Ricardo A. Lagunes Gasca*: La lucha por la tierra y el asesinato de Juan Vázquez Guzmán

Ricardo A. Lagunes Gasca*

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a noche del 24 de abril, en el poblado Bachajón, municipio de Chilón, en la zona norte de Chiapas, ejecutaron en su domicilio a Juan Vázquez Guzmán, indígena tzeltal, de 32 años, defensor de derechos humanos, adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) del ejido San Sebastián Bachajón. Entre sus hermanos y hermanas, él era el Bankil (hermano mayor, en lengua tzeltal). Padre de dos pequeños niños, trabajaba en la milpa y en el cafetal en compañía de su papá. Su palabra tenía fuerza, su mirada y corazón estaban limpios de cualquier miedo a la adversidad por la defensa de su pueblo y territorio. Su sonrisa y sentido del humor contagiaba. Su entrega a la lucha por una vida digna y autónoma para su pueblo la sostuvo hasta su muerte.

Durante y después de concluido su cargo como secretario general de los Adherentes a la Sexta de los tres centros de población que conforman el ejido –Alan Sajcun, Chi´ch y Bachajón–, Juan siempre se destacó por su participación en la defensa del territorio y en la lucha por la liberación de los presos políticos. En diferentes foros y comunicados denunció la violencia social y política en el ejido, generada por el gobierno para debilitar a su organización y consumar el despojo de las tierras para la implementación de un proyecto ecoturístico de clase mundial.

El 2 de febrero de 2011, la represión se recrudeció en San Sebastián Bachajón. De acuerdo con las denuncias públicas de Juan, los adherentes a la Sexta fueron desalojados de la caseta de cobro por un grupo de civiles armados encabezados por Carmen Aguilar Gómez Primero y financiados por el entonces presidente estatal de la Fundación Chiapas Verde, Leonardo Guirao Aguilar, hoy presidente municipal de Chilón. El 3 de febrero, 117 ejidatarios de la Sexta fueron privados arbitrariamente de la libertad, como medida de presión para que entregaran las tierras ejidales de uso común que ya habían sido comprometidas por el comisariado ejidal oficialista en ese entonces, Francisco Guzmán Jiménez (alias Goyito). Los compañeros no se doblegaron y decidieron emprender la defensa legal de su territorio a través de la interposición del juicio de amparo 274/2011 ante el juez séptimo de distrito en Tuxtla Gutiérrez en marzo de 2011. Vázquez Guzmán dio puntual seguimiento a este juicio y denunció la falta de imparcialidad e independencia de ese órgano jurisdiccional, desde la admisión hasta la sentencia definitiva que declaró improcedente la demanda después de dos años de trámite. Actualmente, se encuentra en curso el Amparo en Revisión 118/2013 ante el Tercer Tribunal Colegiado en Tuxtla Gutiérrez.

Gracias a la solidaridad nacional e internacional, en julio de 2011 todos los presos políticos de Bachajón recluidos en Playas de Catazajá recuperaron su libertad. A finales de ese año, de manera selectiva detuvieron y torturaron a dos miembros activos de la organización, Antonio Estrada Estrada y Miguel Vázquez Deara, recluidos hasta la fecha en Playas de Catazajá y Ocosingo, respectivamente, imputándoles delitos fabricados de robo con violencia y delincuencia organizada. Juan también fue detenido sin orden de aprehensión la noche del 24 de diciembre de 2011, y pudo percatarse que Francisco Guzmán Jiménez estaba en la cárcel dando seguimiento a su detención. Fue liberado horas después sin documento legal alguno.

El 19 de junio de 2012, los ejidatarios de la Sexta intentaron recuperar el control de la superficie ejidal despojada, pero fueron desalojados por más de 800 policías; de acuerdo con las constancias del juicio de amparo 274/2011, ello se justificó con las medidas precautorias CEDH/VGOCO/MP/19/2012 emitidas por el Consejo Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a petición de Francisco Guzmán Jiménez. Ante esto, Juan denunció en diversos momentos la complicidad del CEDH con el gobernador Juan Sabines Guerrero para garantizar el despojo simulando un establecimiento del orden, en cumplimiento de una medida precautoria y presionando a su organización a suscribir los acuerdos de la Mesa de Diálogo y Concertación para la Paz, lo que implicaba consentir la entrega definitiva de las tierras al gobierno a cambio de la liberación de los presos.

En este contexto luchó. La inoperancia del Poder Judicial de la Federación y la intervención de los tres niveles de gobierno para apropiarse de tierras y recursos naturales de este pueblo originario por medio de la violencia y la corrupción, en total inobservancia de los derechos de los pueblos indígenas, generaron las condiciones para su ejecución impune, un verdadero crimen de Estado.

Su ejemplo de vida es fuente de inspiración para sus compañeros y para quienes lo conocimos y caminamos junto a él. Bayel Jokolawal, compañero Juan.

*Abogado litigante y defensor de derechos humanos

Twitter: @defensalegalsur

http://defensalegalsureste.wordpress.com/

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Editorial: El descrédito de la evaluación docente

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n el contexto de un foro sobre reformas educativas, encabezado por la nueva presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Sylvia Schmelkes del Valle, el investigador Felipe Martínez Rizo –ex presidente de ese organismo– señaló que se requiere al menos de 10 años para implementar un modelo de valoración integral del magisterio que no dependa sólo de la aplicación de una prueba estandarizada, y añadió que la labor docente no puede ser calificada con un examen teórico-pedagógico, y mucho menos si es de opción múltiple, porque determinar si un maestro es bueno o no es un proceso mucho más complejo, que demanda otros instrumentos como su desempeño en el aula.

A esos señalamientos se suman los formulados en días recientes por otro de los ex presidentes del INEE, Mario Rueda, en el sentido de que ese organismo no puede convertirse en un órgano de persecución del magisterio y que la evaluación docente no va a resolver los problemas, en alusión a la reforma educativa recientemente aprobada y promulgada que condiciona el ingreso, la promoción y la permanencia de los profesores en el sistema educativo a la aprobación de controles estandarizados.

Es revelador, por decir lo menos, que uno de los supuestos fundamentales de la referida reforma –la afirmación de que la evaluación docente es la panacea a los rezagos nacionales en el ámbito de la enseñanza– sea consistentemente cuestionado y desacreditado por académicos y especialistas en dicha materia. No menos significativo resulta que cuestionamientos como los referidos provengan de ex integrantes del INEE, organismo al que la mencionada modificación constitucional otorga la responsabilidad de diseñar y aplicar la evaluación docente.

