en sí mismo son una fuerza militar extranjera en Venezuela que el gobierno no ha combatido con la fuerza y la contundencia necesarias. En ella se encuentra el principal contingente desestabilizador del país que está actuando ahora y lo hará en mayor medida en el futuro si no se le pone coto temprano.

La debilidad mayor del gobierno se ha manifestado en la incapacidad de impedir o al menos reducir el manejo mediático exterior que muestra un falso país en medio de una virtual guerra civil que no existe, pero que permite mantener la tensión a través de la magnificación en tiempo, espacio y magnitud de participación de las jornadas de violencia, las declaraciones de voceros del gobierno de Estados Unidos, además del de Panamá y sectores afines a la derecha española. En este sentido, no guarda ninguna relación la realidad del país con lo que se transmite a través de los medios en el exterior.

A nivel interno, el conflicto ha permitido –una vez más– la cohesión de las fuerzas políticas que apoyan al gobierno, así como de las fuerzas armadas y de seguridad no sólo en el manejo operativo del mismo, sino también en la visión doctrinaria de cómo enfrentar el intento de profundizar la situación hasta generar una crisis. Se ha hecho evidente que estas fuerzas armadas no son las de 1989. No están dispuestas ni operativa, ni sicológica, ni políticamente a reprimir al pueblo, pero asumen más que nunca el mandato constitucional de "…garantizar la independencia, la soberanía de la nación…" y "asegurar (…) la cooperación en el mantenimiento del orden interno".

En el plano internacional, a pesar de la arremetida estadunidense y de los medios de comunicación, el contundente apoyo al gobierno de Venezuela en la OEA y Unasur es muestra de los cambios que están acaeciendo en el continente y que dan cuenta de que, al menos en el plano regional, Estados Unidos no tendrá apoyo para sus aventuras desestabilizadoras, lo cual no impide que –como en los casos de Honduras y Paraguay–, de encontrar base de sustento interno, apuntarán al derrocamiento del gobierno por la fuerza, para posteriormente encontrar una base jurídica que respalde y legitime su acción.

El contexto internacional da cuenta, cada vez con mayor certeza de que, como repite una y otra vez el presidente Rafael Correa, vivimos un cambio de época. Los sucesos que ocurren en diversos escenarios de la región y del mundo están dando elementos para entender que los factores de poder mundial están construyendo con suprema vertiginosidad un paradigma distinto de democracia. Venezuela no es ajena a ello y debería ser una responsabilidad compartida encontrar respuestas para las nuevas modalidades imperiales de actuación que cuestionan los basamentos propios de la democracia representativa que los poderes oligárquicos edificaron a lo largo de 200 años.

Finalmente, la gran responsabilidad del gobierno sigue siendo restablecer la normalidad en el funcionamiento de la economía. Aunque ha quedado claro que la derecha tiene objetivos políticos desestabilizadores, el soporte de su discurso está montado sobre las dificultades económicas y sobre ellas ha incidido su actuación a partir de un plan bien estructurado. En esa medida, el conflicto que se pretende establecer en las calles de forma permanente se soluciona haciendo que la economía responda de manera eficiente a las necesidades de los venezolanos.


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Editorial: España: el malestar de la soberanía

E

l Tribunal Constitucional de Madrid anuló ayer la declaración de soberanía adoptada a principios del año pasado, y con amplia mayoría, por el parlamento de Cataluña, como preámbulo a la realización de un referendo para decidir el futuro de esa hasta ahora comunidad autonómica española.

La resolución de la corte dejó abierta una puerta teórica a un derecho a decidir que no consagra uno de autodeterminación no reconocido en la Constitución, sino una aspiración política a la que sólo puede llegarse mediante un proceso ajustado a la legalidad; reconoció que no es inamovible, en principio, el artículo constitucional que se refiere a la indisoluble unidad de la nación española. Sin embargo, en la práctica, coloca al independentismo catalán en una ruta imposible, pues lo obliga a transitar por la vía de una reforma constitucional en el marco del Congreso español, donde las fuerzas mayoritarias –el gobernante Partido Popular y el Socialista Obrero Español– no están dispuestas siquiera a considerar tal posibilidad. La cita correspondiente está fijada para el próximo 8 de abril.

En resumen, el fallo del Tribunal Constitucional coloca al separatismo catalán –mayoritariamente respaldado por la sociedad, y utilizado políticamente por el presidente de la Generalitat, Artur Mas– en el callejón sin salida en el que se encuentra desde el principio, al menos desde la perspectiva legal del marco jurídico español: para que los catalanes puedan ejercer la autodeterminación deberán contar con una aprobación previa que la clase política de Madrid, españolista y unionista en su mayoría, no piensa concederle.

El gobierno, el Legislativo y los partidos de Cataluña, por su parte, desestimaron la resolución comentada, señalaron que no tendrá efecto alguno en la hoja de ruta de la consulta separatista y acusaron al Tribunal Constitucional de ser un órgano político que decora jurídicamente sus fallos.

Independientemente de los cauces políticos y de los vericuetos jurídicos que tomen en lo sucesivo el separatismo catalán y el empecinamiento unitario de la institucionalidad madrileña, es claro que ésta afronta el problema con una idea de país más característica de los Reyes Católicos que del siglo XXI. En efecto, la unidad española a contrapelo del sentir de sus regiones y pueblos resulta contraria al espíritu democrático moderno y al derecho universal a la autodeterminación. La adhesión de una nación a un Estado, y su permanencia en él, no deben vulnerar el principio fundamental de que la soberanía reside en el pueblo –reconocido en la propia constitución actual de España– y, en este caso, el catalán se ha mostrado mayoritariamente partidario de conformar un país propio.

