Carlos Fernández-Vega: México SA

P

ara concretar un negocio multimillonario a costillas de la infraestructura del Estado lo mejor es que todo se haga con amor y quede en familia (biológica y política). Y qué mejor si la integran suegro, yerno e hija, acomodados todos en puestos gubernamentales claves (en México y Estados Unidos), pues así se construye un canal directo de comunicación, permanente, eficiente y altamente confiable, lo que es garantía de un final feliz y exitoso.

Resulta que el senador Manuel Bartlett (La Jornada, Andrea Becerril) denuncia que "Carlos Pascual, ex embajador de Estados Unidos en México, reveló ante el Congreso de su país que planean establecer un sistema eléctrico hemisférico, con grandes beneficios para las trasnacionales estadunidenses. El pasado 11 de abril, Pascual, quien ahora es jefe de Energía del Departamento de Estado, presentó a la Cámara de Representantes un documento en el cual detalla que hay un proyecto denominado Connect America, en el que las empresas de su país, 'desde la frontera con México hasta la Tierra del Fuego', pueden establecer un sistema eléctrico que representa un negocio de 1.4 billones de dólares".

En ese documento, detalla Bartlett, "Pascual insiste en que se trata de un sistema que operaría en todo el continente americano y es una 'gran oportunidad' para las empresas de Estados Unidos de entrar a ese negocio, que vale 'miles de millones de dólares'. Eso demuestra que la privatización de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad responde a los intereses de Estados Unidos y sus corporaciones financieras y energéticas. Ahora que se consumó la reforma energética, 'con todo tipo de irregularidades, ilegalidades y trampas, en un virtual golpe legislativo, el ex embajador de Estados Unidos va a estar muy contento'".

En realidad, de tiempo atrás el ex embajador Pascual está muy contento, porque en su afán por aterrizar la privatización energética de México lo primero que logró concretar fue una sólida relación sentimental con la hija de uno de los destacados integrantes del circuito del poder político-empresarial desde tiempos de Carlos Salinas de Gortari, quien fue el primer secretario de la Contraloría General de la Federación, hoy de la Función Pública, ocupó la dirección general de Petróleos Mexicanos y, en el sexenio calderonista, coordinador de la bancada del tricolor en San Lázaro, entre otros cargos públicos.

Y entre el amor, la privatización y los negocios, las piezas fueron acomodándose como por obra de cupido: el yerno, Carlos Pascual, fue designado por el Departamento de Estado enviado especial y coordinador de Asuntos Internacionales de Energía, con el fin de garantizar la seguridad energética de su país; su gran amor, Gabriela Rojas Jiménez (la hija), fue nombrada por Enrique Peña Nieto directora general adjunta de la Secretaría de Gobernación asimilada al servicio exterior mexicano en Washington DC (léase en la embajada mexicana en la capital estadunidense), y el papá de la novia (léase el suegro), Francisco Rojas Gutiérrez, fue ungido por el nuevo inquilino de Los Pinos director general de la Comisión Federal de Electricidad (pieza clave en el entramado de Connect America, que tanto presume el ex embajador estadunidense en nuestro país) para, entre otros fines, concretar la privatización del servicio público de energía eléctrica.

Se trata de una acaramelada historia de amor, aderezada de un maravilloso entorno familiar, excelentes negocios y órdenes muy precisas de sus respectivos gobiernos para aterrizar –rapidito y de buen modo– la de por sí avanzada privatización eléctrica en México y su decidida incorporación al proyecto Connect America, presentado en sociedad durante la sexta Cumbre de las Américas 2012 (celebrada en Cartagena, Colombia, en abril de ese año) y aplaudido (léase asumido) por el entonces inquilino de Los Pinos, el inefable Felipe Calderón, a quien se le apestó la posibilidad de ser él el gran privatizador del sector energético mexicano. Aun así no hubo problema, porque el relevo en Los Pinos garantizó la continuidad y el aterrizaje de tal proyecto.

Se desconoce cuál es el sueldo que el Departamento de Estado paga a Carlos Pascual, pero se sabe (vía Ifai) que a la señorita Rojas Jiménez la Secretaría de Gobernación le deposita 62 mil 211.33 pesos mensuales netos, y a su papá la Comisión Federal de Electricidad le apoquina 143 mil 492.42 pesos, también netos y cada 30 días. Esa es la información oficial. Muy poco ingreso, en el caso de papá e hija, para un propósito tan noble como el citado: un negocio, a costillas de la nación (en el caso mexicano y en el de otros gobiernos latinoamericanos igual de solícitos que el de aquí), que representa 1.4 billones de dólares (el PIB mexicano completito), de acuerdo con la denuncia del senador Bartlett. Pero es tal el amor, el entendimiento familiar y la pasión privatizadora, que la parte salarial es lo menos importante.

La revista Proceso (Jesús Esquivel, 27 de abril de 2013) lo reportó así: "Una designación que pasó casi inadvertida en México ha causado inquietud y estupor entre los diplomáticos mexicanos de carrera: la de Gabriela Rojas Jiménez como agregada de la Secretaría de Gobernación en la embajada de (México en) Estados Unidos. La funcionaria es hija de Francisco Rojas, director de la Comisión Federal de Electricidad, y es también esposa de Carlos Pascual, el ex embajador estadunidense que ahora se encarga curiosamente de los asuntos energéticos de la cancillería de su país. En una decisión que podría desembocar en un conflicto binacional de intereses, el gobierno de Enrique Peña Nieto nombró agregada de la Secretaría de Gobernación en la embajada en Estados Unidos a Gabriela Rojas Jiménez, esposa de Carlos Pascual. Rojas Jiménez es hija de Francisco Rojas (…) y asumió su puesto en la sede diplomática la semana pasada, cuando Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, realizaba una visita oficial en Washington".