La realidad es que, a contrapelo de los empeños gubernamentales y partidistas por presentarla como una solución casi milagrosa, la evaluación educativa en su configuración actual –de corte verticalista, basada en pruebas estandarizadas y en la entrega de estímulos económicos y/o de sanciones a los profesores– ha tenido ya suficiente tiempo para demostrar su ineficacia como instrumento de mejora en la calidad de la educación. Desde hace más de dos décadas la Secretaría de Educación Pública ha sometido a los estudiantes y a los maestros a distintos procesos de control de calidad de dudoso apego a las consideraciones pedagógicas más elementales, que en nada han ayudado a corregir los múltiples problemas socioeconómicos –pobreza, marginación, inequidad social– e institucionales –abandono presupuestario, opacidad, corrupción e ineficiencia en el manejo de recursos públicos– que convergen en el ámbito de la enseñanza.

La evidente tensión entre el supuesto fin de poner fin al atraso educativo y la pretensión de hacerlo mediante un modelo que no atiende a los distintos factores que originan ese fenómeno –antes al contrario, impide su atención y, por esa vía, los profundiza– hace inevitable sospechar que la motivación real de reformas como la mencionada –alineada con la agenda educativa de organismos internacionales como la OCDE– no pasa tanto por mejorar los ciclos de enseñanza sino por perfilarlos como instrumentos de estratificación social y por generar oportunidades de negocio para particulares.

Tal es, en suma, uno de los motivos principales del descontento magisterial que se ha venido expresando en semanas recientes en distintas entidades del país, por más que las autoridades y el poder mediático-empresarial se empeñen en presentar dicho descontento como producto de un rechazo irreductible a cualquier tipo de evaluación. Es pertinente, por último, que la actual dirigencia del INEE tome nota de los señalamientos críticos formulados por sus ex integrantes y por buena parte de los expertos en la materia, y corrija, en el ámbito de su competencia, el despropósito de un paradigma de escrutinio magisterial a todas luces desacreditado y caduco.

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Luis Britto García *: Asegurar la seguridad

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, encabezó ayer una mesa de trabajo y una asamblea con colectivos del estado de MirandaFoto Xinhua

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n el año 2012 el asesor de guerra sucia electoral J.J. Rendón aconsejó centrar la propaganda en un tema: la inseguridad. Los medios de comunicación opositores se dedicaron obsesivamente a reseñar crímenes horrendos y divulgar cifras de muertes violentas que confundían tendenciosamente homicidios y accidentes de tránsito o laborales. En el cierre de campaña electoral, el candidato opositor clamó: Que cese la violencia. La estrategia rindió dividendos, a pesar de que el estado que el candidato perdedor gobierna presenta los mayores índices de homicidios del país, seguidos por los de otros estados administrados por la oposición.

Repetidas veces señalamos que toda la campaña opositora se fundamenta en un trabajo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana 2009, (Caracas, mayo 2010), el cual no registra homicidios ni delitos reales, sino la percepción de una muestra de 5 mil 496 hogares o 16 mil 419 personas, cuyas respuestas se extrapolan como válidas para representar 28.946.101 venezolanos ¿Son las encuestas un método confiable para decidir cuestiones trascendentes y puntuales como quién será presidente de la república o el número de homicidios?

A juzgar por los resultados electorales, no. Y menos si sus métodos suscitan la sospecha y sus conclusiones el asombro. La página 67 de la encuesta del INE cuenta un total de delitos reportados de 21 mil 132 homicidios en 2009; la página 68 registra 19 mil 113 víctimas de ellos. ¿Cómo 21 mil 132 homicidios causan apenas 19 mil 113 víctimas? Sólo la matemática o la confusa categorización del INE podría explicarlo. La misma página afirma que de esos 19 mil 113 homicidios, 3 mil 151 nunca fueron denunciados ¿En qué cabeza entra que la sexta parte de crímenes tan graves y notorios como asesinatos no sea denunciada? ¿Y por qué sí se efectúa la denuncia ante el encuestador? La misma página 67 nos asigna una tasa de 75 mil 8 homicidios por 100 mil habitantes. ¿Es concebible que casi cuadrupliquemos los 22.7 de México y los 21 de Brasil y que dupliquemos ampliamente los 31.4 de Colombia, que un año antes presentaba el doble, 61 mil 7847 homicidios por cada 100 mil personas? ¿Si los tres miembros encuestados de una familia conocen un mismo homicidio, éste es registrado como un solo delito o como tres? ¿Y por qué la encuesta inquiere obsesivamente si las muertes son causadas por las FARC o por el ELN, o si el entrevistado desconfía de los tribunales venezolanos? ¿Trata de probar la aserción imperial de que Venezuela es la base de los rebeldes colombianos o de que nuestros tribunales deben ser suplantados por la Corte Interamericana de la OEA?

¿Esta supuesta percepción es veraz? En la investigación para Latinobarómetro La seguridad ciudadana: el problema principal de América Latina, Marta Lagos y Lucía Dammert afirman que cuando la opinión pública se recoge en estudios de opinión es un conglomerado de respuestas individuales que no tienen un ente articulador, es esencialmente miope, no tiene visión de futuro y refleja lo que el investigador pregunta.

Y añaden que hoy día en América Latina las crisis de representación y liderazgo le han entregado a las encuestas de opinión pública un rol y expectativas que no pueden cumplir. Ellas son vistas como sustitutas de liderazgos que nunca podrán cumplir, porque las encuestas de opinión recogen una visión estática y miope de la realidad. En todo caso, dicho estudio de Latinobarómetro, que utiliza datos de 2008, no deja tan mal parada a Venezuela. Inquirió de una muestra de ciudadanos de 20 países que calificaran, en una escala de 10, el nivel de violencia de su país. El promedio fue de 5.6; los países percibidos como más violentos resultaron, respectivamente, Guatemala, con siete; El Salvador, 6.4, Brasil, 6.3, y México, 6.2. Colombia está en el puesto seis. Los menos violentos resultaron Venezuela, Nicaragua y Chile, empatados en un puntaje de 4.8; Paraguay, 4.7; Ecuador, 4.6, y Uruguay, cuatro. El nuestro estaría en el cuarto rango de menos violento de la región.

¿Cómo se explican estas diferencias de encuesta a encuesta en la percepción de la inseguridad? Ocurre que no es lo mismo percepción que ocurrencia real de delitos. Eleazar Díaz Rangel señala en Últimas Noticias, del 16/11/2011, que en Venezuela 27 por ciento de los encuestados en 2010 dijo haber sido víctima de delitos, pero que 64 por ciento afirmó que la inseguridad es el primer problema: la percepción de la inseguridad superaba el número de delitos reales en 37 por ciento, y casi lo duplicaba, registrando la diferencia más alta de la región. Opina Díaz Rangel que la alianza de partidos de oposición y medios de comunicación explica esta diferencia. Urge entonces precisar y cuantificar la magnitud real y objetiva, y no la percepción del problema.

