U
n análisis elaborado por la Cámara de Diputados revela que durante los últimos siete años el gobierno federal triplicó el gasto público para el área de seguridad pública: mientras en 2006 el monto de los recursos destinados a ese rubro ascendió a 50 mil 936 millones de pesos en su conjunto, para 2014 se destinarán 153 mil 985 millones, la mayor parte de los cuales (85.7 por ciento) será destinada a financiar gasto corriente de las organizaciones policiales y militares del ámbito federal.
Es significativo que durante el periodo reportado por el informe legislativo, a la par del desarrollo de la guerra contra el narcotráfico
iniciada por Felipe Calderón, el país fue arrastrado a un escenario de violencia exacerbada y de crecimiento de la inseguridad. Se elevó el número de muertes a cotas exasperantes y, según los indicios disponibles, se generó un mercado más pujante, lucrativo y diverso para las organizaciones destinadas a la producción, el trasiego y el comercio de estupefacientes ilícitos. Esas condiciones no cambiaron, por cierto, con la alternancia de siglas y colores en la Presidencia de la República que tuvo lugar en diciembre de 2012: muestra de ello es el virtual estado de guerra que se vive en varias localidades de Michoacán, o los persistentes enfrentamientos entre cárteles de la droga y efectivos policiacos o militares en las entidades del norte del país.
Es pertinente insistir en que ese evidente fracaso en materia de seguridad se debe a que las acciones gubernamentales de los últimos años se han centrado en combatir la expresión más superficial de un problema con hondas determinantes de índole económica y social. En efecto, al reorientar las prioridades presupuestales del Estado al apuntalamiento de la seguridad pública por medio de la policía y las fuerzas del orden, se ha dejado de lado la atención a las desigualdades sociales, el financiamiento de actividades productivas y el combate a la pobreza, en tanto la educación y la cultura han sido percibidas como ramos prescindibles y se les han aplicado, en consecuencia, recortes presupuestales considerables. Todo ello redunda, guste o no, en una disminución de la capacidad del Estado para hacer frente a la criminalidad desde su etapa germinal.
El gobierno que entró en funciones el primero de diciembre de 2012 planteó de inicio un deslinde discursivo saludable y necesario de la estrategia de seguridad pública de su antecesor. A más de un año de ese punto de arranque, sin embargo, dicho viraje no se ha visto reflejado en la realidad, como lo demuestra la continuidad en el ejercicio presupuestario destinado a seguridad para el año entrante.
La devastación causada por la política económica aún vigente, con sus caudas de pobreza, marginación, desempleo y carencias crecientes en materia de salud y educación, debiera plantear, como imperativo político y ético para el grupo gobernante, la adopción de estrategias antidelictivas en estrecha articulación con una política social coherente, orientada a compensar las pérdidas sociales causadas durante el ciclo de gobiernos neoliberales que ya dura tres décadas. De otra manera, la preservación de los insultantes niveles de gasto público en los rubros policiaco y militar no garantizará la seguridad de la población ni la observancia del estado de derecho, y cabe preguntarse si lo que se pretende con esa política presupuestal, en realidad, es acaso preservar el estado de incertidumbre, temor y zozobra que ha padecido la población durante la administración calderonista y lo que va de la actual.