Lo mejor del caso es que en este romántico caso la señorita Rojas Jiménez no aparece relacionada en el directorio oficial (SRE) del personal que despacha en la embajada mexicana en Washington, pero el Ifai sí registra cargo, nivel y salario de la electrizante novia del ex embajador estadunidense, quien también ha ocupado cargos en el Consejo de Seguridad Nacional de su país.

¿Dudas sobre el amor, los negocios y las privatizaciones en México?

Las rebanadas del pastel

Y en este romántico ambiente, feliz Año Nuevo, con todas las reservas del caso. Un abrazo y ¡salud! Nos rencontramos el próximo jueves.

Twitter: @cafevega

D.R. cfvmexico_sa@hotmail.com

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Editorial: El espejismo del TLCAN

E

n vísperas de que se cumplan 20 años de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el embajador de México en Estados Unidos, Eduardo Medina Mora, anticipó que el gobierno de nuestro país, junto con los de Washington y Ottawa, buscará avanzar en una nueva visión estratégica de ese instrumento comercial durante la cumbre de líderes a realizarse en febrero próximo.

Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, dijo que en la coyuntura actual es oportuno replantear y relanzar el TLCAN, el cual ha entrado a una fase de relativo estancamiento.

La insistencia de las autoridades y de la iniciativa privada en la necesidad de reformular el TLCAN obliga a recordar el carácter inequitativo y contrario a los intereses de la nación que tuvo desde sus orígenes ese convenio, el cual constituyó en su momento un espejismo de impulso para nuestro país. Por el contrario, a lo largo de estas dos décadas ese acuerdo comercial tripartito ha tenido gravísimas consecuencias en México para los sectores mayoritarios, ha causado un profundo daño en diversos ramos de la economía nacional –como el sector agrícola y el industrial– y ha debilitado el mercado y la economía internos, a consecuencia de los términos inequitativos en que fue suscrito –el sometimiento de nuestro país a un proceso integracionista profundamente desigual– así como por el cumplimiento irregular de ese instrumento del gobierno de Washington, el cual ha mantenido los subsidios a su sector agrícola y ha tolerado e impulsado prácticas comerciales desleales.

En términos macroeconómicos las cifras son contundentes. Al momento de la firma del TLCAN, la balanza comercial de México con el exterior registraba un superávit de más de 500 millones de dólares; ese mismo balance acusaba un déficit de más de 2 mil millones de dólares al primer semestre de este año. En estos 20 años, las importaciones de granos y oleaginosas pasaron de 8.8 millones de toneladas en 1993 a 29.26 millones en 2012, lo que ha destruido una parte significativa de la infraestructura productiva, ha multiplicado el desempleo agrícola y ha profundizado el abandono de los entornos rurales.

En lo social, la promesa de que el TLCAN aceleraría el ingreso de México al primer mundo se ve desmentida por datos como los recientemente publicados en un reporte del Banco Mundial, según el cual la proporción de mexicanos en pobreza respecto del total de la población es ahora tan alta como hace dos décadas: 52 habitantes de cada 100.

En una circunstancia como la actual, y habida cuenta de la correlación de fuerzas políticas y la ideología del grupo en el poder, es previsible que el anunciado relanzamiento del TLCAN, en caso de concretarse, derivaría en un apuntalamiento de los vicios y del potencial nocivo de ese instrumento. Es de suponer, por ejemplo, que se incorpore a él la apertura del sector energético de nuestro país, derivada de la reforma constitucional recientemente aprobada y promulgada.

Con todo, es pertinente y necesario insistir en que la superación de los rezagos sociales y económicos del país requiere de este gobierno una reformulación profunda de ese instrumento, que corrija las enormes deficiencias estructurales del mismo: la dependencia económica de México respecto a la nación vecina; el abandono de los entornos agrícolas, con la correspondiente pérdida sostenida de soberanía alimentaria, la destrucción de tejidos sociales comunitarios y la dolorosa emigración del agro; el desmantelamiento de la industria nacional, acompañado de contenciones salariales injustificables, y el abaratamiento de la mano de obra nacional con el fin de beneficiar a los capitales trasnacionales.

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Luis Hernández Navarro: Zapatismo: la riqueza de la dignidad

E

n la comunidad Emiliano Za­pata, en el caracol Torbellino de Nuestras Palabras, 30 familias zapatistas trabajan en colectivo. Poseen en común un cafetal, huertos de hortalizas y unas 350 cabezas de ganado. Sus pobladores no reciben apoyos gubernamentales de ningún tipo, pero su nivel de vida es mucho mejor que el de los poblados priístas a su alrededor.

En la comunidad hay una pequeña tienda comunal cuyas ganancias se destinan a las obras que el pueblo necesita. Allí, como en todas las otras regiones rebeldes, los recursos de las cooperativas sirven para financiar obras públicas como escuelas, hospitales, clínicas, bibliotecas o tuberías de agua.

Por todo el territorio rebelde florece un sistema autónomo de bienestar basado en una reforma agraria de facto que privilegia el uso comunitario de tierras y recursos naturales, en el trabajo colectivo y en la producción de valores de uso, y en prácticas de comercio justo en el mercado internacional.

En las zonas de influencia zapatista se ha ido derrotando la ley de San Garabato, que dicta que los campesinos deben comprar las mercancías que necesitan caro y vender sus productos barato. Sucede con frecuencia que los coyotes (intermediarios comerciales abusivos) se ven obligados a pagar a las bases de apoyo rebeldes por sus cosechas, ganado y artesanías precios más altos que los que ofrecen a los pobladores no organizados. Las cooperativas zapatistas han adquirido un verdadero enjambre de vehículos automotores para trasladarse y transportar su producción.