Por otra parte, la actitud de Madrid ante Cataluña exhibe una doble moral deplorable. No debe perderse de vista el dato de que hace cosa de tres lustros España, como parte de la OTAN, participó en la agresión occidental contra Serbia con el pretexto de defender el derecho de los kosovares a la autodeterminación, en un cruento episodio bélico que dejó decenas de miles de muertos y una devastación material difícilmente imaginable.

Para que el proceso independentista que reclaman los catalanes pueda desarrollarse en armonía, concordia y democracia se requiere, en suma, que los políticos españoles sean capaces de desintoxicarse de la ideología centralista, patriotera y autoritaria en la que se basa el rechazo a cualquier separatismo. Es fundamental, por el bien de las naciones de la península, que las eventuales independencias de Cataluña y del País Vasco sean vistas sin dramatismos ni crispaciones como un reacomodo legítimo ante un Estado que de todos modos habrá de disolverse o reducirse al mínimo si es que España sigue perteneciendo a la Unión Europea.


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Miguel León-Portilla: Cambio de nombre al IFE

A

l conmemorar los 23 años de existencia del Instituto Federal Electoral (IFE), volvió a anunciarse que ese importante instituto iba a cambiar su nombre. Hubo al menos un consejero que se manifestó con extrañeza, expresando que, si el IFE había alcanzado importantes logros, reconocidos por la mayoría, ¿por qué ahora se iba alterar su nombre?

Aunque no soy politólogo sino un simple ciudadano que, según dicen acerca del diablo, sabe más por viejo que por diablo, quiero manifestar mi parecer.

Cuando se introduce un cambio en el nombre de una institución, se procede así porque suele pensarse que el hasta entonces vigente es inadecuado por una o varias razones. Por el contrario, si no hay razón clara para introducir un cambio, suele pensarse que hay otros géneros de motivos para efectuarlo. Estos pueden ser de carácter ideológico, de motivaciones políticas, o de afanes de innovación protagónica.

Esos cambios han afectado a nombres de ciudades y pueblos, a dependencias gubernamentales e incluso a la nomenclatura de calles y avenidas. Daré unos cuantos ejemplos. Al pueblo michoacano de Santa Clara del Cobre se le llamó Villa Escalante. A Zapotlán el Grande en Jalisco, Ciudad Guzmán; Tajimaroa en Michoacán es un nombre de origen náhuatl, Tlaximaloyan, que quiere decir donde se desbasta la madera. Convertido en Tajimaroa, recibió más tarde el nombre de Ciudad Hidalgo.

Esto parece surrealista cuando en nuestro país, además de que un estado lleva el nombre del Padre de la Patria, hay otros lugares que ostentan también su nombre como Hidalgotitlán, en el sur de Veracruz. El nombre de Juárez es omnipresente en el país y en tiempos del presidente Luis Echeverría se habló de adjudicarlo al nuevo estado de Baja California Sur.

Y podría alargar la lista de estos cambios y de otros muchos ocurridos en otras esferas. Por ejemplo, el de la poderosa agrupación política que nació en 1929 como Partido Nacional Revolucionario (PNR), cambió su nombre en tiempos del presidente Lázaro Cárdenas en 1938 por el de Partido de la Revolución Mexicana (PRM) para terminar como Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1946.

Demos un salto y reflexionemos en otros cambios que parecen triviales. Son los que se introducen para rebautizar a no pocos hoteles y restaurantes. El cambio de nombre se debe casi siempre a que quienes lo introducen no están satisfechos con su designación original, y que al parecer lo cambiaron para lograr que su establecimiento adquiera nuevo prestigio.

Todo esto viene a cuento a propósito de la propuesta para modificar el nombre del Instituto Federal Electoral (IFE) por el de Instituto Nacional Electoral (INE). Estoy de acuerdo con los que afirman que este instituto, a pesar de limitaciones, ha sido en muchos aspectos exitoso. Hoy cuando se nos pide una identificación, se nos dice: por favor, su credencial del IFE, ahora tendrán que decir: por favor, su credencial del INE y los que se equivoquen dirán del IME o del ILE. ¿Qué estamos ganando con la alteración del nombre? Se busca declarar que no fue atinado darle el que tenía antes. ¿No vendrán con esto confusiones y descrédito? ¿No van a costar millones de pesos las nuevas credenciales?

Al expresarse el adjetivo Federal se está declarando que es una institución cuya función tiene que ver con las actividades electorales en el ámbito pleno de un Estado federal. El adjetivo nacional es verdad que se refiere a toda la nación, pero no incluye la connotación de una organización federal, cosa muy significativa en los procesos electorales cuando se denotan sus alcances federales, estatales o municipales.

Es esta una llamada de atención que dirijo, entre otros, al doctor José Woldenberg, que fue el primero y muy acertado presidente del IFE ciudadanizado y a todos cuantos han participado atinadamente en sus tareas, como el licenciado Emilio Chuayffet, al tiempo que era secretario de Gobernación. Pienso que al menos se deberían difundir ampliamente las razones que se han tenido para alterar el nombre de este instituto que en general estimamos y respetamos los mexicanos.


