La Jornada Veracruz: De nuestras Jornadas

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n alguna de sus últimas visitas al estado –cuando investigaba los pormenores del homicidio de Regina Martínez– Mike O'Connor, el recién fallecido reportero de guerra, relató a los periodistas xalapeños, con quienes realmente convivió, una anécdota que usaba para describir el ambiente en que se ejerce el oficio.

Tras reunirse con un reducido grupo, OConnor se retiró a la habitación de su hotel. Extenuado por la intensa agenda del día, plena de entrevistas y testimonios para su reporte al Comité para la Protección de Periodistas, se quedó dormido de inmediato.

Al despertar, Mike –relataría después– se encontró con una sorpresa. El espacio del buró donde había dejado su agenda estaba ocupado por una caja de chocolates. Alguien se había introducido al cuarto y dejado el presente, sin ninguna tarjeta de presentación o identificación de a quién agradecerle el recuerdo. El espeluznante mensaje era relatado por el reportero en medio de bromas.

Por supuesto, nunca volvió a saber de la libreta donde guardaba direcciones y teléfonos de reporteros de distintos lugares del país con quienes había sostenido encuentros en su notable periplo que lo llevó principalmente por Veracruz, Tamaulipas, Sinaloa, Guerrero, Michoacán, sitios considerados de alto riesgo donde documentó casos de agresiones, amenazas, desapariciones y homicidios de trabajadores de los medios.

Mike decía que en comparación con el trabajo de corresponsal de guerra, quien se retira a un lugar seguro luego de observar, con alta dosis de peligrosidad, el desarrollo de los acontecimientos, el comunicador en el país como en el caso de Veracruz, vive rodeado por una guerra que toca a su familia.

En este otro tipo de guerra –decía– si alguien está amenazado, ¿a dónde va?, ¿a la policía? Quizás no. ¿A la fiscalía, al Ministerio Público, con el gobernador? Tampoco. No hay ninguna certeza. Nadie puede sentirse absolutamente seguro y en el mejor de los casos, te toca recibir una caja de chocolates.

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Editorial: EU: el espionaje masivo incontenible

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ás de 250 académicos de diversos países sumaron su firma a una petición en línea para que Estados Unidos ponga fin al espionaje masivo que ha venido realizando contra otros gobiernos, empresas públicas y privadas, organismos internacionales y ciudadanos de todo el mundo, una práctica ilegal e impresentable que pudo ser documentada gracias a las filtraciones del ex analista de la Agencia Nacional de Inteligencia (NSA, por sus siglas en inglés) Edward Snowden en junio del año recién pasado.

Aparte de que entorpece la libre expresión y el derecho a la información, la vigilancia masiva convierte la presunción de inocencia en una presunción de culpabilidad; las prácticas de vigilancia secreta y sin restricciones violan derechos fundamentales y socavan la democracia, señala el texto publicado por Académicos contra la Vigilancia masiva (Academics Against Mass Surveillance).

Al posicionamiento anterior ha de agregarse los editoriales recientemente publicados por The New York Times y The Guardian en los que se reivindica el papel desempeñado por Snowden al sacar a la luz el espionaje masivo perpetrado por la NSA. La revelación, dijo el rotativo neoyorquino, ha sido un gran servicio a la democracia; el diario londinense, por su parte, afirmó que en ausencia de una autoridad supervisora democrática y confiable, (Snowden) dio a la gente información suficiente acerca de la naturaleza de las operaciones modernas de recolección de inteligencia para permitir que se produzca un debate.

Tales señalamientos tienen como telón de fondo la grotesca paradoja de que el gobierno más fisgón del mundo pretende procesar penalmente al ex analista justamente por cargos de espionaje. Sin ignorar la relevancia de lo publicado por The New York Times y The Guardian de cara a la defensa de la causa de Snowden, no debe omitirse que esos posicionamientos conllevan una carga significativa de doble moral, toda vez que ninguno de esos medios ha abogado en ningún momento por Chelsea Manning, condenada a 35 años de cárcel por entregar a Wikileaks expedientes secretos del Pentágono que documentan crímenes de guerra y cables del Departamento de Estado que evidenciaron el intervencionismo estadunidense en diversos países, entre ellos, México; como tampoco lo han hecho por Julian Assange, sometido a una férrea persecución judicial por los gobiernos de Suecia y Gran Bretaña, y actualmente refugiado en la embajada de Ecuador en Londres.

Para volver al tema del espionaje estadunidense, las revelaciones sobre el tema han causado un gravísimo daño en las relaciones internacionales y en la imagen pública de Washington, es claro que el gobierno que encabeza Barack Obama no tiene ya margen de legitimidad para mantener la intromisión masiva contra gobiernos, entidades y ciudadanos del mundo y de Estados Unidos ni para mantener en prisión a Manning y seguir hostigando a Assange y a Snowden. Tanto el espionaje masivo como las persecuciones contra esos defensores de la verdad y la transparencia son injustificables y deben cesar a la brevedad.

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Miguel Concha: 2014, ¿año de la unidad?

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l recuento de los últimos años no puede ser más adverso para las organizaciones sociales y los partidos de izquierda. El contenido social de la Constitución mexicana ha quedado en el pasado desde las modificaciones al artículo 27 a inicios de los 90, hasta las recientes alteraciones también inconsultas a los artículos 25, 27 y 28, pasando por los cambios que han sufrido leyes fundamentales, como la Ley Federal del Trabajo.