En las comunidades rebeldes se ha generado conciencia ambiental. En ellas se practica la agroecología y se ha ido desterrando el uso de fertilizantes químicos. Se efectúan trabajos para proteger los suelos. Hay una preocupación genuina y generalizada por conservar bosques y selvas.

Como señalan los autores del libro Luchas muy otras: zapatismo y autonomía en las comunidades indígenas de Chiapas: los retos de la sustentabilidad en la reproducción comunitaria subraya la tensión entre la necesidad de subsistir dentro de del esquema socioeconómico existente y el proyecto de transformación de dicho esquema. Lo que allí se perfila es, más que un modelo económico zapatista, un proceso endógeno y diverso de las prioridades de las comunidades, como alternativa al sometimiento a la lógica aplanadora del capital trasnacional.

En los 27 municipios zapatistas no se bebe alcohol ni se siembran estupefacientes. Se ejerce justicia sin intervención gubernamental. Más que en el castigo, se pone el acento en la rehabilitación del infractor. Las mujeres han conquistado posiciones y responsabilidades poco frecuentes en comunidades rurales.

La red de infraestructuras comunes en educación, salud, agroecología, justicia y autogobierno, que los insurgentes han construido al margen de las instituciones estatales, funciona con su propia lógica, plural y diversa. Las comunidades zapatistas han formado cientos de promotores educativos y sanitarios, y de técnicos agropecuarios, de acuerdo con su cultura e identidad.

Todo esto se ha logrado porque los zapatistas se gobiernan a sí mismos y se autodefienden. Construyen la autonomía sin pedir permiso, en medio de una campaña permanente de contrainsurgencia. Resisten el hostigamiento perenne de 51 destacamentos militares, y de programas asistenciales que buscan dividir a las comunidades en resistencia ofreciéndoles migajas.

Sin embargo, a fines de este año se desató una campaña de difamación que asegura que nada de esto es cierto. Falsamente, se asegura que los zapatistas viven peor hoy que hace 20 años, que destruyen el medio ambiente y que dividen a las comunidades. Se trata del último episodio de una guerra sucia tan antigua como el levantamiento mismo.

Las calumnias no se sostienen. Cen­tenares de testimonios públicos dan cuenta de que las acusaciones contra los rebeldes nada tienen que ver con la realidad que los difamadores difunden. Por ejemplo, el pintor Antonio Ortiz, Gritón, estuvo en la comunidad de Emiliano Zapata entre el 11 y 16 de agosto de este año, en el marco de la escuelita zapatista, y documentó su vivencia en un conmovedor relato que subió a Facebook. Le sorprendió encontrar que 30 familias indígenas poseían 350 cabezas de ganado. Él fue parte de un grupo de mil 700 personas que, en agosto de este año, asistieron a la primera escuelita zapatista.

También estuvieron allí Gilberto López y Rivas y Raúl Zibechi, quienes, en las páginas de La Jornada, compartieron sus reflexiones. Lo mismo hizo la periodista Adriana Malvido en Milenio, o la bailarina Argelia Guerrero en publicaciones alternativas. Todos constataron de manera directa cómo viven, trabajan, se educan, se curan y piensan las comunidades zapatistas.

Durante casi una semana, los mil 700 invitados fueron trasladados, hospedados y alimentados por sus anfitriones a las comunidades en las que vivieron. Cada uno fue acompañado por un cuadro zapatista que respondió a sus preguntas e inquietudes sobre su historia, lucha y experiencia organizativa, y les tradujo de las lenguas indígenas al español. Esta experiencia se está repitiendo este fin de año y se repetirá al comenzar 2014.

Una iniciativa educativa de esta magnitud, que supone una pedagogía distinta de la tradicional, sólo puede sostenerse sobre la existencia de comunidades con una base material capaz de albergar a los invitados, de una organización con la destreza y disciplina para operar un proyecto tan ambicioso, y miles de cuadros políticos con la formación para explicar su vida cotidiana y su propuesta de transformación social.

Desde abajo, los zapatistas están cambiando el mundo. Su vida es hoy muy diferente a la que tenían hace 20 años. Es mucho mejor. A lo largo de las últimas dos décadas, se han dado a sí mismos una vida digna, liberadora, llena de sentido, al margen de las instituciones gubernamentales. No lo están haciendo en unas cuantas comunidades aisladas, sino en centenares de ellas, establecidas en un amplio territorio. Hay, en este laboratorio de transformación política emancipadora, mucho que aprender y que agradecer.

Twitter: @lhan55

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Pedro Salmerón Sanginés: Petróleo y soberanía: más allá de México

L

os partidarios de la reforma energética prianista nos piden que comparemos, que revisemos los benéficos efectos de la operación de dichas compañías en los países que no han cometido la torpeza de echarlas de su territorio, como hizo el general Cárdenas en 1938. De acuerdo, hagamos un poco de historia.

Las grandes compañías petroleras ejercen un poder político y económico inaudito y a escala universal. Tres de esas compañías, la Standard Oil, la Royal Dutch Shell y la Anglo-Iranian, se repartieron el mundo en 1928 y, al parecer, sus herederas continúan ese acuerdo: la Shell mantiene su nombre; la Anglo-Iranian se convirtió en British Petroleum, y complejos procesos de fragmentación y fusión han convertido a la Standard Oil en la ExxonMobil y la Chevron-Texaco.