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Julio Hernández López: Astillero

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PREMIAN A COMUNICADORES. El periodista Jacobo Zabludovsky, durante la entrega de premios del certamen nacional que organiza cada año el Club de Periodistas de México, en la sede de Filomeno Mata 8, colonia CentroFoto María Luisa Severiano

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on rapidez inusual, el Congreso de Quintana Roo aprobó este lunes una ley que en su iniciativa original se titulaba (con apariencia inocua) de cultura cívica y terminó denominándose (reconociendo su corte represivo) de ordenamiento social. Con ella se pretende constreñir, tanto en formas como en el fondo, el ejercicio de las libertades cívicas y políticas, facultar al gobernador del estado para opinar y sugerir correctivamente respecto a los términos en que los presuntos manifestantes hubieran planteado su solicitud de autorización con un mínimo de 48 horas de anticipación, y dar licencia a las fuerzas policiacas para mantener toda protesta en los límites aprobados por la burocracia e incluso disolverla y actuar directamente contra organizadores o manifestantes, a los que les podrán ser aplicadas multas proporcionales a sus faltas, aparte de las res- ponsabilidades que se les finquen en materias civil, administrativa y penal (puede leerse más en Luces del Siglo).

La polémica iniciativa de ley fue presentada ante el Congreso el jueves pasado por el diputado priísta Juan Carrillo Soberanis, quien es uno de los políticos más cercanos al gobernador Roberto Borge Angulo. Carrillo ha sido líder de las juventudes priístas en el estado y se le ha mencionado como partícipe en tretas de obstrucción de actos de Andrés Manuel López Obrador en la entidad. La propuesta fue aprobada este lunes por 20 votos a favor, provenientes del PRI y del Verde Ecologista, frente a cinco de legisladores pertenecientes al PRD, el PAN y el PT.

A partir de que el gobernador Borge ordene la publicación de esta ley en el Diario Oficial del Estado, en Quintana Roo se deberá solicitar autorización a la Secretaría General de Gobierno o a las secretarías de los ayuntamientos para realizar actos públicos de protesta. Los solicitantes deberán dar nombre, correo electrónico, número de teléfono, copia de identificación oficial, punto donde se iniciará la manifestación, plantón o marcha y el recorrido que seguirá, así como las causas de esas movilizaciones (más detalles).

Presentada la solicitud, la administración pública podrá emitir una opinión con propuestas de modificaciones al señalamiento del lugar de la manifestación. Pero, de entrada, queda prohibido manifestarse en vías públicas primarias, avenidas importantes o carreteras. También en calles que sean de un solo sentido de circulación; sólo se permitirá en aquellas que tengan doble carril, ocupando sólo la mitad y, de preferencia y, si es posible, en carriles laterales. Además, se impedirán manifestaciones en espacios públicos con valor histórico, cultural, turístico, arquitectónico o de importancia para el desarrollo del estado (enorme subjetividad que las autoridades precisarán de forma discrecional). Las fuerzas policiacas disolverán las manifestaciones en las que se profieran injurias, se amenace o se haga uso de violencia contra autoridades para que resuelvan sus demandas, obstruyan el tráfico automotriz y el ingreso a inmuebles, o impidan el normal desarrollo de las actividades de los demás habitantes.

El reordenamiento social va con dedicatoria inmediata a profesores y taxistas que han realizado masivas y enérgicas protestas en Chetumal, Cancún y Playa del Carmen y pretende un control marcial a 50 días de que se realice el tianguis turístico nacional. El gobernador Borge Angulo ha salido a defender su creación argumentando que es una ley moderna, de vanguardia, que protege las fuentes de tra- bajo y el empleo, pero so- bre todo la imagen de nuestros destinos turísticos, las instalaciones estratégicas y la seguridad de ciudadanos y turistas. En una nota am- pliamente difundida a través de cuentas de Internet oficialistas (en esas redes se asegura que el jefe de los bots gubernamentales es César Mortera Egremy, @CesarinMe en Twitter), Borge aseguró que lo que se aprobó es regular, con respeto pleno a los derechos constitucionales, las manifestaciones, no prohibirlas; y "hay un interés superior que se está protegiendo, el de la sociedad, que rechaza el caos generado por intereses de grupo").

Frívolo, ineficaz, provocador y desordenado, el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge (del grupo de los mandatarios estatales cuyo estilo gusta en Los Pinos, como también sucede con el jalisciense Aristóteles Sandoval), ha lanzado de esta manera una maniobra exploratoria para ver si a nivel nacional el peñismo puede promover oportunas leyes para someter a los que consideran socialmente desordenados, a los manifestantes protestatarios que se multiplican de manera proporcional a los actos generalizados de mal gobierno.

Televisa también busca reordenamientos. Ya aguantó, a valores entendidos, las reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones. Pero ahora va por ajustes en las leyes reglamentarias que significarían una suerte de contrarreforma. Por lo pronto, en comunicado oficial ha expresado inconformidad con algunos términos de las iniciativas enviadas por el telepoderoso Enrique Peña Nieto. El acomedido Emilio Gamboa (XHEG, una importante estrella del canal legislativo) ya ha hablado de que se harán cambios a esas iniciativas. Y políticos de diversos partidos se tropiezan para hacer servicios a la empresa de Azcárraga Jean (en el PAN, por lo pronto, desde el Senado se oponen a arranques de la presidenta interina, Cecilia Romero).

Muy ordenaditos podrían quedar los perredistas si la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide excluir el tema energético de los que podrán ser sometidos a consulta popular. En pri- vado, varios de los principales dirigentes del sol azteca se consuelan temprana- mente diciendo que si no es posible tal consulta respecto a la reforma constitucional, sí lo sería en cuanto a las leyes secundarias. Por lo pronto, los ministros de la SCJN debaten.