¿Y las cifras reales de homicidios?, se preguntará el lector. Inútilmente consultará los informes de la fiscalía: presentan sólo cifras totales de delitos, como si fueran lo mismo asesinatos que amenazas o arrebatones. Tampoco los informes de la Defensoría del Pueblo presentan cifras reales y particularizadas de homicidios. Grupo de Investigación Social Siglo XXI apunta que entre 1990 y 2000 la tasa promedio de delitos fue de mil 163.2 por 100 mil habitantes, y entre 2000 y 2008 disminuyó hasta 954.3, pero tampoco distingue entre tipos de delitos. Y en efecto, si nos referimos al número total de éstos y consultamos www.nationmaster.com/graph/cri_tot_cri-crime-total-crimes, encontramos que el país con mayor cantidad es Estados Unidos, con 11.878.218 crímenes, en una lista donde Venezuela apenas ocupa el puesto 34, con 236 mil 165 delitos. En el estudio Violencia interpersonal y percepción de la situación de seguridad ciudadana en Venezuela 2010, el Instituto de Investigaciones de Convivencia y Seguridad Ciudadana (Incosec) afirma que 90.2 por ciento de los encuestados señalan la inseguridad como el principal problema a enfrentar en el país, seguido por el desempleo, alto costo de la vida, vialidad y escasez de alimentos, y que 82.9 por ciento de las personas siente que la inseguridad en el país ha aumentado, pero se basa en la citada encuesta de percepción del INE y en investigaciones hemerográficas que principalmente atestiguan la voluntad de los medios de exacerbar el pánico. Las mismas fuentes esgrimen todos los ensayos de la oposición sobre el tema. He consultado a altos funcionarios de los poderes públicos; ninguno me ha proporcionado cifras reales y fácticas de homicidios.

No es como para andar dependiendo de percepciones y subjetividades imprecisas en momentos cuando el poder real se gana o se pierde mediante campañas sobre la inseguridad. No podremos enfrentarla mientras el tema se reduzca a encuestas de percepción que alimentan el pánico mediático y a pánicos mediáticos que exacerban la percepción en las encuestas. Percepción no es lo mismo que victimización. Y esa percepción no refleja los consistentes esfuerzos del gobierno bolivariano en pro de la seguridad: abrupta disminución de los niveles de pobreza, creación de la Policía Nacional, instauración de una universidad nacional de la seguridad, incremento de la dotación y del personal de los cuerpos de orden público, campañas de eliminación de armas de fuego. Compilemos las cifras verdaderas, obremos en consecuencia y divulguemos eficazmente las medidas adoptadas para garantizar la paz y la vida. Encuestas certeras no aseguran la elección correcta, pero falsas encuestas pueden favorecer una elección equivocada.

PD: Según llevo anticipándolo hace años, la oposición demandará la anulación de las elecciones venezolanas ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA, que siempre decide en favor de Estados Unidos. Realicé una larga campaña para que nos retiráramos de dicho organismo, hasta que todos los poderes públicos adoptaron dicha iniciativa. Pero gracias a una Gaveta Voraz que retrasó comunicar dicha decisión durante cinco meses, todavía está abierto el lapso de un año para que se introduzcan demandas contra la soberanía de nuestro país. Gracias, Gaveta Voraz, por favor concedido.

(*) Escritor venezolano, ganador del Premio Nacional de Literatura 2002 de ese país.

luisbrittogarcia-fr.blogspot.com

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Carlos Martínez Rentería: Salón Palacio

¡P

achecos Unidos jamás serán torcidos! es una de las consignas verdes (creación y recopilación del poeta Luigi Amara), que se incluyen en el volante promocional de la 13 Marcha Cultural Día Mundial por la Liberación de la Mariguana 2013, que se celebra hoy a partir de las 15 horas; saldrá de la Plaza de la Solidaridad y concluirá en el Monumento a la Revolución. Algunas de las demandas de esta marcha son: respeto a los derechos de los usuarios cannábicos, (incluido el autocultivo), educación e información basada en estudios científicos, cambiar las políticas criminalizadoras por dinámicas democráticas hacia el uso de drogas y garantizar el libre acceso de la mota a pacientes con enfermedades incurables, así como la investigación de otros usos en la medicina y en la industria. En esta ocasión, esta tradicional celebración, que ocurre simultáneamente en cerca de 300 ciudades del mundo, se inserta en un muy alentador panorama internacional, que entre otras realidades incluye la liberación para usos recreativos de la mariguana en dos entidades de Estados Unidos. Sin embargo en nuestro país sigue vigente una cada vez más confusa política prohibicionista.

Consignas mariguanas

El poeta Luigi Amara, quien también es estudioso de la cultura de las drogas, ha dedicado parte de su trabajo a escudriñar el mencionado tema; vale la pena citar aquí algunas de las consignas que ha inventado o recopilado en un tiempo reciente: Evita el cataclismo: ¡Cultívala tú mismo!; ¡Pachecos Unidos jamás serán torcidos!; "Liberen a la mota, la bacha no se agota"; "De Mérida a Los Mochis, ¡todos tenemos monchis!"; ¡No fumes en el clóset, que sea legal el goce!; La ley tiene un hueco: ¡derechos al pacheco!; "Un toque en la mañana y adiós a la migraña"; Ya basta de guarumo, ¡defiende tu consumo¡; "¡La mota legal eleva la moral!"; "Se enciende la bacha ¡y goza la muchacha!"

Nuevo libro de la mota

Al menos existen dos libros en México sobre la poco difundida historia de la mariguana (las realizadas por Juan Pablo García Vallejo y Armando Velázquez). Se sabe que la tía Juanita, llegó a México con la Conquista española, pero rápidamente fue asimilada por el mundo indígena, y a la fecha sigue siendo la sustancia prohibida más consumida por todas las clases sociales y por todas las generaciones. Desde hace casi dos años, los estudiosos del tema Leopoldo Rivera (organizador de las marchas de la mariguana y fundador de la Asociación Mexicana de Estudios de la Mariguana), Jorge Hernández Tinajero (presidente del colectivo Por una Política Integral hacia las Drogas) y el videasta y activista Julio Zenil, han publicado el libro Mota: compendio actualizado de la mariguana en México (Randon House Mondadori), que circula ya en las principales librerías. Este libro sale a luz gracias a la iniciativa del poeta y editor Andrés Ramírez, quien algo sabe sobre el tema. Los autores definen así el contenido de esta publicación: "Es un libro poco usual en el panorama editorial mexicano, porque no aborda el tema de la mariguana desde una perspectiva periodística ni se enfoca al delito o al crimen organizado que lucra con su prohibición y la de otras sustancias. A cambio, presenta un escenario lúdico y sin prejuicios sobre un asunto que pareciera atemorizar al país entero, aun cuando millones de mexicanos experimentan con el cannabis sin mayores consecuencias.

Primer festival de videodanza

Hace unos días asistimos a la primera muestra internacional de videodanza: Movimiento en movimiento: once creaciones para pantalla, organizado por la entusiasta bailarina Yolanda Martínez. Fue uno de esos viernes caóticos de la ciudad de México, pero el foro del Dinosuario Juan José Gurrola, del Museo del Chopo, estaba casi lleno. Los videos exhibidos resultaron casi todos muy sugerentes y atractivos, fueron comentados por tres videastas Ximena Monroy, Nuria Fragoso y la misma Yolanda Martínez, así como el artista visual Yoshua Okón, quienes se refirieron a la volátil condición de este género que se define fundamentalmente por el movimiento videograbado más que por la danza tradicional en sí misma. Atención aparte merece el trabajo de Yolanda Martínez con su video Ciego, inspirado en la novela La caída, de Albert Camus. La muestra promete repetirse anualmente.