Estas compañías controlan entre 10 y 15 por ciento de la producción global de crudo, frente a 30 por ciento de las mayores empresas estatales del mundo. Sin embargo, las cuatro gigantescas multinacionales obtienen ganancias muy superiores a las empresas estatales porque se enfocan a la refinación, industrialización y comercialización de derivados del petróleo, negocios mucho más rentables que el de la extracción. En la época en que controlaban la extracción, el petróleo mexicano fue de su propiedad; luego, durante 40 años decidimos con relativa libertad nuestra política petrolera, pero en 1977 hubo un cambio de paradigma que reorientó a Pemex hacia la extracción, lo que, sumado a su descapitalización y sabotaje por los gobiernos neoliberales, hará del negocio petrolero mexicano exactamente lo que necesita el oligopolio mundial: un país exportador de crudo para beneficio de aquellas empresas. Exactamente igual que en el porfiriato.

El oligopolio mundial del petróleo ha financiado golpes de Estado, impuesto monarcas y dictadores e impulsado sus intereses de manera criminal. De una lista muy larga vale recordar el boicot al petróleo mexicano entre 1938 y 1942 (así es: el actual gobierno quiere abrir la puerta a las mismas empresas que hicieron todo lo posible por empujar a sus gobiernos a hacernos la guerra); el bloqueo a Cuba iniciado en 1960 por presiones de la Standard Oil; el golpe de Estado en Uruguay en 1933, que acabó con el intento de control de la refinación de petróleo por el Estado. Este golpe, así como las sucesivas amputaciones de Petrobras, fue precedido por una campaña propagandística orquestada por la Standard Oil y la Shell, cuyo tono y términos son extraordinariamente parecido al que enfilan contra Pemex nuestros gobernantes.

En Argentina el cártel mundial del petróleo financió los golpes militares de 1930, 1943 y 1966, que se dieron con toda oportunidad para evitar leyes que las empresas consideraban nocivas para sus intereses. Y necesitaríamos varios artículos para contar las presiones, mutilaciones y agresiones sistemáticas del oligopolio contra los intentos brasileño y venezolano por controlar y aprovechar en beneficio propio sus riquezas del subsuelo. Además de cuartelazos, la Standard Oil y la Shell provocaron la guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia (1932-1935). Si nos vamos a Medio Oriente la historia es igual de aterradora: guerras, cuartelazos, invasiones y destrucción para que los gobernantes locales se plieguen a los dictados de las cuatro: La gran guerra por la civilización, de Robert Fisk, ilustra con claridad y precisión quiénes están detrás de los genocidios y las catástrofes humanas de Medio Oriente, y por qué las provocan.

Dicen los jilgueros del gobierno que aquí no pasará eso cuando nos entreguemos a las cuatro (o dada su división del mundo, más bien a la ExxonMobil y a la Chevron: la misma Standard Oil que se rebeló contra nuestras leyes en 1927 y 1938), porque serán reguladas y acotadas. Más allá de que jamás nadie ha podido hacer eso (o se les expulsa, o ellas imponen sus reglas), ¿quién las regulará y las acotará?, ¿los mismos que han regulado el monopolio en telefonía y el duopolio televisivo?; ¿los que impiden que nuestro sistema financiero pase por completo a manos extranjeras?, ¿los que acotan y limitan el poder del crimen organizado?, ¿los que estorban que la minería vuelva a ser el negocio más sucio y uno de los más criminales de nuestra historia?

Historia, dirán las derechas entreguistas, esas generosas trasnacionales ya no se portan así. Ideología, dirán, haciendo caso omiso de los hechos. No son verdades, sólo interpretaciones, dirán otra vez mis críticos. Por eso EPN puede mentir impunemente, porque sólo hay una verdad: el dogma de la mano invisible del mercado.

¿Cómo no llamarlos por su nombre, traidores a la patria?

Twitter: @salme_villista

psalme@yahoo.com

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La Jornada Jalisco: De nuestras Jornadas

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e le acabó el bono electoral al gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. A partir de mañana, el primer día de 2014, el cheque político que le queda al priísta estará condicionado a dar resultados tangibles, a que los jaliscienses noten en los hechos el cambio que prometió en campaña.

Ahora viene la verdadera prueba. Sandoval Díaz dispondrá de un presupuesto elaborado por él; ya superó la etapa de asentarse y tomar las riendas de la administración estatal; el periodo de gracia para cada uno de los integrantes del gabinete quedó atrás. La mesa está puesta para que el priísta demuestre cómo va a emplear el cheque democrático que le dio la alternancia.

Ya no habrá pretextos. El Partido Revolucionario Institucional tendrá que demostrar en el gobierno de qué está hecho para mejorar las condiciones económicas, políticas y sociales de la entidad.

En marzo pasado, Sandoval Díaz inició su gestión con la obligación de cumplir de inmediato las promesas que adquirió en campaña, como dar apoyo a los estudiantes (mochilas con útiles escolares y vales de transporte), así como a las jefas de familia. Ahora, más allá de esas medidas efectistas, vienen los verdaderos retos: detonar el desarrollo del campo, atraer inversión privada nacional y extranjera, reactivar la economía, fortalecer la seguridad y mejorar la calidad de vida de los más de siete millones de jaliscienses.

El gobierno de Jalisco cuenta con su propio diagnóstico de la situación en la entidad y es, al mismo tiempo, el motor de las acciones que aplicará: el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033. Falta ver si se cumple.

A partir de mañana justificaciones y pretextos estarán fuera de lugar. Sandoval Díaz tiene el respaldo del gobierno federal priísta; el tricolor es mayoría en el Congreso local y gobierna los municipios que concentran 70 por ciento de la población del estado.

Por lo pronto, el gobernador tiene el bono que le otorgó la alternancia electoral. Habrá que ver cómo lo gasta y si no lo desperdicia.