Y, mientras el comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido, pone atención a la violencia creciente en el estado de México, ¡hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx


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Enrique Galván Ochoa: Dinero

¿A

lguien cree en las consultas ciudadanas? Después del numerito organizado por el gobierno ''de izquierda'' del Distrito Federal para obtener el aval de los ciudadanos al aumento de 3 a 5 pesos el pasaje del Metro, se necesita ser muy ingenuo para esperar algo mejor. Llegó a la Suprema Corte el expediente para llevar a cabo una consulta popular sobre la reforma energética y petrolera de Peña Nieto. Ya se dividieron los ministros; unos están en favor de que el IFE realice la consulta: Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Otros están en contra: la siempre sospechosa Margarita Luna Ramos, Sergio Valls y Jorge Pardo Rebolledo. Omitiré sus argumentos jurídicos aun a sabiendas de que son muy importantes, pero rebasan el espacio de esta sección. La chuchada perredista dice que tiene esperanzas de que la consulta detenga la reforma. ¿Por qué mejor no se abstuvieron de firmar el Pacto por México y la reforma energética que dota de recursos al proyecto peñanietista? Hay un principio jurídico que dice: ''La causa de la causa es causa de lo causado''. No tiene futuro la consulta popular, al menos en este asunto que es piedra angular de la política del gobierno priísta.

Larga distancia por tres años más

Los residentes de la frontera norte siempre se han preguntado por qué las compañías telefónicas gringas tienen una tarifa única para llamar a cualquier lugar de Estados Unidos, mientras que las mexicanas –con excepción de Telefónica Movistar– cobran larga distancia. En el nuevo paquete de proyectos de ley en materia de telecomunicaciones que el Ejecutivo acaba de enviar al Senado, se prevé la eliminación de la tarifa telefónica de larga distancia nacional… pero hasta dentro de tres años, según el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Es una buena medida, ahorraría mucho dinero a los consumidores, pero tres años es demasiado tiempo. ¿Por qué no seis meses? En el proyecto de leyes secundarias que envió el Ejecutivo al Senado hay importantes mejorías que se dejaron afuera. Por ejemplo, en otros países no se cobra el servicio de larga distancia en el horario nocturno, los fines de semana y los días de fiesta nacional. Ruiz Esparza parece ser que está más preocupado por los intereses de los proveedores que de los usuarios.

Sin delito… pero arraigado

¿Cómo que todavía no se acusa de ningún delito a Amado Yáñez Osuna? ¿Eso significa que Banamex no presentó una denuncia por el fraude del que se dice víctima por parte de su cliente Oceanografía? Como se preveía, el empresario fue arraigado 40 días. El sábado se había presentado voluntariamente a dar su versión, a defenderse. Quedó detenido. Sin embargo, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, dice que Yáñez aún no tiene un delito ''precisado''. El arraigo es para reunir suficiente información sobre la empresa y los ilícitos en que estaría involucrado el proveedor de Pemex. El procurador negó que sea sujeto de una averiguación previa, puesto que hasta el momento no se le acusa de algún delito. La declaración del señor procurador como que se parece a la línea 12 del Metro: las ruedas no embona en los rieles… Y si no se ha precisado ningún delito, ¿cómo es que ya le aseguraron su empresa, sus barcos, su yate…?

In memoriam

El general Arnulfo R. Gómez fue candidato a la Presidencia de la República por el Partido Nacional Antireleccionista en 1927. Ayer fue objeto de un homenaje en el Panteón Francés de la Piedad –donde se encuentran sus restos–, al conmemorarse el 85 aniversario de su muerte. Ocurrió en circunstancias trágicas; fue fusilado tras un juicio sumario plagado de irregularidades, de acuerdo con la historia que narra su nieto, el académico de la Universidad Anáhuac Arnulfo R. Gómez García.

e@Vox Populi

Asunto: Wake Up Now

Desde hace meses anda una legión de personas promocionando un negocio de la empresa Wake Up Now (Despierten ahora) donde, aseguran, puedes ganar mucho dinero invirtiendo poco. La mecánica es como sigue: la cuota de inscripción es de alrededor de $1,500.00, que deberás depositar a través de un banco. Además, la empresa te hará llegar una tarjeta de débito donde se te pagará una cantidad mensual. Para no volver a pagar la cuota de inscripción estás obligado a inscribir a tres personas, que a su vez harán lo mismo. Cabe señalar que no se promociona la venta de algún producto. Las personas que tratan de ''enganchar'' a otras hablan de las grandes cantidades de dinero que ya están cobrando mensualmente los iniciadores de este gran negocio. ¿Qué podrías recomendar a tus lectores? La promoción se me hace muy ojona para paloma.

Oswaldo Rosario Trinidad /Distrito Federal

R: Por lo que describes es una típica ''pirámide''. La magia suele terminar cuando no hay más clientes dispuestos a invertir su dinero, lo que cancela el reparto de las ''ganancias''.

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Felices mutantes que respiramos bióxido de carbono y comemos carbohidratos rellenos de carbohidratos conocidos como torta de tamal (guajolota). DF style.

Alma Delia Murillo @AlmaDeliaMC

La anorexia y la bulimia son cosa de niñas ricas y malcriadas que no saben que existen las dietas y el gym. O sea.

@bibiflores3

Coincidimos @PuriCarpinteyro y yo: iniciativa de @EPN en Telecom es brutal contrarreforma. Estamos ante la segunda temporada de la ley Televisa.