Sudor, añejo y sardina

El reconocido crítico y reseñista de rock Enrique Blanc confirma otra vertiente de su trabajo literario con el libro de relatos Sudor, añejo y sardina, publicado recientemente por la editorial Moho. Se ratifica asimismo la sensibilidad del escritor y el editor Guillermo Fadanelli, al ubicar a los autores más incorrectos de su generación. Este volumen se presentará en la Pulquería de los Insurgentes (Insurgentes 226) el 11 de mayo a las 19:30 horas, con los comentarios de Rodrigo Márquez Tizano y Guillermo Fadanelli; modera quien esto escribe.

de_generacion@hotmail.com

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Enrique Calderón Alzati: Escuelas públicas y cuotas escolares

E

l artículo tercero de la Constitución indica de manera clara y terminante que en nuestro país, la educación básica es un derecho para todos los niños mexicanos, señalando que ella debe ser obligatoria, gratuita, laica, es decir, exenta de toda enseñanza de carácter religioso y ser proporcionada obligatoriamente por el gobierno de la república.

Ello se refiere a la educación básica, es decir la educación primaria y secundaria, aunque en tiempos recientes, para adecuarse a las necesidades de la población se ha estado ampliando a la educación llamada prescolar para los niños pequeños. Desde luego, el artículo, como muchos otros, es letra muerta en la realidad, por varias razones conocidas y cuestionables todas ellas.

En días pasados, en la columna de Enrique Galván, admirable columnista y analista de nuestro diario, se ha estado ventilando un punto relacionado con este tema, y de la mayor trascendencia para nuestro país, como todo lo que tiene que ver con la educación. La discusión está centrada en torno a las cuotas escolares, que en muchos planteles se vienen cobrando de tiempo atrás por varias razones, o pretextos según lo quiera uno ver.

Por un lado está la opinión de muchos padres de familia que se quejan de que esas cuotas son un abuso y se utilizan de manera incorrecta por los directivos de las escuelas para su beneficio personal. Me llamó la atención la respuesta del director de una escuela en Huatusco, Veracruz, que defiende las cuotas con argumentos que me parecen además de sensatos y totalmente realistas muy valientes, aunque ciertamente en desacuerdo con lo indicado por la Constitución. Lo que él indica es que esas cuotas son absolutamente necesarias, porque es con ellas con lo que se pueden mantener limpios los sanitarios y las instalaciones de las escuelas, así como comprar los materiales de consumo necesarios para su buen funcionamiento, incluyendo también en algunos casos, el pago de algún personal con el que las escuelas no cuentan.

De lo que este director está hablando es de un problema real, porque los recursos que debieran dedicarse a estos fines no llegan a las escuelas con mucha frecuencia, siendo desviados a otros menesteres que incluso nada tienen que ver con la educación y si bien, existen controles para que ello no suceda, las cadenas de distribución de esos materiales tienen muchos eslabones donde son desviados, por una razón o por otra, ello es un problema bastante generalizado en muchas entidades del país, incluyendo ciertamente a Veracruz. Para un director comprometido en dar un servicio digno y de buena calidad a sus profesores y estudiantes, la única opción real con la que cuenta es buscar el apoyo de los padres de familia.

En los comentarios al contenido de la columna, otro maestro lo objeta diciéndole al director que en lugar de hacer eso, él como director se debe unir a los plantones y las marchas organizadas por el sindicato, lo cual creo yo, difícilmente va a resolver el problema de esa escuela y de sus estudiantes, sirviendo seguramente más a otros fines de carácter totalmente político.

He comentado en esta columna de nuestro trabajo en escuelas de bachillerato, en donde la situación parece ser aun peor, porque hasta hace poco, la educación media superior no estaba incluida en el artículo tercero de la Constitución y si el gobierno federal y los gobiernos estatales han venido abriendo escuelas públicas, ello se ha debido en parte a los reclamos y presiones políticas de la población, más que a razones de carácter constitucional; con la reciente modificación que da a la educación media superior el carácter de obligatoria, las cuotas que actualmente reciben muchas escuelas públicas de este nivel para complementar sus raquíticos ingresos, entrarán a formar parte de esta polémica, con enormes riesgos para esas escuelas que, ya desde ahora, viven todo tipo de carencias.

En la actualidad, a diferencia de las escuelas de educación básica, la educación media superior pública es impartida y proporcionada por un conjunto de escuelas administradas por organismos que dependen y son coordinados por la Secretaria de Educación Pública, con varias modalidades de descentralización, (como el Colegio de Bachilleres, el Conalep y los Cecytes) mientras que otros dependen económicamente de los gobiernos estatales, y sus recursos provienen de las tesorerías de los estados; todo esto se ha traducido en enormes deficiencias y faltas de recursos para las escuelas, que tienen en las cuotas de los padres de familia las únicas posibilidades de funcionar, existiendo incluso modalidades en las que esas cuotas deben ser entregadas a las tesorerías estatales, sin que las escuelas puedan utilizarlas directamente, y sin recibir tampoco los recursos materiales que requieren con la oportunidad debida.

El problema es muy complejo y desde luego se resolvería en el momento que la promesa o compromiso del secretario de Educación, Emilio Chuayfet, de entregar a cada director de escuela los recursos financieros necesarios para la operación de esta, se haga realidad. Se trata ciertamente de una medida de gran importancia, incluida como parte de la reforma educativa propuesta por el gobierno federal, la cual rompe con el esquema centralista y primitivo que considera a los directores de las escuelas como personas no confiables para manejar esos limitados recursos con prudencia y honestidad para que su escuela opere en buenas condiciones.

Hoy la reforma educativa está siendo cuestionada por los maestros de escuela, por sus organizaciones sindicales e incluso por algunas autoridades educativas estatales, como una imposición inaceptable que viola algunos derechos laborales, al grado de llegar a las enormes movilizaciones que se están dando en algunos estados, desafortunadamente los escenarios parecen ser mas de fuerza, que de uso de la razón, en donde lo que debiera imponerse es la necesidad de mejorar la calidad de la educación de nuestros niños y jóvenes, aunque ello implique nuevos esfuerzos para instrumentar los cambios en los métodos y los esquemas educativos, que hoy resultan inadecuados unos y aberrantes otros, como la herencia y el tráfico de plazas.

En este escenario el problema de las cuotas escolares es sólo uno de los incisos o propuestas del Ejecutivo, la cual me parece viable porque seguramente se trata de montos relativamente pequeños, y porque el mecanismo que se propone, se antoja totalmente viable por su simplicidad logística.