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Luis Hernández Navarro: Zapatismo: la riqueza de la dignidad

E

n la comunidad Emiliano Za­pata, en el caracol Torbellino de Nuestras Palabras, 30 familias zapatistas trabajan en colectivo. Poseen en común un cafetal, huertos de hortalizas y unas 350 cabezas de ganado. Sus pobladores no reciben apoyos gubernamentales de ningún tipo, pero su nivel de vida es mucho mejor que el de los poblados priístas a su alrededor.

En la comunidad hay una pequeña tienda comunal cuyas ganancias se destinan a las obras que el pueblo necesita. Allí, como en todas las otras regiones rebeldes, los recursos de las cooperativas sirven para financiar obras públicas como escuelas, hospitales, clínicas, bibliotecas o tuberías de agua.

Por todo el territorio rebelde florece un sistema autónomo de bienestar basado en una reforma agraria de facto que privilegia el uso comunitario de tierras y recursos naturales, en el trabajo colectivo y en la producción de valores de uso, y en prácticas de comercio justo en el mercado internacional.

En las zonas de influencia zapatista se ha ido derrotando la ley de San Garabato, que dicta que los campesinos deben comprar las mercancías que necesitan caro y vender sus productos barato. Sucede con frecuencia que los coyotes (intermediarios comerciales abusivos) se ven obligados a pagar a las bases de apoyo rebeldes por sus cosechas, ganado y artesanías precios más altos que los que ofrecen a los pobladores no organizados. Las cooperativas zapatistas han adquirido un verdadero enjambre de vehículos automotores para trasladarse y transportar su producción.

En las comunidades rebeldes se ha generado conciencia ambiental. En ellas se practica la agroecología y se ha ido desterrando el uso de fertilizantes químicos. Se efectúan trabajos para proteger los suelos. Hay una preocupación genuina y generalizada por conservar bosques y selvas.

Como señalan los autores del libro Luchas muy otras: zapatismo y autonomía en las comunidades indígenas de Chiapas: los retos de la sustentabilidad en la reproducción comunitaria subraya la tensión entre la necesidad de subsistir dentro de del esquema socioeconómico existente y el proyecto de transformación de dicho esquema. Lo que allí se perfila es, más que un modelo económico zapatista, un proceso endógeno y diverso de las prioridades de las comunidades, como alternativa al sometimiento a la lógica aplanadora del capital trasnacional.

En los 27 municipios zapatistas no se bebe alcohol ni se siembran estupefacientes. Se ejerce justicia sin intervención gubernamental. Más que en el castigo, se pone el acento en la rehabilitación del infractor. Las mujeres han conquistado posiciones y responsabilidades poco frecuentes en comunidades rurales.

La red de infraestructuras comunes en educación, salud, agroecología, justicia y autogobierno, que los insurgentes han construido al margen de las instituciones estatales, funciona con su propia lógica, plural y diversa. Las comunidades zapatistas han formado cientos de promotores educativos y sanitarios, y de técnicos agropecuarios, de acuerdo con su cultura e identidad.

Todo esto se ha logrado porque los zapatistas se gobiernan a sí mismos y se autodefienden. Construyen la autonomía sin pedir permiso, en medio de una campaña permanente de contrainsurgencia. Resisten el hostigamiento perenne de 51 destacamentos militares, y de programas asistenciales que buscan dividir a las comunidades en resistencia ofreciéndoles migajas.

Sin embargo, a fines de este año se desató una campaña de difamación que asegura que nada de esto es cierto. Falsamente, se asegura que los zapatistas viven peor hoy que hace 20 años, que destruyen el medio ambiente y que dividen a las comunidades. Se trata del último episodio de una guerra sucia tan antigua como el levantamiento mismo.

Las calumnias no se sostienen. Cen­tenares de testimonios públicos dan cuenta de que las acusaciones contra los rebeldes nada tienen que ver con la realidad que los difamadores difunden. Por ejemplo, el pintor Antonio Ortiz, Gritón, estuvo en la comunidad de Emiliano Zapata entre el 11 y 16 de agosto de este año, en el marco de la escuelita zapatista, y documentó su vivencia en un conmovedor relato que subió a Facebook. Le sorprendió encontrar que 30 familias indígenas poseían 350 cabezas de ganado. Él fue parte de un grupo de mil 700 personas que, en agosto de este año, asistieron a la primera escuelita zapatista.

También estuvieron allí Gilberto López y Rivas y Raúl Zibechi, quienes, en las páginas de La Jornada, compartieron sus reflexiones. Lo mismo hizo la periodista Adriana Malvido en Milenio, o la bailarina Argelia Guerrero en publicaciones alternativas. Todos constataron de manera directa cómo viven, trabajan, se educan, se curan y piensan las comunidades zapatistas.

Durante casi una semana, los mil 700 invitados fueron trasladados, hospedados y alimentados por sus anfitriones a las comunidades en las que vivieron. Cada uno fue acompañado por un cuadro zapatista que respondió a sus preguntas e inquietudes sobre su historia, lucha y experiencia organizativa, y les tradujo de las lenguas indígenas al español. Esta experiencia se está repitiendo este fin de año y se repetirá al comenzar 2014.

Una iniciativa educativa de esta magnitud, que supone una pedagogía distinta de la tradicional, sólo puede sostenerse sobre la existencia de comunidades con una base material capaz de albergar a los invitados, de una organización con la destreza y disciplina para operar un proyecto tan ambicioso, y miles de cuadros políticos con la formación para explicar su vida cotidiana y su propuesta de transformación social.