@Javier_Corral

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Enrique Galván Ochoa: Dinero

Written By Unknown on Rabu, 26 Maret 2014 | 14.11

D

urante la mayor parte del siglo XX, la telefónica AT&T usufructuó un monopolio casi total de los servicios de larga distancia y local en Estados Unidos. Ejercía su poder por conducto de 22 compañías operativas Bell, las cuales eran proveedoras de servicio a gran parte del país. Aunque había otras empresas independientes, el Sistema Bell era la mayor de todas. El monopolio telefónico finalizó el 8 de enero de 1982, cuando se resolvió una demanda promovida por el Departamento de Justicia. AT&T seguiría prestando servicio de larga distancia, pero se desprendería de sus compañías de servicio local y serían creadas siete empresas Bell, independientes unas de otras, que serían conocidas como Baby Bells. Ya pueden respirar tranquilos Carlos Slim y Emilio Azcárraga Jean. Ni remotamente el gobierno de Peña Nieto tiene la intención de desarticular sus respectivos monopolios. Envió al Congreso la legislación que complementa la reforma constitucional surgida del Pacto por México, y en la práctica los protege. Eso sí, contiene amenazas de darles unas buenas nalgadas cuando se porten mal. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, por ejemplo, podrá aplicar multas hasta por 10 por ciento de los ingresos a los operadores o concesionarios que reincidan en la violación de normas. La sanción se aplicaría si fueran reincidentes, no en la primera falta; 10% de los ingresos equivale a las utilidades netas de un año. Sin embargo, para llegar a ese punto tendrían numerosos recursos para defenderse. Quedó en el camino el propósito de desmembrar a los poderes fácticos. Eso sólo podría lograrse mediante la partición de las empresas, como sucedió el siglo pasado en Estados Unidos. Por ejemplo, que Televisa fuera obligada a desprenderse de sus negocios de televisión por cable y satélite. Sin embargo, eso no está contemplado ni de lejos. Así que la reforma constitucional y las leyes secundarias finalmente serán para proteger los intereses sustanciales de los ''agentes preponderantes'', nombre nuevo y raro para denominar a los monopolios.

El Instituto Aspen

Reunió Juan Ramón de la Fuente a personajes destacados en el consejo del flamante Instituto Aspen, sección México: Luis Berrondo, de Mabe; Eduardo Dondé y de Teresa, de la Fundación Rafael Dondé; Ricardo Salinas Pliego, de Grupo Salinas; Arturo Fernández Pérez, rector del ITAM; Angélica Fuentes Téllez, del Grupo Omnilife; J. Ramiro Garza Vargas, del Grupo R; Francisco Garza Zambrano, de Cementos Mexicanos; Dieter Holtz Wedde, de Laureate México; Pedro S. Pueyo Toldrá, de Oasis Hotels&Resorts, y Scot Rank, de Walmart México y Centroamérica. El Instituto Aspen, con sede en Washington, es una organización internacional no partidista que promueve la educación. Ayer hizo su debut.

El Oceangate

Titubeó algunas horas la Procuraduría General de la República antes de admitir que el Señor de los Gallos Blancos, Amado Yáñez, se había presentado voluntariamente a hacer su defensa frente a los presuntos delitos que se le imputan en el Oceangate. Fue una buena jugada de sus abogados, pero sólo una jugada inicial. De alguna manera repite el esquema que siguió la defensa del ex gobernador Andrés Granier: regresó de Miami y se presentó por su propia decisión en la PGR; sin embargo, no ha vuelto a quedar libre. El Oceangate, aunque diga el procurador Murillo Karam que no tiene coloratura política, ya que se trata de un conflicto de empresas privadas –Banamex vs. Oceanografía–, está marcado por presencias como los hermanos Bribiesca, Marta Sahagún y los ex presidentes Fox y Calderón. Es más, hay más de una comisión investigadora en el Congreso. Si eso no es color político, ¿qué es? Amado Yáñez quedó arraigado por 40 días y Murillo Karam todavía no encuentra un delito preciso por el cual acusarlo formalmente.

e@Vox Populi

Asunto: el Buró de Crédito

Hace unos días quise utilizar mi tarjeta del banco para retirar mil pesos, pero ''asunto negado''. Hablé al banco para que me explicaran y me dijeron que estoy en el Buró de Crédito. Después de pagar 58 pesos por un reporte –no pude ingresar de otra forma– el buró me envió una hoja donde tienen todo lo que he comprado a crédito en mi vida, y aparece una tienda llamada Etesa, que me está reportando por adeudarle 108 mil pesos desde hace 12 meses. Imagínese mi sobresalto y preocupación. Nunca he ido a esa tienda, ignoraba su existencia y tampoco he recibido jamás una llamada o visita de personal de ese establecimiento cobrándome compra alguna. Yo he enviado mi reclamo al buró, pero aparte de eso, ¿qué puedo hacer? Estoy muy preocupada.

M.E.G.

R: En la ciudad de Toluca hay una comercializadora con ese nombre, Etesa. Incluso ofrece servicios financieros en forma de préstamos personales. Deberías preguntarle a esa compañía por qué te envió al buró, si acaso es la que te colocó ahí. Depende de lo que te digan sería el curso que tomara tu acción.

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Buen comercial de tv de Colgate, que recomienda cerrar la llave del agua mientras nos cepillamos los dientes.