En lo personal, considero que sólo será cuando esto se haga realidad, que las cuotas de los padres de familia dejen de ser necesarias, mientras, ellas deben seguir siendo utilizadas, aun cuando no se cumpla con la Constitución, como sucede con casi todo lo que pasa en nuestro país.

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Julio Boltvinik: Economía Moral

A

nte la severidad de las críticas de Reddy y Pogge (RyP) a las mediciones de pobreza del Banco Mundial (BM), que he descrito en las entregas del 5,12,19 y 26 de abril, han surgido varias propuestas para mejorarlas. RyP describen, y critican, tres de estas propuestas1*. La primera propuesta es del propio BM, y surgió como reacción a la crítica de RyP: consiste en remplazar la PPA (paridad de poder adquisitivo) que refleja la composición del consumo total por una que refleje sólo el consumo de bienes y servicios (ByS) requeridos para evitar la pobreza, que se abreviaría PPAP. El resto del método del BM quedaría sin modificación. RyP señalan que, si bien esta propuesta significaría un avance, seguiría siendo inadecuada porque: 1) No aborda la falta de significado de la LIP (línea internacional de pobreza) actual, sino sólo como ésta se expresa en monedas nacionales. 2) Es imposible definir las PPAP sin tener una clara concepción de los ByS requeridos para evitar la pobreza, lo que a su vez requiere el desarrollo de un concepto de pobreza basado en logros. Pero una vez que se cuenta con ese concepto, las PPA ya no se requieren, pues las LP se construyen en cada país en sus propias monedas". 3) Las propuestas existentes para construir las PPAP consisten en recoger datos de precios y cantidades de ByS específicos que reflejen el patrón de consumo de los quintiles (quintas partes) más pobres en cada país, lo cual es muy insatisfactorio puesto que "quintiles similares en diferentes países tienen ingresos reales muy diferentes y, además, el patrón actual de su consumo es inadecuado para reflejar los costos de evitar la pobreza, porque refleja las preferencias adaptativas a la coerción de la pobreza. 4) Las PPAP, si bien resuelven el problema de la irrelevancia de los ByS de las PPA usuales, no resuelven el de la irrelevancia de los países, por el cual los cambios de precios en, por ejemplo, Japón podrían afectar la pobreza en Mauritania.

La segunda propuesta, de Angus Deaton (conocido experto en estadística económica), propuso empezar con la LIP del BM basada en precios de 1993, encargar a las oficinas del PNUD y del BM en los países que las verifiquen. Los errores severos llevarían a corregir las LP nacionales. Las LP así obtenidas se actualizarían anualmente con índices de precios nacionales sin volver a hacer referencia las PPA, excepto una vez cada 10 años. Como hacen notar RyP, la propuesta de que las oficinas del PNUD y del BM verifiquen, sin una metodología común, sólo conduciría a la obtención de LPs no comparables.

La tercera propuesta es de Kakwani y Son. RyP la describen en seis etapas: a) se elige un grupo de referencia 'apropiado' en uno o más países 'apropiados' (vbg. el quintil más pobre de Bangladesh) y se calcula el costo por caloría de su dieta observada promedio y, usando una PPA de calorías, se expresaría este costo en dólares de PPA. b) Este costo se re-expresaría en monedas locales en cada país. c) Se identifica, en cada país, una norma (requerimiento) de calorías por persona, misma que puede variar por tipo de hogar y país. d) Se calcularía para cada hogar el costo de lograr este requerimiento (LP alimentaria, LPA). e) Se debe identificar el costo de los ByS no alimentarios, para lo cual lo primero es identificar los hogares en cada país cuyo consumo de alimentos es igual a la LPA. El siguiente paso es calcular el consumo no alimentario promedio de estos hogares e identificarlo como la LP no alimentaria (LPNA), bajo el supuesto que todos estos hogares tienen el mismo nivel de satisfacción subjetiva de preferencias (o igual nivel de utilidad). La suma de la LPA y de la LPNA es igual a la LP. Con ésta se identifica, entonces, los hogares pobres. RyP consideran que esta propuesta tiene tres problemas: 1) la elección de estrato de referencia y su dieta observada suponen circularidad lógica, pues no se puede determinar cuál es el grupo de referencia apropiado sin resolver, primero, cuáles son los requerimientos para evitar la pobreza y la identificación de los pobres. 2) El enfoque depende de PPA apropiadas que se usarían para determinar el costo internacional de las calorías y sus equivalentes en monedas nacionales. Hay aquí también circularidad, dicen RyP: no se puede identificar cuáles serían las PPA que se deben emplear sin haber identificado un concepto invariante que se busaca lograr, lo que este procedimiento no hace. 3) La cadena de interpretación de que los hogares cuyo gasto en alimentos es igual a la LPA tienen el mismo nivel de satisfacción de preferencias (utilidad), que esta utilidad es el objetivo perseguido, y que ésta es una buena base para definir la canasta no alimentaria, no tienen fundamento.

Como se aprecia, RyP consideran fallidas las tres propuestas para mejorar la medición de la pobreza mundial. Afirman que "existe un mucho mejor procedimiento y describen su propuesta para lograr una mejor medición de pobreza de ingresos comparable en el tiempo y el espacio, así:

Este procedimiento alternativo construiría LPs en cada país que poseerían una interpretación de logro común. Cada LP se referiría a los costos locales de lograr un conjunto especificado de fines. Estos fines se especificarían a nivel global y pueden incluir requerimientos humanos elementales tal como la habilidad de estar adecuadamente nutrido. Cada LP debería reflejar el costo de adquirir ByS que contengan características relevantes (por ejemplo, contenido calórico) que permitan a las personas lograr los fines deseados. Las LP definidas de esta manera tendrían un significado común a través del tiempo y del espacio, ofreciendo un marco consistente para identificar a los pobres. Como resultado, permitiría comparaciones y agregaciones significativas y consistentes entre países. El procedimiento propuesto se dirige no a verificar si los ingresos de los pobres son suficientes en relación a una LPI abstracta sino más bien a si son suficientes para lograr un conjunto de requerimientos elementales. Hace innecesaria una LPI, al dirigirse a un concepto común de pobreza para ser aplicado en todos los países…elimina también la necesidad de PPA (centrales en el enfoque de métrica monetaria actual) y evita los muchos problemas asociados con ellas" (p. 79).

La propuesta de RyP, que se queda en las generalidades, parece estar concebida desde un minimalismo no muy lejano al ultra-minimalismo del BM, como puede intuirse en el uso del término elementales para calificar los requerimientos humanos para evitar la pobreza. Sin embargo, su crítica al BM es demoledora y su final es igual:

Sorprende que el BM haya estado publicando estadísticas de pobreza de ingresos por 20 años …sin proveer siquiera un indicio de reconocimiento público de los profundos errores incluidos en su construcción".

Mientras el BM afirma que la pobreza disminuye en el mundo la gráfica anexa muestra como empeora la mortalidad infantil relativa en casi todo el Tercer Mundo.