Desde abajo, los zapatistas están cambiando el mundo. Su vida es hoy muy diferente a la que tenían hace 20 años. Es mucho mejor. A lo largo de las últimas dos décadas, se han dado a sí mismos una vida digna, liberadora, llena de sentido, al margen de las instituciones gubernamentales. No lo están haciendo en unas cuantas comunidades aisladas, sino en centenares de ellas, establecidas en un amplio territorio. Hay, en este laboratorio de transformación política emancipadora, mucho que aprender y que agradecer.

Twitter: @lhan55

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Carlos Fernández-Vega: México SA

P

ara concretar un negocio multimillonario a costillas de la infraestructura del Estado lo mejor es que todo se haga con amor y quede en familia (biológica y política). Y qué mejor si la integran suegro, yerno e hija, acomodados todos en puestos gubernamentales claves (en México y Estados Unidos), pues así se construye un canal directo de comunicación, permanente, eficiente y altamente confiable, lo que es garantía de un final feliz y exitoso.

Resulta que el senador Manuel Bartlett (La Jornada, Andrea Becerril) denuncia que "Carlos Pascual, ex embajador de Estados Unidos en México, reveló ante el Congreso de su país que planean establecer un sistema eléctrico hemisférico, con grandes beneficios para las trasnacionales estadunidenses. El pasado 11 de abril, Pascual, quien ahora es jefe de Energía del Departamento de Estado, presentó a la Cámara de Representantes un documento en el cual detalla que hay un proyecto denominado Connect America, en el que las empresas de su país, 'desde la frontera con México hasta la Tierra del Fuego', pueden establecer un sistema eléctrico que representa un negocio de 1.4 billones de dólares".

En ese documento, detalla Bartlett, "Pascual insiste en que se trata de un sistema que operaría en todo el continente americano y es una 'gran oportunidad' para las empresas de Estados Unidos de entrar a ese negocio, que vale 'miles de millones de dólares'. Eso demuestra que la privatización de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad responde a los intereses de Estados Unidos y sus corporaciones financieras y energéticas. Ahora que se consumó la reforma energética, 'con todo tipo de irregularidades, ilegalidades y trampas, en un virtual golpe legislativo, el ex embajador de Estados Unidos va a estar muy contento'".

En realidad, de tiempo atrás el ex embajador Pascual está muy contento, porque en su afán por aterrizar la privatización energética de México lo primero que logró concretar fue una sólida relación sentimental con la hija de uno de los destacados integrantes del circuito del poder político-empresarial desde tiempos de Carlos Salinas de Gortari, quien fue el primer secretario de la Contraloría General de la Federación, hoy de la Función Pública, ocupó la dirección general de Petróleos Mexicanos y, en el sexenio calderonista, coordinador de la bancada del tricolor en San Lázaro, entre otros cargos públicos.

Y entre el amor, la privatización y los negocios, las piezas fueron acomodándose como por obra de cupido: el yerno, Carlos Pascual, fue designado por el Departamento de Estado enviado especial y coordinador de Asuntos Internacionales de Energía, con el fin de garantizar la seguridad energética de su país; su gran amor, Gabriela Rojas Jiménez (la hija), fue nombrada por Enrique Peña Nieto directora general adjunta de la Secretaría de Gobernación asimilada al servicio exterior mexicano en Washington DC (léase en la embajada mexicana en la capital estadunidense), y el papá de la novia (léase el suegro), Francisco Rojas Gutiérrez, fue ungido por el nuevo inquilino de Los Pinos director general de la Comisión Federal de Electricidad (pieza clave en el entramado de Connect America, que tanto presume el ex embajador estadunidense en nuestro país) para, entre otros fines, concretar la privatización del servicio público de energía eléctrica.

Se trata de una acaramelada historia de amor, aderezada de un maravilloso entorno familiar, excelentes negocios y órdenes muy precisas de sus respectivos gobiernos para aterrizar –rapidito y de buen modo– la de por sí avanzada privatización eléctrica en México y su decidida incorporación al proyecto Connect America, presentado en sociedad durante la sexta Cumbre de las Américas 2012 (celebrada en Cartagena, Colombia, en abril de ese año) y aplaudido (léase asumido) por el entonces inquilino de Los Pinos, el inefable Felipe Calderón, a quien se le apestó la posibilidad de ser él el gran privatizador del sector energético mexicano. Aun así no hubo problema, porque el relevo en Los Pinos garantizó la continuidad y el aterrizaje de tal proyecto.

Se desconoce cuál es el sueldo que el Departamento de Estado paga a Carlos Pascual, pero se sabe (vía Ifai) que a la señorita Rojas Jiménez la Secretaría de Gobernación le deposita 62 mil 211.33 pesos mensuales netos, y a su papá la Comisión Federal de Electricidad le apoquina 143 mil 492.42 pesos, también netos y cada 30 días. Esa es la información oficial. Muy poco ingreso, en el caso de papá e hija, para un propósito tan noble como el citado: un negocio, a costillas de la nación (en el caso mexicano y en el de otros gobiernos latinoamericanos igual de solícitos que el de aquí), que representa 1.4 billones de dólares (el PIB mexicano completito), de acuerdo con la denuncia del senador Bartlett. Pero es tal el amor, el entendimiento familiar y la pasión privatizadora, que la parte salarial es lo menos importante.