Visto en el largo plazo, los sectores sociales han tenido múltiples derrotas y casi ningún triunfo. ¿Por qué? Es claro. Las mediaciones sociales (organizaciones, sindicatos, movimientos, partidos), tal como han estado en los últimos años, no han tenido la capacidad suficiente para enfrentar las maquinarias políticas, comunicacionales y económicas de las fuerzas conservadoras. Este es un hecho que hay que asumir. Es cierto también que el contexto internacional ha favorecido las tendencias que responden a los intereses empresariales más que a los sociales. Pero ello no niega que en América Latina varios países hayan puesto en práctica alternativas que apuntan en sentidos diferentes, como en Argentina, Brasil y Bolivia, entre otros.

Lo que fuerza a plantear otra interrogante. ¿Por qué México no ha podido variar las tendencias que favorecen los intereses privados por encima de los sociales? Uno no puede menos que pensar que las dos respuestas están relacionadas. Si no hemos podido modificar las tendencias neoconservadoras en el país es porque no hemos tenido las mediaciones políticas y sociales capaces de construir un proyecto y una realidad alternativos a escala nacional. Y porque aunque se tuviera el coraje para pensarlos y actuarlos, habría que partir de esta realidad para dar los pasos necesarios, algunos de los cuales seguramente tendrían que ser los siguientes.

1) Crear un discurso que dé cuenta de la situación actual, a la vez que persuada a millones de mexicanos que no se han visto favorecidos con los cambios que se producen desde hace tres décadas a revertir su futuro de manera decidida, pacífica y democrática. Tal vez hasta ahora el error de quienes han levantado la bandera de lo social es suponer que las causas de los problemas son igual de claras para el ciudadano común que para los activistas. Sabemos que no es así, pues los ciudadanos comunes estamos sujetos a mensajes cotidianos en los medios de comunicación, particularmente electrónicos, que pretenden que las mentiras se vuelvan verdades a costa de su repetición. Pero también hemos estado sujetos a por lo menos tres décadas de educación en las que la imagen del éxito que se propone equivale a asemejarse cada vez más a los países del norte. Y, para decirlo con una sola expresión, a décadas de un avance paulatino del lenguaje neoliberal, mismo que no se decodifica simplemente con base en denuncias o ironías, sino de argumentos que tengan capacidad de traducirse en el lenguaje de todos.

2) Esgrimir razones con capacidad argumentativa y de convencimiento, que vayan más allá de la opinión y motiven a la acción, lo cual implica todo un proceso de discusión racional y razonable dentro de organizaciones, movimientos y partidos políticos. Implica entonces retomar la tradición del debate, que en aras de los muchos pragmatismos que hoy dominan los escenarios social y político se ha dejado de lado. Compartir el argumento tiene que ser el punto de partida de toda acción unitaria, si es que se quiere que ésta sea trascendente. Desde hace décadas en la izquierda se oyen diversos llamados a la unidad, pero pocas razones se esgrimen para sustentarla. Antes de compartir las formas organizativas, hay que compartir los argumentos. Explicarnos el porqué se ha llegado a la situación actual, y qué habría que hacer para remontarla, puede ser el punto de partida.

3) Bajo cualquier hipótesis, los próximos acontecimientos sociales y políticos del país habrán de vivirse con una diversidad de organizaciones sociales y partidarias. Esto en sí mismo no es ninguna tragedia, si es que se tiene la creatividad necesaria para diseñar las formas de acción unitaria que aglutinen a muchas de las organizaciones. El Frente Amplio de Uruguay ha sido un buen experimento en este sentido. La relación entre organizaciones sociales y partidarias no necesariamente tiene que ser además a costa de la subordinación de unas a otras. En Brasil, por ejemplo, se ha podido avanzar con formas novedosas en esta relación. Ciertamente no hay un modelo único de relación entre las organizaciones diversas, y México tiene que construir el propio. Pero para ello se requiere de una visión compartida y de mucha más voluntad en los dirigentes que la que hasta ahora se ha demostrado. Aunque ello no niega que serán los militantes y las bases quienes pongan un ya basta a la dispersión de las directivas. De todo lo anterior tenemos en el país experiencias que urge potenciar. No es mucho el tiempo que hay, pero es el que tenemos.

Se han podido construir frentes de resistencia social; articulaciones de diverso tipo de organizaciones campesinas, sindicales, civiles y urbano populares; frentes amplios electorales, y hasta territorios autonómicos que funcionan como un nuevo paradigma. Es necesario hacer el balance de qué ha funcionado y qué no deberá ser el punto de partida. El compromiso con una discusión seria sobre cada uno de estos temas puede ser la mejor señal de voluntad unitaria, aunque sepamos que la sola discusión no es garantía de que se superará la tendencia a que cada quien siga por su lado, mientras el país se cae a pedazos. Discutir con seriedad no es más que el signo de que ahora sí se quiere que las cosas cambien y se dirijan a una unidad de pensamiento y de acción, antes que de organización. ¿Será mucho pedir para este 2014?

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Enrique Galván Ochoa: Dinero

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a encuesta de esta semana marca el inicio de una serie que haremos en redes sociales. Comenzamos con Twitter. Eso no significa que hayamos descontinuado El Foro México. Estamos haciendo las adaptaciones del programa para que las encuestas se hagan simultáneamente. Preguntamos a nuestros amig@s tuiteros: ¿Cuál es tu principal meta para 2014? Sus respuestas: conseguir empleo y mejorar su situación económica (45 por ciento). En seguida, su preocupación es la salud. Quince por ciento tiene como propósito bajar de peso. En tercer lugar, participar en la política (8 por ciento). Como dato curioso, nadie dijo que quisiera cambiar de pareja, al parecer todos están satisfechos con la que tienen, o al menos éste no es el momento propicio.