^1*How not to count the poor, en Anand, Segal y Stigllitz (Eds.), Debates on the measurement of Global Poverty, Oxford University Press, 2010.

julioboltvinik.org

jbolt@colmex.mx

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Editorial: México-EU: virajes y responsabilidades

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a segunda visita oficial del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a México inició ayer con un claro viraje, cuando menos discursivo, en la agenda temática bilateral –dominada en los pasados seis años por las acciones conjuntas de combate al narcotráfico– y con un acento de ambos gobiernos en el fortalecimiento de la cooperación en materia comercial, económica y, enhorabuena, educativa. En una conferencia de prensa conjunta en la que el tema de la delincuencia organizada fue abordado de manera marginal, Enrique Peña Nieto subrayó que la relación entre México y Estados Unidos debe ser multitemática, debe permitirnos abrir espacios de oportunidad, de colaboración en distintos ámbitos; Obama, por su parte, señaló que continuará con su cercana colaboración con las autoridades de nuestro país y, tras reconocer que decenas de millones de mexicanos enriquecen la vida de Estados Unidos, se dijo optimista sobre la posibilidad de lograr una reforma migratoria integral en el Congreso de su país.

Es sin duda positivo que la presencia del mandatario estadunidense en nuestro país sirva para plantear una reconfiguración en la relación bilateral, la cual ha estado marcada hasta ahora por una subordinación de las autoridades nacionales a las estadunidenses y por la intromisión creciente de éstas en ámbitos que sólo competen a los mexicanos. Particularmente necesario resulta avanzar hacia la reformulación de la Iniciativa Mérida, instrumento que, a juzgar por los saldos obtenidos, no sólo no ha servido para reducir las actividades de las bandas delictivas que operan en México, sino que ha dado marco al sostenido deterioro de la seguridad pública y del estado de derecho; ha llevado a una abdicación de potestades soberanas en materia de inteligencia, seguridad, procuración de justicia y control del territorio, y ha dotado a las autoridades del vecino país de una coartada para practicar un injerencismo a todas luces indebido y para atizar las divisiones y rivalidades de las dependencias mexicanas de seguridad y defensa nacional.

Sin embargo, la pertinencia de desnarcotizar la relación bilateral no implica que haya sido superado el derrumbe del estado de derecho que se vive en diversos puntos del territorio nacional, problema que persiste más allá de los propósitos expresados por el gobierno de Peña Nieto –como lo demuestra la continuidad en el ritmo de ejecuciones, levantones y demás violencia vinculada al narcotráfico– y cuya continuidad radica, en buena medida, en acciones u omisiones de Washington.

En efecto, a contrapelo de su discurso prohibicionista, ese gobierno mantiene una exasperante tolerancia hacia el accionar de las redes de distribución, transporte y comercialización de drogas que operan, sin mayores obstáculos, en su territorio, y otro tanto puede decirse respecto del flujo ilegal de armas hacia nuestro país y del lavado de dinero procedente del narco en el sistema financiero estadunidense, actividades que incluso han sido incentivadas y practicadas por Washington en el contexto de investigaciones policiales y de operativos como Rápido y furioso y Receptor abierto.

La inconsistencia entre el discurso y la práctica del gobierno del vecino país hace suponer que la persistencia del narcotráfico en México y de la violencia relacionada con ese fenómeno no necesariamente son perspectivas indeseables para Estados Unidos, en la medida en que representan una excelente oportunidad de negocio para su industria armamentista, proveen de un flujo de recursos constante a sus instituciones financieras y dan a su gobierno un pretexto para el intervencionismo.

Por lo que hace al tema migratorio, más allá del optimismo manifestado ayer por Obama, es necesario que las autoridades del vecino país abandonen su doble moral característica frente a ese fenómeno y conviertan en acciones concretas el reconocimiento ya logrado de que los migrantes indocumentados constituyen uno de los factores principales de la competitividad de su economía.

En suma, sería lamentable que el anunciado giro en la relación bilateral redundara en un ejercicio de simulación, o bien en un simple recambio de prioridades que centre la atención de ambos gobiernos en la agenda económica y comercial común y deje intactas las actitudes incongruentes y contraproducentes de Washington en materias como la seguridad y la migración. Cabe exigir que el gobierno mexicano actúe de conformidad con el interés nacional y demande a su contraparte estadunidense un nuevo tipo de relación basada en el entendimiento, la cooperación efectiva, la responabilidad y el beneficio mutuo.

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Carlos Fernández-Vega: México SA

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n materia de inversión extranjera, es usual escuchar el argumento oficial de que si los dineros llegan al país se debe a que los dueños de los capitales confían en las instituciones nacionales y reconocen el alcance y el carisma del señor presidente (en turno), amén de que arriban con el único objetivo de contribuir al desarrollo de esta gran nación (ningún funcionario dirá cosa distinta, sobre todo si su futuro político es medianamente promisorio).

Qué bueno, pero pasan los años, cambia el inquilino de Los Pinos, crece el saldo de la inversión extranjera directa en México, y nada de nada: ni empleo, ni crecimiento, ni desarrollo, por mucho que buena parte de los sectores estratégicos de la economía nacional esté bajo el control del capital foráneo. ¿En realidad se trata de confianza y de carisma presidencial?

Caso concreto es el de la minería, que si bien no es el único sí es representativo de cómo los barones –nacionales y foráneos– confían en las instituciones, el inquilino de Los Pinos y demás. Este sector fue abierto de par en par al capital privado por cortesía del salinato, y tal política se llevó al extremo (en contra de los intereses nacionales, desde luego) en los tiempos de Vicente Fox y Felipe Calderón, hasta concesionar una de cada cuatro hectáreas de la República agujereada.

A partir de 1992 el gobierno comenzó a entregar concesiones mineras a grupos empresariales y a privatizar las paraestatales dedicadas a esta actividad, siendo la más representativa la Compañía Minera de Cananea. A partir de entonces la inversión extranjera comenzó a llegar a México, donde la llamada autoridad concesionó miles y miles de hectáreas a precios verdaderamente dañinos para el interés nacional (a estas alturas cobra entre 5 y 111 pesos por cada una de ellas, dependiendo de la antigüedad).

Y aquí es donde aparece el elevadísimo grado de confianza que los barones de la minería (propios y arrimados, especialmente canadienses) le tienen a instituciones, gobierno, etcétera: independientemente del régimen de consolidación fiscal que los privilegia (inexistente en otras naciones), México es de los pocos países en el mundo que no les cobra ningún tipo de regalía por el mineral extraído, con todo y que –por ejemplo– en la docena trágica blanquiazul obtuvieron a montones oro, plata y otros metales, todo ello mejorado con alza constante en los precios internacionales.

El gobierno de Canadá (país con enormes recursos minerales) se dio a la tarea de comparar cuánto cobran en otros países por regalías mineras, y en el inventario aparece México como el único que no cobra un solo centavo, lo que a su vez explica por qué los consorcios de la nación de la hoja de maple adoptaron a esta República agujereada como su centro de operaciones.