La revista Proceso (Jesús Esquivel, 27 de abril de 2013) lo reportó así: "Una designación que pasó casi inadvertida en México ha causado inquietud y estupor entre los diplomáticos mexicanos de carrera: la de Gabriela Rojas Jiménez como agregada de la Secretaría de Gobernación en la embajada de (México en) Estados Unidos. La funcionaria es hija de Francisco Rojas, director de la Comisión Federal de Electricidad, y es también esposa de Carlos Pascual, el ex embajador estadunidense que ahora se encarga curiosamente de los asuntos energéticos de la cancillería de su país. En una decisión que podría desembocar en un conflicto binacional de intereses, el gobierno de Enrique Peña Nieto nombró agregada de la Secretaría de Gobernación en la embajada en Estados Unidos a Gabriela Rojas Jiménez, esposa de Carlos Pascual. Rojas Jiménez es hija de Francisco Rojas (…) y asumió su puesto en la sede diplomática la semana pasada, cuando Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, realizaba una visita oficial en Washington".

Lo mejor del caso es que en este romántico caso la señorita Rojas Jiménez no aparece relacionada en el directorio oficial (SRE) del personal que despacha en la embajada mexicana en Washington, pero el Ifai sí registra cargo, nivel y salario de la electrizante novia del ex embajador estadunidense, quien también ha ocupado cargos en el Consejo de Seguridad Nacional de su país.

¿Dudas sobre el amor, los negocios y las privatizaciones en México?

Las rebanadas del pastel

Y en este romántico ambiente, feliz Año Nuevo, con todas las reservas del caso. Un abrazo y ¡salud! Nos rencontramos el próximo jueves.

Twitter: @cafevega

D.R. cfvmexico_sa@hotmail.com

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Editorial: El espejismo del TLCAN

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n vísperas de que se cumplan 20 años de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el embajador de México en Estados Unidos, Eduardo Medina Mora, anticipó que el gobierno de nuestro país, junto con los de Washington y Ottawa, buscará avanzar en una nueva visión estratégica de ese instrumento comercial durante la cumbre de líderes a realizarse en febrero próximo.

Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, dijo que en la coyuntura actual es oportuno replantear y relanzar el TLCAN, el cual ha entrado a una fase de relativo estancamiento.

La insistencia de las autoridades y de la iniciativa privada en la necesidad de reformular el TLCAN obliga a recordar el carácter inequitativo y contrario a los intereses de la nación que tuvo desde sus orígenes ese convenio, el cual constituyó en su momento un espejismo de impulso para nuestro país. Por el contrario, a lo largo de estas dos décadas ese acuerdo comercial tripartito ha tenido gravísimas consecuencias en México para los sectores mayoritarios, ha causado un profundo daño en diversos ramos de la economía nacional –como el sector agrícola y el industrial– y ha debilitado el mercado y la economía internos, a consecuencia de los términos inequitativos en que fue suscrito –el sometimiento de nuestro país a un proceso integracionista profundamente desigual– así como por el cumplimiento irregular de ese instrumento del gobierno de Washington, el cual ha mantenido los subsidios a su sector agrícola y ha tolerado e impulsado prácticas comerciales desleales.

En términos macroeconómicos las cifras son contundentes. Al momento de la firma del TLCAN, la balanza comercial de México con el exterior registraba un superávit de más de 500 millones de dólares; ese mismo balance acusaba un déficit de más de 2 mil millones de dólares al primer semestre de este año. En estos 20 años, las importaciones de granos y oleaginosas pasaron de 8.8 millones de toneladas en 1993 a 29.26 millones en 2012, lo que ha destruido una parte significativa de la infraestructura productiva, ha multiplicado el desempleo agrícola y ha profundizado el abandono de los entornos rurales.

En lo social, la promesa de que el TLCAN aceleraría el ingreso de México al primer mundo se ve desmentida por datos como los recientemente publicados en un reporte del Banco Mundial, según el cual la proporción de mexicanos en pobreza respecto del total de la población es ahora tan alta como hace dos décadas: 52 habitantes de cada 100.

En una circunstancia como la actual, y habida cuenta de la correlación de fuerzas políticas y la ideología del grupo en el poder, es previsible que el anunciado relanzamiento del TLCAN, en caso de concretarse, derivaría en un apuntalamiento de los vicios y del potencial nocivo de ese instrumento. Es de suponer, por ejemplo, que se incorpore a él la apertura del sector energético de nuestro país, derivada de la reforma constitucional recientemente aprobada y promulgada.

Con todo, es pertinente y necesario insistir en que la superación de los rezagos sociales y económicos del país requiere de este gobierno una reformulación profunda de ese instrumento, que corrija las enormes deficiencias estructurales del mismo: la dependencia económica de México respecto a la nación vecina; el abandono de los entornos agrícolas, con la correspondiente pérdida sostenida de soberanía alimentaria, la destrucción de tejidos sociales comunitarios y la dolorosa emigración del agro; el desmantelamiento de la industria nacional, acompañado de contenciones salariales injustificables, y el abaratamiento de la mano de obra nacional con el fin de beneficiar a los capitales trasnacionales.

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Pedro Salmerón Sanginés: Petróleo y soberanía: más allá de México

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os partidarios de la reforma energética prianista nos piden que comparemos, que revisemos los benéficos efectos de la operación de dichas compañías en los países que no han cometido la torpeza de echarlas de su territorio, como hizo el general Cárdenas en 1938. De acuerdo, hagamos un poco de historia.

Las grandes compañías petroleras ejercen un poder político y económico inaudito y a escala universal. Tres de esas compañías, la Standard Oil, la Royal Dutch Shell y la Anglo-Iranian, se repartieron el mundo en 1928 y, al parecer, sus herederas continúan ese acuerdo: la Shell mantiene su nombre; la Anglo-Iranian se convirtió en British Petroleum, y complejos procesos de fragmentación y fusión han convertido a la Standard Oil en la ExxonMobil y la Chevron-Texaco.