Metodología

La encuesta preguntó: ¿Cuáles entre las siguientes es tu principal meta para 2014? Y ofreció la posibilidad de escoger una de las siguientes opciones: 1) dejar de fumar, 2) dejar de beber alcohol, 3) conseguir/cambiar de emplo, 4) conseguir/cambiar de pareja, 5) bajar de peso, 6) participar en la política, 7) leer al menos un libro, 8) terminar mi carrera/recibirme y 9) Otro. A continuación algunos comentarios.

Opiniones

La mejora económica es fundamental en este país con tantos procesos corruptos e incrementos salariales que ofenden a los más pobres.

@blogsunitec / DF

Mi propósito es meditar por lo menos cada tercer día.

@jjcontrerasp / Puebla

Creo que con las buenas decisiones del gobierno, seguir con trabajo es el reto.

@Ruth / DF

Este gobierno me matará de tantos corajes, ya tengo colitis.

@ahuizotl / estado de México

Quiero afiliarme al Movimiento Renovación Nacional (Morena) cuando sea partido.

Ana Alonso/ Cd. Madero

Basta de dejar en los corruptos los asuntos de todos. Tenemos que buscar un espacio desde el cual participar.

@Patrus2905 / Cuernavaca

Es necesario participar más para evitar tanto político corrupto.

@RoqueFC / Xalapa

Lograr que el pueblo se unifique en contra del gobierno de EPN, ya que día a día nos está ahorcando en todos los aspectos, haciendo que vivamos como esclavos en nuestro propio país.

@EverardoArandaC / Texcoco

Twitter: @galvanochoa

Facebook: @galvanochoa

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galvanochoa@gmail.com • Foro: http://dinero.tv/

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Carlos Fernández-Vega: México SA

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ero y van dos, cuando menos. Es tal el desbarajuste, la dejadez o la corrupción (para el efecto da lo mismo) que trae la Secretaría de Economía en materia minera, que en la gran marquesina nacional aparece otro delicadísimo caso cuyo desarrollo y bonanza se ha dado frente a las propias narices de la autoridad, encargada, por ley, de estar atenta a la legalidad y las buenas prácticas en la referida actividad extractiva, amén de que otras instancias de gobierno, dedicadas a la seguridad y el imperio de la ley, brillan por su ausencia.

Es imperdonable hasta dónde han llegado los barones de la minería en el país (nacionales y foráneos) y cómo lo ha permitido, si no es que estimulado, el propio gobierno federal (especialmente los de la docena trágica panista, aunque el actual nada mal lo hace), pero al saqueo y el ecocidio por ellos practicado con toda holgura se suman actividades paralelas que dan cuenta de qué tamaño es no sólo el negocio, sino la impunidad, la corrupción y la dejadez en el sector.

El primer caso sonado ocurrió en octubre de 2012, cuando el ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, denunció que "desde hace unos meses, un año y meses, es un secreto a voces en la región carbonífera del estado, los narcotraficantes empezaron a cambiar su giro y en lugar de secuestro, levantones o cuotas a los giros negros, les dio por extraer carbón… Empresarios de la región carbonífera de Coahuila están coludidos con los narcotraficantes, hecho que los convierte en cómplices de la guerra por la que han muerto violentamente miles de personas en el país… esos empresarios (cerdos", coyotes, les llama) ayudan a integrantes del crimen organizado comprándoles carbón, y con el dinero de estas transacciones adquieren armas; con una de esas armas mataron a mi hijo.

"De unos meses para acá se han venido presentando estas extracciones masivas y artesanales, y ellos tienen que vender el carbón a la Comisión Federal de Electricidad, (pero) como no lo pueden hacer directamente, utilizan coyotes, intermediarios que tienen concesiones de la extracción del carbón y lo venden, a su vez, a la CFE… los cerdos, los coyotes, hacen negocios con los delincuentes… ¡Esto es un secreto a voces en la región carbonífera! A Heriberto Lazcano lo mataron en Progreso (Coahuila) porque tenía unos tajos de carbón, eso lo dice el pueblo; es decir, no era el narcotraficante Lazca sino el minero Lazca; el problema es quién le compra el carbón y cómo hacen tratos para que los narcotraficantes tengan ese financiamiento" (La Jornada, Fabiola Martínez).

¿Qué sucedió? Nada, la autoridad no dio golpe a pesar de que cuenta con todos los detalles. Por ejemplo, que alrededor de 23 por ciento del territorio coahuilense ha sido concesionado a consorcios mineros (la información es de la Secretaría de Economía), entre los que sobresalen Grupo Acerero del Norte (GAN), que preside Alonso Ancira, y Grupo México, de Germán Larrea (el de Pasta de Conchos). En la entidad están activas no menos de 10 minas de carbón explotadas por grandes consorcios mineros y 60 por pequeñas y medianas empresas del ramo. Todas ellas deben vender su producción a la Comisión Federal de Electricidad, de tal suerte que el gobierno sabe por dónde van las cosas.