@_carlosduque

El único problema que he tenido con mi vocho últimamente es cuando se dan cuenta de que traigo placas de otro estado. Del estado de ebriedad.

José Luis Zapata @zapata131

No trates como ChocoMilk hecho en licuadora a quien te trata como ChocoMilk hecho directo en el vaso y batido con una cuchara.

@lermapaloma

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Editorial: Sistema financiero disfuncional

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egún Adolfo Albo, funcionario de BBVA Bancomer, sólo 12.7 millones de adultos realizan alguna modalidad de ahorro en las instituciones financieras formales, mientras una cantidad muy parecida de personas físicas recurren al crédito en el sector financiero formal. En contraste, 18 millones ahorran (en tandas y en guardaditos) y otros 16 millones obtienen financiamento (en casas de empeño y usureros) en el sector informal.

El dato lleva necesariamente a reflexionar sobre el bajísmo grado de penetración de los bancos en la población del país y a cuestionar la utilidad social de un conjunto de instituciones financieras privadas que cada año obtienen márgenes desmesurados de ganancias, buena parte de las cuales sale de la economía nacional y termina en las matrices extranjeras de tales corporaciones, casi todas en Estados Unidos, España y Reino Unido.

Ciertamente, la causa principal de la escasez de ahorro –tanto en el sector formal como en el informal– es el estancamiento o la caída del ingreso de la mayor parte de la población, originado, a su vez, en una política económica orientada a concentrar la riqueza en unas cuantas manos y a privilegiar los intereses de las grandes corporaciones por encima de las necesidades de la sociedad. Pero este no es el único factor: ocurre, además que los altísimos márgenes de intermediación de las empresas financieras que operan en el país hacen, a ojos de la población, poco atractivo ahorrar en un banco, y demasiado riesgoso pedirle créditos.

Por más que Adolfo Albo afirme que las empresas bancarias ofrecen mejores condiciones de ahorro y de crédito que las instancias informales, la mayoría de la gente, a juzgar por los números, parece estar convencida de lo contrario, y tiene motivos para ello. Baste comparar, por ejemplo, los rendimientos que ofrece una cuenta de ahorros promedio con los intereses y tarifas que ha de pagarse por el uso de una tarjeta de crédito, y se verá que las condiciones bancarias no están muy lejanas de la usura.

Hay, desde luego, otros factores. A la combinación del alto costo de los servicios bancarios y de las severas dificultades que afronta la mayor parte de los ciudadanos –salarios e ingresos insuficientes, desempleo, cobros crecientes de tarifas de energía y agua, carestía inocultable, pérdida de derechos laborales, deterioro o desaparición de servicios públicos y de programas sociales– debe agregarse la contención del gobierno federal en el uso del presupuesto, observada a todo lo largo del año pasado, que tan nociva ha resultado para el desempeño económico del país y para las perspectivas de su gente.

Causas aparte, el hecho central es que el sistema bancario y financiero privado, integrado tras el rescate que costó decenas de miles de millones de dólares a los ciudadanos, no cumple con la función económica y social que le corresponde y que su universo de usuarios está conformado por dependencias del sector público, las grandes corporaciones, personas morales e individuos de clase media. Es decir, la mayoría de la población mexicana se encuentra –por insuficiencia material, por decisión propia o por estrategias de mercado de las propias corporaciones– excluida del sistema bancario, y la reciente reforma financiera no va a cambiar tal circunstancia.


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La Jornada Guerrero: De nuestras Jornadas

E

l gobierno del estado inició una averiguación previa para dar con los responsables de que en la zona oriente de Acapulco se haya producido una severa inundación durante el paso de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, en septiembre pasado.

Se trata de una indagatoria de tipo penal, en respuesta al compromiso del presidente Enrique Peña Nieto de sancionar a quienes dieron licencias para construir en zonas inundables.

Sin embargo, la averiguación de la procuraduría guerrerense sólo se está enfocando en los funcionarios municipales que otorgaron licencias en los 12 años recientes, sin que hasta ahora se sepa que se esté investigando a algún funcionario estatal o federal.

La zona afectada se ubica entre la laguna de Tres Palos y el mar, y por ahí fluye el río La Sabana. Ahí construyeron cientos de viviendas las empresas Casas Geo, Ara y Homex, entre otras; además, el Poder Judicial de la Federación construyó su Palacio de Justicia y se instalaron centros comerciales y deportivos.

Durante los meteoros, la hidroeléctica La Venta, administrada por la Comisión Federal de Electricidad, colapsó porque las compuertas no se abrieron a tiempo, y arrojó sobre el área una gigantesca cantidad de agua a través del río. Ese fue un problema.

Por otro lado, se habla del otorgamiento de licencias, pero sin decir que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) deben autorizar antes la manifestación de impacto ambiental y asegurarse de que no se pretenda construir sobre humedales o cuerpos de agua. Si esas dependencias dan su aval, el ayuntamiento está obligado a dar la licencia de construcción.

El reglamento de construcción estipula que a cargo de cada proyecto hay un director responsable de obra, un perito nombrado por los colegios de profesionales. Pero las pesquisas de la procuraduría no apuntan hacia la Semarnat, la Conagua o a los directores de obra, sólo al municipio. Algo raro se está cocinando.