Estas compañías controlan entre 10 y 15 por ciento de la producción global de crudo, frente a 30 por ciento de las mayores empresas estatales del mundo. Sin embargo, las cuatro gigantescas multinacionales obtienen ganancias muy superiores a las empresas estatales porque se enfocan a la refinación, industrialización y comercialización de derivados del petróleo, negocios mucho más rentables que el de la extracción. En la época en que controlaban la extracción, el petróleo mexicano fue de su propiedad; luego, durante 40 años decidimos con relativa libertad nuestra política petrolera, pero en 1977 hubo un cambio de paradigma que reorientó a Pemex hacia la extracción, lo que, sumado a su descapitalización y sabotaje por los gobiernos neoliberales, hará del negocio petrolero mexicano exactamente lo que necesita el oligopolio mundial: un país exportador de crudo para beneficio de aquellas empresas. Exactamente igual que en el porfiriato.

El oligopolio mundial del petróleo ha financiado golpes de Estado, impuesto monarcas y dictadores e impulsado sus intereses de manera criminal. De una lista muy larga vale recordar el boicot al petróleo mexicano entre 1938 y 1942 (así es: el actual gobierno quiere abrir la puerta a las mismas empresas que hicieron todo lo posible por empujar a sus gobiernos a hacernos la guerra); el bloqueo a Cuba iniciado en 1960 por presiones de la Standard Oil; el golpe de Estado en Uruguay en 1933, que acabó con el intento de control de la refinación de petróleo por el Estado. Este golpe, así como las sucesivas amputaciones de Petrobras, fue precedido por una campaña propagandística orquestada por la Standard Oil y la Shell, cuyo tono y términos son extraordinariamente parecido al que enfilan contra Pemex nuestros gobernantes.

En Argentina el cártel mundial del petróleo financió los golpes militares de 1930, 1943 y 1966, que se dieron con toda oportunidad para evitar leyes que las empresas consideraban nocivas para sus intereses. Y necesitaríamos varios artículos para contar las presiones, mutilaciones y agresiones sistemáticas del oligopolio contra los intentos brasileño y venezolano por controlar y aprovechar en beneficio propio sus riquezas del subsuelo. Además de cuartelazos, la Standard Oil y la Shell provocaron la guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia (1932-1935). Si nos vamos a Medio Oriente la historia es igual de aterradora: guerras, cuartelazos, invasiones y destrucción para que los gobernantes locales se plieguen a los dictados de las cuatro: La gran guerra por la civilización, de Robert Fisk, ilustra con claridad y precisión quiénes están detrás de los genocidios y las catástrofes humanas de Medio Oriente, y por qué las provocan.

Dicen los jilgueros del gobierno que aquí no pasará eso cuando nos entreguemos a las cuatro (o dada su división del mundo, más bien a la ExxonMobil y a la Chevron: la misma Standard Oil que se rebeló contra nuestras leyes en 1927 y 1938), porque serán reguladas y acotadas. Más allá de que jamás nadie ha podido hacer eso (o se les expulsa, o ellas imponen sus reglas), ¿quién las regulará y las acotará?, ¿los mismos que han regulado el monopolio en telefonía y el duopolio televisivo?; ¿los que impiden que nuestro sistema financiero pase por completo a manos extranjeras?, ¿los que acotan y limitan el poder del crimen organizado?, ¿los que estorban que la minería vuelva a ser el negocio más sucio y uno de los más criminales de nuestra historia?

Historia, dirán las derechas entreguistas, esas generosas trasnacionales ya no se portan así. Ideología, dirán, haciendo caso omiso de los hechos. No son verdades, sólo interpretaciones, dirán otra vez mis críticos. Por eso EPN puede mentir impunemente, porque sólo hay una verdad: el dogma de la mano invisible del mercado.

¿Cómo no llamarlos por su nombre, traidores a la patria?

Twitter: @salme_villista

psalme@yahoo.com

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La Jornada Jalisco: De nuestras Jornadas

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e le acabó el bono electoral al gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. A partir de mañana, el primer día de 2014, el cheque político que le queda al priísta estará condicionado a dar resultados tangibles, a que los jaliscienses noten en los hechos el cambio que prometió en campaña.

Ahora viene la verdadera prueba. Sandoval Díaz dispondrá de un presupuesto elaborado por él; ya superó la etapa de asentarse y tomar las riendas de la administración estatal; el periodo de gracia para cada uno de los integrantes del gabinete quedó atrás. La mesa está puesta para que el priísta demuestre cómo va a emplear el cheque democrático que le dio la alternancia.

Ya no habrá pretextos. El Partido Revolucionario Institucional tendrá que demostrar en el gobierno de qué está hecho para mejorar las condiciones económicas, políticas y sociales de la entidad.

En marzo pasado, Sandoval Díaz inició su gestión con la obligación de cumplir de inmediato las promesas que adquirió en campaña, como dar apoyo a los estudiantes (mochilas con útiles escolares y vales de transporte), así como a las jefas de familia. Ahora, más allá de esas medidas efectistas, vienen los verdaderos retos: detonar el desarrollo del campo, atraer inversión privada nacional y extranjera, reactivar la economía, fortalecer la seguridad y mejorar la calidad de vida de los más de siete millones de jaliscienses.

El gobierno de Jalisco cuenta con su propio diagnóstico de la situación en la entidad y es, al mismo tiempo, el motor de las acciones que aplicará: el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033. Falta ver si se cumple.

A partir de mañana justificaciones y pretextos estarán fuera de lugar. Sandoval Díaz tiene el respaldo del gobierno federal priísta; el tricolor es mayoría en el Congreso local y gobierna los municipios que concentran 70 por ciento de la población del estado.

Por lo pronto, el gobernador tiene el bono que le otorgó la alternancia electoral. Habrá que ver cómo lo gasta y si no lo desperdicia.

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