Por si fuera poco, la Cámara Minera de México (Informe Anual 2012) revela que del total de la producción de carbón térmico del país, 98.8 por ciento es fabricado por Grupo Acerero del Norte, que alcanzó en 2011 una producción cercana a los 7 millones de toneladas, y logró un incremento de 13.2 por ciento con respecto del periodo previo… Dentro del mismo ámbito de la actividad productiva de carbón, Industrial Minera México (Grupo México) reportó en 2011 una producción de carbón fino lavado de 111.8 mil toneladas, en comparación con las 127 mil toneladas que produjo en 2010". Pero no se hizo nada ni se procedió contra nadie, y la narcominería sigue a tambor batiente.

El segundo caso sonado lo publicó ayer La Jornada: "controlan Caballeros templarios exportación de mineral de hierro… Michoacán es el estado que produce más mineral de hierro en México (…), pero las minas también crearon una oportunidad para bandas como los Caballeros templarios, que buscan ampliar sus fuentes de ingresos con negocios más legales. La próspera banda criminal con experiencia en corromper funcionarios y obtener pagos de empresas, negocios inmobiliarios y agricultores, entraron a la minería con aplomo, según emprendedores y mineros que trabajan alrededor del puerto. En un pequeño pueblo escondido tras caminos montañosos, a una hora de Lázaro Cárdenas, el cártel reunió este año cientos de camiones para llevar el mineral al puerto… El pueblo se llama Arteaga y allí nació Servando Gómez, La Tuta…

"Los camiones de la banda se movieron rápidamente por las minas de hierro de Michoacán para satisfacer la demanda china, lo que contribuyó a aumentar las exportaciones del mineral a 4 millones de toneladas hasta octubre, desde entre uno y 1.5 millones de toneladas en años anteriores… Se estaba explotando la minería en forma inmisericorde, donde salía el mineral y no salía ni en barcas ni en lanchas. Lo hacía por el puerto, por la aduana y se embarcaba", explicó el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, poco después de que la Marina ocupó el puerto el 4 de noviembre. El valor de los recursos criminales en torno a Lázaro Cárdenas podía ascender a 2 mil millones de dólares al año…" De ese tamaño.

Como en Coahuila y el carbón, en Michoacán la cosa no es tan complicada. La propia Secretaría de Economía documenta que a nivel nacional Michoacán aporta, más o menos, 25 por ciento del mineral de hierro y que alrededor de un millón de hectáreas (poco menos de 20 por ciento del territorio estatal) han sido concesionadas a consorcios mineros; las trasnacionales Mittal Steel (que se quedó con Sicartsa, tras el fracaso de la privatización salinista a favor del Grupo Villacero, de Julio Villarreal Guajardo, ex socio de El Divino) y Ternium (un consorcio italo-argentino que se quedó con Hylsa, en un proceso similar al anterior) son las grandes productoras de mineral de hierro en el estado. También aparecen Minera del Norte (subsidiaria de AHMSA, propiedad de Alonso Ancira, el mismo del carbón en Coahuila) y la también trasnacional Pacific Coast Minerals. Pero nadie sabe, nadie supo.

Las rebanadas del pastel:

Lo que tranquiliza es que tras la reforma energética los barones de la minería también clavarán sus colmillos en el negocio del petróleo. Entonces, ¿qué tan gruesa será la rebanada para el narco?

Twitter: @cafevega

D.R. cfvmexico_sa@hotmail.com

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La Jornada Guerrero: De nuestras Jornadas

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ara Guerrero, 2013 fue un año lleno de dificultades. Éstas comenzaron en enero, con el levantamiento de las autodefensas armadas en Ayutla, y con ello lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos calificó de doble discurso del gobierno del estado, al apoyar incluso con dinero a las autodefensas y por otra parte dividir a la Policía Comunitaria.

En sólo este año, el gobierno estatal ha detenido a 42 integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC)-Policía Comunitaria, que opera desde hace 17 años en la Montaña con aval de la ley 701, aprobada al inicio del gobierno de Ángel Aguirre.

No obstante, entre los detenidos se encuentran tres de sus dirigentes, Nestora Salgado, Gonzalo Molina y Arturo Campos, de la casa de justicia de El Paraíso.

En el año que terminó, 13 luchadores sociales fueron asesinados; cuatro eran dirigentes de organizaciones con amplia trayectoria de activismo: Arturo Hernández Cardona, de la Unión campesina Emiliano zapata (UCEZ); Raymundo Velázquez, de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (Larsez); Rocío Mesino, lideresa de la Organización campesina de la Sierra del Sur (OCSS), y Luis Olivares, de la Coalición de Productores de Costa Grande.

En septiembre, la confluencia de dos meteoros (el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel) devastó la mayor parte del territorio del estado. Sus efectos persisten en amplias zonas de la geografía local, particularmente en la Montaña y en la sierra, donde todavía hay comunidades incomunicadas. La migración indígena ha sido mayor que en otros años, agravada por la falta de alimentos a causa de los fenómenos meteorológicos.

Acapulco, la ciudad más relevante en términos económicos y sociales, donde se concentra la cuarta parte de la población del estado, sigue sin poder recuperarse de los efectos de la violencia ni de obras como el Acabús, que destrozó calles y petrificó por mucho tiempo la economía local al cerrar el paso a los comercios. Tal vez el mínimo consuelo es la presencia masiva de turistas por las fiestas decembrinas.

Se fue 2013 y viene 2014, año de combates políticos con miras a la elección de 2015.