La autoridad canadiense (consúltese Natural Resources Canada) detalla que en su país el gobierno cobra regalías mineras a una tasa que fluctúa entre 10 y 17 por ciento, según la provincia de que se trate. Incluso, para las explotaciones mineras en Terranova y Labrador (en la parte superior derecha de Canadá) el cobro de regalías minera es de 15 por ciento sobre el 80 por ciento del ingreso gravable, y 20 por ciento sobre el resto. Lo anterior, desde luego, más los impuestos regulares.

Pues bien, de unos años para acá en nuestra agujereada República proliferan las empresas mineras canadienses (especializadas en oro) –todas ellas con concesiones federales–, que con toda confianza extraen la riqueza mineral de nuestro país y no pagan un solo centavo de regalías, lo mismo que los consorcios mexicanos, que –junto con las empresas foráneas– acaparan 95 por ciento de la actividad minería en el país.

En días pasados (27 de abril) en este espacio se dio cuenta que "finalmente los diputados decidieron pellizcar, así sea de forma suave, los intereses del poderoso pulpo minero que opera en el país, sustentado en los bienes nacionales y la connivencia con el poder público. En el pasado reciente no fueron muchos los intentos del Legislativo por recuperar parte del usufructo de la enorme riqueza minera mexicana –privatizada por obra y gracia del salinismo–, pues era más tardado armar y presentar iniciativas en tal sentido que el pleno camaral en echarlas al bote de la basura".

Así, la mayoría de los inquilinos de San Lázaro decidieron modificar la ley y cobrar un derecho especial de minería de 5 por ciento sobre las utilidades obtenidas por las empresas del ramo. Sin embargo, lo anterior no es un hecho, porque falta la ratificación del Senado. El sábado anterior comentamos que "dichas modificaciones apenas significan un pellizquito al pulpo minero, y nada tienen que ver con el 'compromiso 61' del Pacto por México, es decir, con la 'nueva ley de explotación minera' que los pactistas prometieron para 'transformar la minería en una industria eficiente y socialmente responsable' y que obligadamente deberá revisar el renglón fiscal. Habrá que ver si dicho 'compromiso' toma al toro por los cuernos.

Con lo anterior, los diputados quedaron tranquilos, pero no México, que muy lejos está de alcanzar un equilibrio satisfactorio con el capital privado en el renglón minero. De hecho, la autoridad canadiense aporta un dato muy interesante que debería ser considerado por el Legislativo: Australia lleva a cabo una reforma de su sistema de regalías mineras que puede dar lugar a la coexistencia de un sistema estatal ad valorem y otro federal basado en las ganancias. Y se trata de regalías por el metal extraído, y no de derechos.

Después de Canadá el país que mayor porcentaje cobra en regalías es Estados Unidos (ambas naciones socias de México, cuyo gobierno siempre aduce, a la hora de subir precios, que es necesario equiparar los internos con los externos; pues aquí ya tiene un buen pretexto para equiparar las regalías mineras). El vecino del norte aplica una tasa de 10 por ciento, más los impuestos regulares.

Chile, la madre neoliberal en América Latina, carga 9 por ciento por regalías; Australia de 5 por ciento (en el oeste de su geografía) a 3.5 (en el sur); Indonesia 4 por ciento; Mongolia 5 por ciento; Tanzania 3 por ciento, y así por el estilo. México cero por ciento, independientemente de que no cobra un clavo por el cochinero ecológico que provocan los consorcios mineros.

Las rebanadas del pastel

Más allá de calles y aeropuerto cerrados, alrededor de 7 mil agentes vigilan la visita de Barack Obama a México. Es un verdadero exceso. Más práctico sería que lo fueran a visitar a la Casa Blanca, porque allá no cierran la terminal aérea cada que arriba un mandatario, y además pueden conocer otras partes de Disneylandia.

cfvmexico_sa@hotmail.com

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José Cueli: UNAM: espectro de lo vertiginoso

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a Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) flaquea al compás de su mismo crecimiento y en la actualidad muestra fisuras ¿irreparables? Lo que acontece no surgió de una toma de posesión de la rectoría, se fue gestando lentamente. Las cosas bruscamente cambiaron, el mundo cambió y recibió la universidad como un zarpazo de muerte. Se tambaleó sobre sus propios fundamentos a pesar de declaraciones de versatilidad, de continuidad pasible.

El rector José Narro ante el riesgo del uso de la fuerza contrapuso la inteligencia, la legalidad y la prudencia y consiguió una negociación que aparentemente resuelve el conflicto. La noticia que tiene visos aparentes de revelación, se estableció en los universitarios no como una partícula nueva, sino como una modificación extensiva e intensa de todo lo que estaba, de lo que éramos, de lo que, por lo demás teníamos por tan irrebatible e inmutable.

Es lo que nos pasa con la UNAM, ésta se nos cuartea, suena a violenta al mostrar su condición deleznable, no en cuanto a su contenido, sino a su consistencia. Sufre una merma, una mutación invisible, pierde su consistente poderío, al adquirir un indefinible sesgo equívoco que hace dudar sobre la firmeza de su espíritu.

La UNAM se transforma, se desvanece, se convierte en otra cosa, en otra universidad, que ya no es aquélla. Ese desajuste, este difuminado, esta disipación de la razón la hace dejar de ser. Perdimos la seguridad, no la registrábamos en toda su magnitud y trascendencia hasta que estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades con toda la pasión de su juventud (y apoyados por quién sabe quién) nos muestran de nuevo lo débil de lo que nos aseguraba.

Los años lentamente, con una labor finísima fueron desajustándolo todo, trastocándolo, removiéndolo en un incesante movimiento de deterioro y de transformación que engañaba tanto como hoy sorprende. El mundo cambió, el país, la ciudad y la UNAM se quedaron suspendidos. La colectividad misma, como un todo, se desintegra tan inevitable como irreparablemente. La violencia nos desborda.

La UNAM, a la que llegó lentamente la gente del campo que envió a sus hijos a nuestra casa de estudios e invadió la ciudad, desaloja a las clases medias de la misma y muestra su inmutabilidad y rompe lo que suponíamos era el ser de la institución: su imagen permanente, que se ve conformada por unos jóvenes a los que no entendemos, no conocemos, llenos de la violencia de la marginación a la que fueron sometidos, portadores de otro lenguaje y otra simbología.

Las reflexiones sobre la universidad de Medina Echavarría y José Gaos fechadas en 1955 y 1966, respectivamente, no han perdido vigencia, cobran aún más sentido ahora. Ya nos alertaban acerca de la crisis de la universidad. Crisis frente a la sociedad de masas, imprescindible en la conformación social, cuya significación había que dilucidar y asimilar. Advertían ya de la necesidad del entendimiento, de la capacidad que ésta debería tener para la identificación de los problemas y el discernimiento de las alternativas evitando sucumbir ante la violencia de la precipitación de los tiempos sociales y del uso desesperado de la fuerza. En el prólogo a sus trabajos, Andrés Lira nos dice: "Sube de tono la vigencia de esos dos trabajos ahora que nuestra Universidad sufre el amago de fuerzas externas y la incapacidad de cuantos –querámoslo o no, veámoslo o no– participamos en el gran conflicto que amenaza con destrucciones irreparables".