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Julio Hernández López: Astillero

Foto

CONVITE EN PALACIO NACIONAL. Jose Antonio Meade Kuribreña, secretario de Relaciones Exteriores, y Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno del Distrito Federal, ayer, durante la comida por la visita del presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, en el salón Tesorería de Palacio NacionalFoto María Luisa Severiano

C

on la idea de dar continuidad a sus agresivos planes de expansión, el gerente general de la experimentada firma tricolor genéricamente llamada PRI, César Camacho Quiroz, propuso y consiguió inmediata aceptación de algunos de sus socios comerciales, las empequeñecidas empresas autodenominadas PAN y PRD, para inaugurar en fecha por confirmar el novedoso sistema de mercadeo partidista casuístico conocido como pago por evento.

Luego de una exitosa temporada de ganancias para accionistas extranjeros y nativos (con especial reparto de utilidades para los ejecutivos a cargo de las operaciones, los empleados del año, G. Madero, J. Zambrano y el propio C. Camacho), la fórmula del Pacto por México parecía agotada, pero el marchante de tres colores propuso a sus colegas de blanco y azul, y de negro y amarillo, la adopción de una treta salvadora, al estilo del cliente que desde su casa decide el espectáculo que desea disfrutar, pagando por evento, uno por uno y no por suscripción anual obligatoria.

La propuesta priísta recibió entusiasta aprobación inmediata de los minoristas Madero y Zambrano, quienes han recibido peculiares incentivos de sus compañías, pues el primero está en vías de ser designado para un nuevo periodo de cuatro años al frente de la empresa especializada en conservadores, mientras el segundo recibió una sorpresiva prórroga del consejo tribal del sol azteca para que en cuatro meses de bono por buenos resultados pueda apuntalar las políticas comerciales en favor de la matriz, Los Pinos, donde tienen especial interés en que la fase de las leyes secundarias por aprobar ayude a disolver o erradicar ciertas concesiones de mercadotecnia que el año pasado se hicieron a título de muy importantes reformas constitucionales pero que ahora entre todos los pactados deberán atenuar o, de plano, volver poco viables en la reglamentación secundaria.

Para esas faenas de simulación y retroceso servirán las contrataciones mediante el sistema de pago por evento, con la oferta a los concurrentes de que, de esta manera, podrían acumular más ganancias de las que conseguirían en una sola transacción general. Los temas a negociar mediante esa adaptación del pay per view son muy importantes. Entre otros, los relacionados con lo energético y con las telecomunicaciones. En este último rubro, la letra chiquita de las normas secundarias pretende eludir en lo práctico los planteamientos pretenciosos de reforma profunda, combate a los monopolios y algunos otros clichés de sexenio.

Pagando por evento, la empresa preponderante, Los Pinos SA, podrá conseguirse un libreto legislativo emocionante, actuaciones partidistas apasionadas (ayer mismo, los actores de reparto, Madero y Zambrano, ya alertaban sobre riesgos que han detectado en la iniciativa peñista relacionada con telecomunicaciones e incluso se habló de que había una aplicación deficiente, ¡oh, será una telenovela muy emocionante!), figuraciones ideológicas contradictorias y desenlaces felices con el dedo en alto.

El sonorense Zambrano, conocido en el medio como Chucho, explicó las razones de su pasión escénica: La construcción de acuerdos hay que seguirla haciendo, el PRD ni se va a arrinconar ni va a permitir que lo arrinconen en el debate de los grandes temas nacionales, vamos a esperar evento por evento lo que resulte. Gracias a esa comprensiva vocación PPE algunos ciudadanos podrán dormir con tranquilidad (por ejemplo, aquellos que se apelliden Azcárraga Jean o Slim), sabiendo que sus empresas de colosales ganancias habrían sido reformadas en lo constitucional pero protegidas en las leyes secundarias. Buen negocio. Por evento.

En otra pista de la Carpa México, la intitulada Instituto Nacional Electoral, se negociaba una contratación multianual, con compromisos específicos a desahogar, denominados elecciones. Los mismos intereses pactados para sacar adelante pomposas reformas en un año, para que sean descafeinadas o francamente traicionadas al siguiente, están en proceso de adquisición de nueva plantilla laboral que se encargará de realizar el bonito espectáculo de farsa que hace que el pueblo crea que elige a autoridades y representantes populares.

El juego de ilusionismo electoral requiere especialistas, y por ello se ha aparentado que se ha abierto una convocatoria amplia para seleccionar a los ejecutores apropiados, pero desde ahora se sabe que cuatro de los supervivientes de la anterior compañía de malabares, el Instituto Federal Electoral, serán vueltos a adquirir para que el espectáculo pueda continuar. De ese puñado de consejeros e incluso funcionarios del anterior órgano electoral se elegirá al nuevo consejero presidente (las versiones de pasillo hablan de que está en primera línea Lorenzo Córdova), de tal manera que todo cambie (a INE) para que nada cambie (del IFE fraudulento).

Astillas

Que nadie acuse al gobierno peñista de no atender las demandas populares. Allí está, por ejemplo, el caso del arraigo judicial, que tan criticado es en foros internacionales y en el ámbito interno. Por ejemplo, en el caso de Amado Yañez, el dueño de Oceanografía, ahora se le da un toque hogareño, dejándolo en amabilísimo arraigo domiciliario. Ya nomás falta que para evitarle posteriores problemas, desde ahora le preparen expedientes acusatorios fofos de los que pueda salir más delante con problemas, pero no en demasía. ¡Ah!, la nueva procu del bondadoso Murillo Karam… El tema de la línea 12 del Metro ha entrado en el túnel de las motivaciones políticas, con Joel Ortega y las empresas constructoras sosteniendo versiones confrontadas; el jefe de gobierno, Mancera, jugándose el futuro; el anterior, Ebrard, tratando de no quedarse en el pasado, y los usuarios de los tramos suspendidos de ese servicio entrampados entre tiempos políticos y guerras de bandos… Y, mientras Cecilia Romero y Jesús Zambrano daban conferencia de prensa a la hora en que esta columna cerraba, ¡hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx