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Editorial: Pobreza indígena: diagnóstico y soluciones

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n el contexto del 20 aniversario del alzamiento indígena chiapaneco de 1994, el comisionado gubernamental para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz, reconoció, en una entrevista reproducida hoy en estas páginas, que la pobreza que aún afecta a los pueblos indígenas del país es la expresión del fracaso de una estrategia de política pública de Estado, y consideró injusto atribuir al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) los niveles de marginación que prevalecen en Chiapas, como han pretendido hacerlo algunas voces oficiosas. Así, el funcionario hizo frente a una idea de moda en los foros de opinión afines al gobierno: si las comunidades zapatistas siguen siendo pobres, la culpa es de ellas. Por lo demás, Martínez Veloz dijo que es necesario abordar el conflicto en Chiapas y la problemática de los pueblos indios en general desde una óptica diferente, y confirmó que la administración de Enrique Peña Nieto prepara una iniciativa de reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena.

Es indudable que una de las condiciones fundamentales para empezar a corregir la relación entre el Estado mexicano y las etnias indígenas pasa por retomar en su forma original la propuesta de reformas elaborada en 1996 por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) del Congreso de la Unión con base en los acuerdos de San Andrés Larráinzar, firmados por el EZLN y el gobierno de Ernesto Zedillo. Como se recordará, al año siguiente, con el telón de fondo de una política de represión y hostigamiento contra las comunidades zapatistas, el grupo gobernante, por medio del entonces secretario de Gobernación Emilio Chuayffet –hoy titular de Educación Pública–, desconoció el contenido de tales acuerdos y se negó a promover la iniciativa de reformas basada en ellos. En 2001, ya durante la presidencia de Vicente Fox, y tras una movilización de los zapatistas chiapanecos a la ciudad de México, el Congreso de la Unión aprobó un remedo del proyecto original de reformas, del que resultó excluida la reivindicación principal de los rebeldes: la autonomía.

Tal vez en el ámbito legislativo hoy sea posible superar, como plantea Martínez Veloz, los intereses contrarios a los pueblos indios del país. Cabe formular dudas al respecto, habida cuenta de que esas modificaciones legales correspondientes ni siquiera forman parte de la agenda legislativa del gobierno peñista, la cual se ha centrado en reformas orientadas a reducir los derechos laborales, a desmantelar la educación pública, a facilitar el ingreso de trasnacionales al mercado nacional de las telecomunicaciones, a recaudar más impuestos de las clases medias y los sectores populares y, en el último tramo, a hacer posible la privatización de la industria energética.

Pero incluso en un escenario legislativo óptimo, en el cual se recuperara y aprobara la iniciativa original de la Cocopa, para resolver la pobreza que afecta a las etnias indígenas sería igualmente necesario emprender un giro radical de la política económica vigente desde hace más de cinco lustros: el modelo neoliberal aún imperante es intrínsecamente generador de pobreza masiva y de riqueza selectiva, destructor de los tejidos sociales y depredador de los recursos naturales, cuyo saqueo por empresas trasnacionales, aprobado por el gobierno, es hoy una de las principales amenazas contra los pueblos originarios. Habría que abandonar el inveterado asistencialismo gubernamental –representado, en su fase más reciente, por la fracasada Cruzada contra el hambre– y dirigir la prioridad gubernamental, actualmente enfocada a promover la concentración de capitales foráneos y nacionales, hacia el bienestar de la población. Sería necesario, finalmente, empezar a desarticular la red de cacicazgos políticos que el año antepasado hizo posible el retorno del PRI a la Presidencia y que es en buena medida responsable del atraso, la marginación y la pobreza que aún padecen los grupos étnicos del país.

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Andrés Barrera*: La devastación ambiental del TLCAN

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oy, gracias a los cambios económicos, políticos y jurídicos suscitados por el TLCAN, la destrucción ambiental ocurre en todas las ramas de la división del trabajo y en casi todos los procesos de distribución y reproducción, dejando lo que vivimos 40 años atrás, cuando nuestros peores problemas ambientales todavía se localizaban en regiones geográficas específicas de México ligadas a sectores económicos singulares.

Aun así, cuando algún activista ambiental no mexicano visita nuestro país y testifica nuestros dolorosos problemas actuales, su primera reacción consiste en llamarnos la atención aconsejándonos con sinceridad no exagerar, pues lo que ocurre acá es lo mismo y posiblemente no peor que lo que sucede en el suyo. El problema estriba en que eso nos ocurre con todos, vengan de donde vengan y traten de cualquier problema que sea.

Como en Brasil y Tailandia, somos de los peores deforestadores y destructores de biodiversidad en el mundo. Al igual que en Brasil y otras naciones de África y del Meditarraneo asiático, también encabezamos procesos de autodestrucción de lenguas y culturas milenarias. De la misma manera que sucede en Argentina y Brasil, nos perfilamos como gran plantador de organismos transgénicos (maíz, soya y algodón). Tal como acontece en Estados Unidos, pende sobre nosotros la amenaza de convertirnos en unos de los primeros plantadores masivos del maiz biorreactor, con la peculiaridad harto repetida de que nosotros somos el principal centro de origen de ese cereal.

Al igual que los países de Europa Central, hemos atraído a las mayores megagranjas de cerdos. Como en India y China, hemos contaminado y saqueado la mayoría de nuestros ríos y acuíferos prometiendo una inminente construcción de megaproyectos hídricos en torno de Guanajuato y Querétaro que permitan escalar las exportaciones de autos y aviones. Peor que en China, hemos permitido la privatización de todas las tierras y reservas urbanas, el acaparamiento de las empresas de construcción y prestación de servicios urbanos, las dinámicas especulativas y el fraude permanente a los consumidores, permitiendo con ello el dislocamiento catastrófico de la vida de la población y de los principales metabolismos de las ciudades.