Advertían ya –creo que ese es el punto crucial–, que una de las más graves dificultades se encontraba originada en la estructura social, de la que, apunta Echavarría, se originan perplejidades de las que al parecer no hemos salido todavía. Casi cuatro décadas han pasado desde estas reflexiones, donde se dibujaba ya la problemática que hoy nos desborda. En la actualidad estamos ante la presencia de una UNAM que se nos va, de un modo fulminante y en la que estamos embebidos hoy y no sabemos cómo integrar una nueva generación desbordada, multitudinaria y muy enojada.

La UNAM se nos transparenta como transgresión decepcionante y pavorosa, el espectro de lo vertiginoso, de lo que se escapa. Su verdadera faz: su inasibilidad.

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Raúl Zibechi: Extractivismo en las grandes ciudades

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n hondo malestar asciende desde las entrañas de la ciudad. Pegajoso como este otoño cálido y húmedo. Irritante como las obras que están enrejando parques y destruyendo el paisaje de la convivencia. Un descontento generalizado que se escala en reproches, insultos y hasta se desborda en violencia contaminando la vida toda. Buenos Aires, ciudad atravesada por todas las contradicciones que genera el extractivismo urbano.

Enrique Viale, abogado ambientalista, miembro del Colectivo por la Igualdad, tiene el mérito de haber forjado este concepto en un reciente artículo en el que a dos semanas de las trágicas inundaciones reflexiona: El extractivismo ha llegado a las grandes ciudades. Pero no son los terratenientes soyeros ni las megamineras, sino la especulación inmobiliaria la que aquí expulsa y provoca desplazamientos de población, aglutina riqueza y territorio. Concluye que el modelo provoca degradación institucional y social.

Tiene mucho sentido hablar de extractivismo urbano en una ciudad como Buenos Aires, algo que vale para todas las grandes ciudades de nuestro continente. Tal vez del mundo. La particularidad del caso es que va de la mano, como a todo lo ancho y largo del modelo extractivo, de resistencia popular y represión. Vale la pena destacar un par de episodios.

El jueves 25 se realizaron 22 cortes simultáneos, sobre las seis de la tarde, impulsados por otras tantas asambleas urbanas agrupadas bajo una sigla: Asamblea en Defensa de lo Público. En la convocatoria se lee: " Shoppings en lugar de espacios verdes, megatorres en lugar de urbanización, fiestas privadas en lugar de arte y cultura popular, complejos de oficinas en lugar de hospitales". Diez días antes hubo una convocatoria similar contra una ciudad excluyente, expulsiva, privatista y mercantilizada.

No hace falta más que caminar por la ciudad para comprobarlo. Los parques y plazas, sin excepción, han sido o están siendo enrejados. Un sistema de transporte denominado Metrobús está siendo erigido en la avenida 9 de Julio, destruyendo áreas verdes. Y así. No resulta extraño que un puñado de asambleas sobrevivientes del levantamiento de diciembre de 2001 se estén rearticulando y que se vayan creando nuevos agrupamientos.

El viernes 26, el desastre. La Policía Metropolitana dirigida por el gobierno de la ciudad, a cargo de Mauricio Macri, ingresó al Hospital Borda (de salud mental) y atacó con extrema violencia a médicos, enfermeros, pacientes y periodistas, con un saldo de más de 30 heridos. La intervención policial fue para proteger el derribo de parte de las instalaciones del hospital para poder construir un centro cívico, que es denunciado como parte de la especulación inmobiliaria que alienta el gobierno de la ciudad.

Es la misma lógica que lleva a las autoridades a amenazar con el desalojo de las villas miseria donde se alojan cientos de miles de pobres urbanos, muchos de ellos paraguayos, peruanos, bolivianos y argentinos de las provincias del norte. La acumulación por desposesión, sabemos, provoca concentración de riqueza y marginalización de las mayorías; expropia el espacio público; destruye la ciudad; y eso sólo puede hacerse con represión.

El modelo extractivo desarticula incluso la justicia del sistema. La policía ingresó al Hospital Borda sin orden judicial. Derribó el Taller Protegido 19, cerrado por Macri, cuando la justicia de la ciudad había ordenado reabrirlo en enero de este año. El negocio inmobiliario, pata urbana de la acumulación por desposesión, es una aplanadora insaciable que no se detiene ante el interés colectivo ni ante las leyes. Sólo entiende el lenguaje de la fuerza.

El caso de Buenos Aires no es el único, por cierto. Ahí está Río de Janeiro y otras 11 capitales brasileñas, donde la especulación para el Mundial de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016 está destruyendo barrios enteros para levantar autopistas, aeropuertos y arenas para megaespectáculos. Cada uno y cada una encontrarán en su ciudad decenas de ejemplos de extractivismo urbano.

El modelo instalado en las grandes ciudades muestra por lo menos dos facetas a tener en cuenta. La primera es que la diferencia entre izquierda y derecha, entre progresismo y conservadurismo, se evapora. Los principales proyectos de especulación urbana en Buenos Aires fueron aprobados con los votos del oficialismo y de la oposición.

La segunda es que las grandes catástrofes, como las recientes inundaciones en La Plata y Buenos Aires, o la contaminación del agua en Montevideo, o el pésimo sistema de transporte de Santiago de Chile, por mencionar unos pocos ejemplos, revelan que el modelo afecta también a las ciudades que hasta ahora se creían a salvo del modelo de la megaminería y los monocultivos.

Según los medios, el núcleo de la Policía Metropolitana proviene de la Fe­deral, "de una tradición de Rambos", que actúan con autonomía, órdenes abiertas y amplio margen a los policías para que actúen según su criterio ( Página 12, 28 de abril). Esa autonomía les permite disparar balas de plomo en vez de las reglamentarias de goma en disturbios.

Por cierto, tenemos mucho que aprender de esta escalada extractiva que ahora parasita las ciudades. La autonomía de los represores es parte del modelo, que va de la mano de la autonomía concedida por los estados al capital para acumular a su antojo. El segundo aprendizaje es que la represión no es un desborde puntual de un gobernante o de un jefe policial. Es la marca de fábrica del modelo: para robarle a la gente hay que someterla.

Por último, la potencia del modelo de despojo y guerra nos fuerza a establecer puentes entre los afectados del campo y de la ciudad, entre los que resisten la minería en lugares apartados, los que ponen el cuerpo al glifosato y el agronegocio, y los que vivimos en ciudades cada vez más caras, enrejadas y represivas. Es una misma lucha, pero los vínculos entre las poblaciones del campo y la ciudad no vienen dados, deben ser construidos. En eso están los movimientos.

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