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José Blanco: Krugman en Perú

P

aul Krugman es un economista neokeynesiano peculiar: algunas veces ha sido ácidamente crítico de visiones o análisis de sus colegas de esta corriente de pensamiento alejada del pensamiento neoclásico (o neoliberal, en términos más periodísticos). Un alejamiento originado no en grandes avances neokeynesianos, sino en el empobrecimiento brutal del pensamiento neoliberal. No obstante lo dicho, el neoliberalismo se convirtió en el mainstream económico internacional ya por algo más de cuatro décadas; la buena noticia es que aquí y allá, en la práctica, sus directrices son cuestionadas incluso por no pocos de quienes han vivido instalados en ese catecismo que se ve a sí mismo como la verdad única revelada. No es extraño que ello esté ocurriendo: el mundo está como está, siguiendo las directrices de tan menesteroso pensamiento.

A mi parecer, desde el ejercicio de la práctica permanente de la observación y el análisis Krugman ha oteado bien en los fundamentos políticos de la economía y, en este sentido, a veces se aproxima a la economía política, es decir, se aleja de la aparente inocencia de la economics.

Es probable que Krugman sea el economista más famoso del mundo. Su fama, con todo, no deriva de ser el premio Nobel 2008 (el Nobel es muy democrático, le es entregado a este o a su contrario); tampoco de su más de una veintena de libros, sino de su intensa crítica mordaz a las políticas económicas neoliberales, dirigida a amplísimas audiencias, desde muchos años antes del desastre internacional iniciado en 2007 en Estados Unidos, en el que seguimos envueltos (y ni para cuando).

Creo también que esta máquina de trabajo sin freno que es Krugman a veces lo hace decir ligerezas. Ahora se encuentra en Perú (mañana quién sabe dónde), sitio en que participará en un seminario sobre nuevos paradigmas en competitividad.

Como siempre, en su visita a Perú ha sido entrevistado varias veces. En la Escuela de Negocios Esan, de Lima, dijo: "Las personas se preocupan demasiado por la dependencia de productos básicos como las commodities [productos de bajo valor agregado]. No es necesario pasar a un modelo de exportación de manufacturas.

Creer que la manufactura es la clave del desarrollo no se sustenta en la experiencia, agregó. Krugman destacó el caso de Chile, que depende de las exportaciones de minerales, y lo calificó de historia de éxito, en comparación con México, que cambió a ser un país manufacturero, dijo, y que pese a ello no ha logrado equiparar su rendimiento al de Chile. ¿Por qué Chile es más exitoso que México? Entre las razones, la más obvia es la educación, manifestó.

Muchas ligerezas. En lo referente a la educación, se trata de una verdad del tamaño de una torre, y todo indica que Chile va para más y para mejor en materia educativa, siempre que…

Desde mediados del siglo XIX desarrollo ha sido sinónimo de industrialización. Y no hay país subdesarrollado que no aspire al desarrollo. Demasiado rápido Krugman pone de ejemplo la historia chilena. Chile ha sido un modelo de éxito si nos quedamos viendo fijamente la tasa de crecimiento del PIB (1985-2000 más exitoso que 2000-2010). Pero ese éxito se concentró en unos pocos, lo que provocó un índice de desigualdad social peor que el de México.

Chile ha crecido en una época –que está llegando a término– de altos precios de las commodities. Ha cambiado la correlación de fuerzas en el seno mismo de la sociedad chilena, y será posible llevar a cabo –ya veremos hasta adónde–, una reforma fiscal que tiene en mente la desigualdad y la educación, que en gran medida van de la mano. Pero si los precios de sus exportaciones caen, por una drástica baja de la demanda externa, derivada a su vez de la severa caída que de modo inminente sufrirá China, esas loables políticas sociales se verán en graves problemas.

Decir, sin más, que México es un país manufacturero es decir demasiado. Las políticas del Consenso de Washington, a las que nos aplicamos con furor aun antes de que el tal consenso se extendiera por el mundo, conformaron aquí una economía dual: tenemos un enclave exportador de manufacturas donde predomina el capital extranjero, con un ultrarraquítico efecto multiplicador en la economía interna: las industrias exportadoras de manufacturas importan 75/77 por ciento de los insumos que requieren. Y no existe en México un proyecto de desarrollo industrial que se proponga poner remedio a ese adefesio productivo. México se desindustrializó, y los gobiernos han estado aplicados a vender la marca México, como un país fiscal y financieramente bien portado, para atraer más capital extranjero. En tales condiciones no es extraño que México sea un país manufacturero sin historia de éxito. Es decir, tales tesis de Krugman están desencaminadas.

El Nobel 2008 también habló del inminente ¿cataclismo? chino. Para un exportador de materias primas como el Perú, está más expuesto que otros países. Estados Unidos o incluso México, pueden afrontar los problemas que China [provocará], a diferencia de Perú. Esto podría romper la racha de buena suerte del Perú. Bien, en el mismo caso está también Chile y otras economías latinoamericanas. De otra parte, la crisis china parece de una magnitud tal que afectará a la entera economía mundial. Es preciso examinar con más cuidado este asunto, pero difícilmente México y Estados Unidos están a salvo.


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