Más grave aún que en la llamada ruta euroasiática de la seda o en la Sudamérica del IIRSA, México ha puesto una y otra vez la totalidad de su territorio y de sus infraestructuras al servicio no sólo del saqueo de sus recursos naturales, sino también de las necesidades de interconexión fabril just in time entre los capitales de Estados Unidos y Asia del Pacífico, permitiendo criminalmente que la red nacional de las principales carreteras se tornen lugares extremadamente peligrosos e incluso trágicamente mortales.

México concentra niveles muy altos de explosiones y muerte industriales y agrolaborales en las ramas químicas, agroquímicas, de alimentos, petroleras y de agroexportación.

La contaminación generada por las infraestructuras petroleras ha sido desde hace décadas la peor fuente de contaminación del país, pero la reciente entrega de la industria petrolera amenaza con trasladar las peores practicas depredatorias, contaminantes y destructivas que las empresas petroleras trasnacionales ya practican en Nigeria y otras regiones.

Gracias a la desregulación extrema de las actividades mineras, México ya compite con los peores lugares en devastación por la minería a cielo abierto en América Latina y África. Mientras, la libre acumulación de todo tipo de basuras industriales, hospitalarias, radioactivas y municipales en las más diversas regiones de México nos hace competir con países como Ghana o China.

Todo ello sin tener en cuenta que la mano de Dios, por medio del cambio climático, también nos eligió como una de las regiones del mundo en donde las turbulencias climáticas se estarán padeciendo de la peor manera. Aunque la verdad sea dicha, no obstante que el cambio climático está estrechamente ligado a las peores necedades civilizatorias del neoliberalismo, sería un poquitín injusto también atribuirlo al TLCAN.

Suele escapar a observadores perspicaces que en México, hasta cierto punto como en China, pero en un territorio mucho menor, se sintetiza con una fuerza excepcional un proceso complejo y profundo de devastación que hoy está distribuido en todo el mundo. Sin embargo, nuestro principal rasgo distintivo es que acá todo esta intensamente concentrado. De modo que cada nuevo nicho de destrucción compite con los demás en salvajismo e irracionalidad y tupe línea por línea la totalidad del territorio nacional, superponiendo cada tipo de destrucción con muchos otros. De ahí que la contaminación y el dislocamiento en nuestro país son fenómenos totales, extendidos, intensivos y complejos. Ello ha herido profunda y vitalmente la capacidad de regeneración y redefinición de la salud general (resiliencia) del tejido socioambiental nacional.

Aunque se debe dejar para otro lugar la explicación de los porqués, hay que observar que eso hace de México un espejo en el que ya se puede mirar la suerte que correrá el mundo entero si no se detiene con eficacia, investigación, organización y movilización esta pesadilla estadunidense, que con tanto esmero trágico imitan las nuevas potencias y naciones que buscan escapar de su dominio. También se debe recordar que la banalización que los economistas y otros profesionistas de la muerte hacen de cada desgracia en realidad está simplemente encaminada a ocultar, no contabilizar y jamás pagar ni asumir política y culturalmente los costos de toda esta destrucción.

* Profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía de la UNAM. Coordinador general de Casifop

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Víctor M. Quintana S.: TLCAN y reformas: espejismos y violencias

Víctor M. Quintana S.

A

l EZLN por los 20 años de rebeldía en la dignidad.

Si dentro de 20 años evaluamos las reformas estructurales peñanietistas como ahora evaluamos los 20 años del TLCAN, estaremos contando la pedacería de lo que fue este país.

El jueves 2 de enero, varias organizaciones campesinas, entre ellas el Frente Democrático Campesino de Chihuahua, la CONOC, la ANEC y la Unión de Trabajadores Agrícolas de la Frontera se plantaron en el Puente Internacional de Córdoba-Américas en Ciudad Juárez para denunciar una vez más la destrucción agroalimentaria y social provocada por el TLCAN. Lo hicieron en 1993, cuando se aprobó el tratado en el Congreso de Estados Unidos; o el 1º de enero de 2003, al desgravarse las importaciones agroalimentarias, salvo el maíz y el frijol, y el 1º de enero de 2008, cuando la desgravación fue total. Una y otra vez, desde las temperaturas de congelación de la joroba del puente, advirtieron al país lo que iba a suceder si no se protegía la agricultura nacional del embate de la agricultura más poderosa del mundo. No fueron escuchados y, sin embargo, todos los pronósticos de ellos se fueron cumpliendo, incluso con más virulencia de la que ellos temían.

Las promesas hechas por quienes promovieron el TLCAN y rechazaron toda protección efectiva a nuestra agricultura, se tornaron en espejismos. Por ningún lado el tratado mejoró las condiciones de vida en el medio rural, o en un desarrollo más o menos sostenido. El crecimiento agropecuario apenas alcanzó una tasa media de 1.5% anual en el periodo 1983-2007, inferior al crecimiento demográfico. Durante los gobiernos del PAN, de 2000 a 2011 el PIB del sector primario creció sólo 1.54% promedio anual, contra 2.1% de crecimiento de la economía en su totalidad. La participación del sector agropecuario en el PIB nacional ha ido disminuyendo: 3.57% en 2000; 3.55 en 2006 y 3.39% en 2011.

Prometieron que produciríamos más alimentos, pero entre 1990-92 y 2009-11 se redujo en 40% el área sembrada de oleaginosas, tan sólo la de soya, de 324 mil a 167 mil hectáreas. La de arroz de 120 mil a sólo 37 mil hectáreas en el mismo lapso. La producción nacional de trigo se mantiene prácticamente la misma desde 1990 hasta 2011: 3.8 millones de toneladas. En frijol, alimento básico de los mexicanos, del que en 1990 se sembraban 2.1 millones de hectáreas, en 2009-2011 sólo 1.6 millones.

La soberanía alimentaria fue otro de los espejismos: las importaciones agroalimentarias brincaron de mil 790 millones de dólares en 1982, a más de 30 mil millones en 2012. Nuestros índices de cobertura con importaciones del consumo nacional aparente de los alimentos básicos han escalado de manera impresionante al punto que en 2011 compramos al exterior 46% de lo que consumimos, cuando al entrar en vigor el TLCAN importábamos 24%. En el año 2011 por cada dólar que ingresó al país por concepto de alimentos que exportamos, tuvimos que enviar 4.50 dólares al extranjero para comprar lo más básico que comemos.

La generación de empleos y la reducción de la migración y la pobreza fue otro espejismo que se diluyó estrepitosamente: al dañar seriamente la agricultura campesina y las capas medias rurales, tuvieron que emigrar del campo al menos un millón 780 mil personas desde 1994, según la Secretaría del Trabajo. Por otro lado, según el Coneval, mientras en el medio urbano, 40.6% de la población vive en la pobreza y sólo 6.3% en pobreza extrema, en el medio rural dichos porcentajes se elevan a 61.4% y 21.5%, respectivamente. Según la misma fuente la carencia por alimentación se incrementó en todo el país en 3.1 millones de personas entre 2008 y 2012, afectando ahora a 27.4 millones de personas, de los cuales 20 millones viven en el campo.

Si los espejismos de progreso generalizado no se hicieron realidad, las violencias, fruto del TLCAN, vaya que se hicieron presentes. En este campo arrasado el crimen organizado comenzó a penetrar desde los años 90. Ocupó los vacíos que dejó el Estado al retirarse como financiador, comprador, inversionista, regulador, promotor de la economía rural. También emprendió la explotación ilegal de los recursos naturales, como es el caso de los bosques en Michoacán y Chihuahua. Diversificó sus exacciones más allá de la venta de estupefacientes: robo de maquinaria y equipo; despojo de la nómina a quienes contratan trabajadores agrícolas; extorsiones a productores y comerciantes. Se hizo del control territorial de vastas zonas rurales y ahora designa alcaldes; ocupa las direcciones de seguridad pública de los municipios; cobra cuotas, derechos de paso, etcétera. Coopta, compra o de plano se colude con los diversos cuerpos policíacos, el Ejército y la Marina. Se conforma así en el medio rural de muchos estados de la República una auténtica societas sceleris, es decir, una sociedad de crimen en donde las familias campesinas viven como una población sometida por un ejército de ocupación, con su ciudadanía minimizada, si no es que anulada.

El TLCAN también disparó la violencia ambiental. Para poder competir con la agricultura más tecnificada del mundo, se han devastado los recursos naturales y abusado de los agroquímicos. Se están sobrexplotando sin piedad los mantos acuíferos. De los 196 millones de hectáreas con que cuenta México, 64 por ciento están degradadas, principalmente por erosión hídrica y eólica. Anualmente se pierde la utilidad agrícola de unas 10 mil hectáreas en las mejores tierras irrigadas, por causa de la acumulación de sales. Ello acumula ya una superficie de 425 mil hectáreas que han dejado de ser útiles para la producción agrícola intensiva. La OCDE acaba de señalar que México es el país de esa organización que pierde bosques, con una merma de 155 mil hectáreas de vegetación tan sólo entre 2005 y 2010.

Si no fuera por el cultivo de la amnesia histórica y la impunidad de las decisiones de política pública, Salinas y quienes impulsaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, estarían pagando cara la entrega que hicieron del país con dicho acuerdo y las violencias que con él se generaron. Esperamos que quienes ahora se arrebatan la palabra y las cámaras para vendernos los espejismos de las reformas, se hagan luego responsables de la devastación social y económica que sus decisiones van a provocar.

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Carlos Fernández-Vega: México SA

E

n la ya larga cuan triste historia de tres décadas de privatizaciones fallidas, ayer mordió el polvo otra empresa creada y financiada por el Estado mexicano, la cual, tras ser administrada por eficientes empresarios nacionales, terminó donde ya parece normal que lo hagan las no pocas ex paraestatales ofrecidas en la venta de garaje del neoliberalismo a la mexicana, es decir, extranjerizada (cualquier similitud con lo registrado en la banca que opera en el país no es mera coincidencia).

Se trata del consorcio Satmex (Satélites Mexicanos), puesto en marcha en el sexenio de Miguel de la Madrid (1985) y privatizado (cambios constitucionales de por medio, de sector estratégico a prioritario, es decir el mismo truco aplicado ahora a petróleo y electricidad) en el de Ernesto Zedillo (1997). Lo mejor del caso es que cuando esto último se hizo público, el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Carlos Ruiz Sacristán (hoy, como tantos otros ex funcionarios, al servicio de las trasnacionales energéticas), aseguró que su privatización garantizaba una nueva era de inversión, competitividad a nivel internacional, rentabilidad económica y social, calidad y eficiencia operativa para que el sector se consolide como factor primordial del desarrollo nacional.

Desde luego que sucedió todo lo contrario, y, gracias a Zedillo y socios, Satmex (que reportaba números negros en sus finanzas) quedó en manos de Loral Space (quebró en 2003) y de la familia Autrey, históricamente dedicada a los negocios farmacéuticos en México (también compró, en tiempos de Salinas, Multibanco Comermex, rescatado por el Fobaproa y extranjerizado poco después –ahora es canadiense–, y Altos Hornos de México, junto con Alonso Ancira, uno de los nefastos barones de la minería) y que nada sabía de los menesteres satelitales (ni bancarios ni siderúrgicos). No obstante, el gobierno zedillista le entregó la tienda y concesiones por 20 años, renovables, obviamente.

De Satmex el gobierno federal conservó un paquete minoritario (25 por ciento, sin derecho a voto, que terminó vendiendo en 2011, cuando un fondo de inversión –Holdsat– metió la mano en el negocio; apenas le dieron 6.25 millones de dólares por sus acciones) y tuvo la gentileza de prestar dinero a los nuevos propietarios privados para que éstos compraran la ex paraestatal, de tal suerte que, como por arte divino, la autoridad reguladora se transformó en la Santísima Trinidad: vendedor, deudor-acreedor y copropietario de la misma empresa que privatizó. Una maravilla, pues.

Pues bien, luego de varios intentos fallidos, ayer finalmente la noticia llegó de París: Eutelsat (con sede en la capital francesa y originalmente propiedad pública) anuncia el cierre de la transacción para adquirir el 100 por ciento del capital social de Satélites Mexicanos, Satmex. La transacción asciende a 831 millones de dólares (la deuda de la otrora empresa del Estado no era menor a 800 millones de billetes verdes), y las necesidades de financiamiento con relación a esta compra están cubiertas con la emisión, el 13 de diciembre 2013, de bonos senior por un total de 930 millones de euros. Las posiciones orbitales estratégicas de Satmex se ampliarán en 2015 con dos satélites de alto rendimiento. Hasta allí el comunicado del nuevo dueño europeo. Lo mejor del caso es que por medio de Satmex el gobierno mexicano transmite información de seguridad nacional, incluida la militar. Tal vez por eso no se queja de espionaje, toda vez que él mismo se pone de pechito.

En una de sus últimas comparecencias ante los diputados (2006), el secretario de Comunicaciones y Transportes de Vicente Fox, Pedro Cerisola, detalló lo siguiente: "cuando nosotros empezamos la administración había un operador satelital, que era un monopolio y que además estaba quebrado, que es Satélites Mexicanos. ¿Por qué estaba quebrado Satmex? Por una privatización tremendamente mal ejecutada, sobre todo por los privados… el gobierno se quedó con 25 por ciento (porción de la que se deshizo en 2011) y vendió 75 por ciento, y ese 25 por ciento, al contener deuda, para poder comprar Satmex y haberse dado en garantía el 100 por ciento de las acciones de la empresa, generó que hubiera lo que se llama un menoscabo para el gobierno".

En junio de 1985 Miguel de la Madrid celebraba que México cuenta ya con un sistema propio de satélites, con los que se recibirán y trasmitirán señales a todo el territorio nacional. Se trataba del Sistema Morelos. Como inquilino de los Pinos Carlos Salinas de Gortari garantizaba que es irreversible la propiedad (del Estado) sobre comunicación vía satélite y lanzaba sus satélites Solidaridad. Pero a Zedillo le resultó más atractivo privatizar toda la red, con todo y paraestatal que la administraba. Pasó el tiempo y sucedió lo que era más que obvio: los nuevos propietarios tronaron la empresa, la endeudaron hasta la coronilla, la quebraron y (¡sorpresa!) la extranjerizaron.

El truco zedillista (igualmente utilizado en su momento por De la Madrid, Salinas, Fox, Calderón y, ahora, Peña Nieto) fue reclasificar al sector satelital mexicano: en términos constitucionales ya no sería estratégico (sólo participación del Estado), sino prioritario (al que le mete la mano el que pueda y tenga los amigos necesarios). Por este caminito pasaron todos los sectores económicos, incluidos, a raíz de la reciente reforma, el energético, porque dicen en Los Pinos que petróleo y electricidad no son estratégicos para el país (es de suponer que hablan de México, porque para los gringos es más que estratégico).

En fin, otra ex paraestatal que muerde el polvo, en el entendido de que el segundo acto de la privatización es la extranjerización. Ahora una empresa francesa administrará los satélites mexicanos. Y en lista de espera, petróleo y electricidad, estratégicos en todo el mundo, menos para el gobierno mexicano. Como diría (1997) Carlos Ruiz Sacristán, quedó claro que, como tantas otras, la venta de Satmex fue para iniciar una nueva era de inversión, competitividad a nivel internacional, rentabilidad económica y social, calidad y eficiencia operativa para que el sector se consolide como factor primordial del desarrollo nacional. Sí, Chucha.

Las rebanadas del pastel

¿De plano no existe una empresa mexicana que instale escaleras eléctricas?, porque el director del STC-Metro, Joel Ortega, anunció que destinará 244.5 millones de pesos para que la japonesa Mitsubishi instale 62 de ellas en las líneas 1, 2, 3 y 7. ¿No hay una mexicana que lo haga? ¿Dejaron alguna? Y el dinero saldrá del reciente aumento a la tarifa del Metro.

Twitter: @cafevega

D.R. cfvmexico_sa@hotmail.com

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